5.000 mutualistas ya superan los 65 años y 3.000 vienen detrás: la abogacía reclama al Congreso la pasarela al RETA este 2025
Con la ponencia ya constituida, CincoDías reúne al presidente de la Abogacía Española y a cinco decanos, que reclaman también la actualización de los baremos del turno de oficio
De norte a sur y de este a oeste, los colegios de la abogacía demandan a los partidos la modificación legislativa que haga efectiva la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de los mutualistas alternativos antes de que finalice el año. La semana pasada el Congreso de los Diputados constituyó por primera vez la ponencia que elaborará el texto de la reforma, y aunque el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es que salga adelante este año, los decanos recelan de que se alcancen los consensos políticos. Por eso, hacen un llamamiento unánime: “Es el momento de que el legislador, legisle”.
CincoDías ha reunido al presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, y a los decanos de los colegios de la abogacía de Coruña, Tafalla (Navarra), Barcelona, Madrid y Málaga para abordar este problema. También la actualización de los baremos del turno de oficio, la otra gran demanda sobre la que piden compromisos efectivos de cara al año que viene ahora que las comunidades están intentando sacar adelante los presupuestos autonómicos. Y ello coincidiendo con la condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación en un proceso en el que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha ejercido la acusación popular.
Pero empecemos por el principio. Convocados por diversas asociaciones –como el Movimiento J2, la Plataforma de Afectados por las Mutualidades o la Asociación de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía-, miles de abogados mutualistas han salido a las calles en los últimos dos años y medio para exigir un sistema que les permita cobrar una pensión pública digna, en lugar de las prestaciones de las mutualidades. Según denuncian, suelen oscilar entre los 300 y los 500 euros después de 30 o 40 años de cotización a estas entidades. El CGAE esbozó en su último pleno algunas cifras: “Casi 5.000 compañeros han cumplido los 65 años desde que comenzó esta reclamación, pero es que, además, casi 3.000 lo harán anualmente de ahora en adelante. La solución a esta cuestión no puede esperar más porque cada día que pasa hay más profesionales prolongando su vida laboral después de 40 años de ejercicio”, explica el presidente del CGAE.
La semana pasada se produjo un hito en esta reclamación ya que el Congreso constituyó la ponencia encargada de analizar la proposición de ley sobre la pasarela al RETA. La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, parte de un texto cuya tramitación se ha ido torciendo desde septiembre. El compromiso que asumió hace unos días el portavoz adjunto del PSOE, Javier Alfonso-Cendón, con Salvador González, fue que la misma concluyese antes de acabar el año. “Somos conscientes que no todo está en manos del Grupo Socialista y por eso nos dirigimos a todo el arco parlamentario. Este es un tema sin tintes ideológicos y por eso el consenso no solo es posible, sino que es cuestión de puro sentido común”, sostiene el presidente del CGAE.
La posición de Junts
El PP, a través de su portavoz de Justicia en el Congreso, María Jesús Moro, también había urgido el desbloqueo en la Cámara Baja de la ley para incluir en el RETA a los colegiados mutualistas, por lo que las discrepancias sobre la pasarela están más relacionadas con cuestiones técnicas y jurídicas que con su conveniencia. De hecho, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, es optimista sobre la posición de Junts, que ha amenazado con bloquear todas las leyes impulsadas por el Gobierno que están en tramitación. Aunque todavía no tienen “ninguna respuesta firme” del partido presidido por Carles Puigdemont, “se sientan en la mesa y quieren que les expliquemos” la situación, al igual que el resto de grupos con los que ha hablado, asegura.
“Esta no es una ley cualquiera; es una norma de justicia básica para quienes hemos cotizado durante años en una mutualidad alternativa confiando en un sistema que hoy genera incertidumbre”, dice Flor Carrasco, decana del Colegio de Abogados de Málaga. “Hay nombres, trayectorias y compañeros que se acercan a la jubilación sin saber cuál será su pensión. Eso no es admisible”, denuncia.
El decano del Colegio Provincial de Abogados de Coruña, Augusto Pérez-Cepeda, defiende “una solución que garantice los derechos consolidados de los mutualistas alternativos y que permita, de forma ordenada y voluntaria, una integración en el RETA sin perder las cotizaciones ya satisfechas”. En Madrid, el decano Eugenio Ribón se remite al informe que el colegio encargó a la catedrática Maria Emilia Casas, que plantea una conversión cuantitativa real de las cotizaciones o una conversión conceptual, donde los años cotizados a la Mutualidad equivaldrían a años en el RETA. “Cada colegiado tendrá que tomar la decisión sobre qué solución le resulta más beneficiosa. Esto va a requerir un asesoramiento personalizado complejo” en el que ya hay que estar trabajando, dice.
El Turno de Oficio
Además de la pasarela al RETA, la otra gran reivindicación de la abogacía española es la actualización de los baremos del turno de oficio. Y es que la situación se está volviendo insostenible. Según el informe del Observatorio de la Justicia Gratuita del CGAE y la Fundación Aranzadi LA LEY, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos a lo largo de 2024 aumentaron un 5%, hasta alcanzar los 1,1 millones. Sin embargo, cada vez son menos los abogados adscritos al turno. En 2024 bajaron por primera vez de los 40.000 y se quedaron en 39.941 frente a los 40.748 de 2023, un 2% menos. De media, al año pasado cobraron 149 euros por asunto.
La tendencia descendente es “especialmente preocupante”, dice Alicia Escudero, decana del Colegio de Abogados de Tafalla, el más pequeño de España con 45 colegiados de los 239.206 que hay. “El turno de oficio no está correctamente remunerado, tanto en términos cualitativos”, ya que “se dan retrasos generalizados en la percepción de la remuneración, como cuantitativos, en cuanto al importe de los honorarios percibidos, que en ocasiones ni siquiera alcanzan para cubrir los gastos del profesional. En Navarra, por ejemplo, desde el año 2021 no se han actualizado los baremos”. En Cataluña, el turno ha perdido “el 30% de poder adquisitivo” desde 2011, señala la decana del ICAB, aunque están “en diálogo” con la Generalitat para actualizar los módulos de 2026. “Para evitar que cada mejora sea una batalla”, dice Carrasco, “es imprescindible actualizar los baremos y establecer mecanismos de revisión automática, vinculados al IPC”.
Aunque el ministerio de Justicia ha incrementado este año un 8% los baremos en su territorio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla), el presidente del CGAE dice que es “insuficiente en relación con la inflación”. Y le pide al ministro Bolaños un mayor peso de la abogacía en la reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita de 1996 que está en tramitación. Reclama “una comisión mixta administración-abogacía” que trabaje sobre la misma.
La ley de eficiencia
Más polémica ha sido la Ley 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha supuesto la mayor reforma del Poder Judicial desde 1985. Aunque busca agilizar el sistema mediante la creación de los tribunales de instancia y la promoción de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) para descargar de trabajo a los jueces, es objeto de duras críticas. En Galicia, apunta Pérez-Cepeda, “la redistribución de competencias hacia las grandes ciudades supone un deterioro del principio de justicia de cercanía”.
En relación con los MASC, Ribón opina que se “compromete el derecho a la tutela judicial efectiva” al “imponerse como requisito obligatorio”. En los procedimientos “de familia, reclamación de impagos de cuotas comunitarias y desahucios deben excluirse”, considera Escudero. Para hacer frente a estas cuestiones, el presidente de la Abogacía Española aboga por “un análisis riguroso”, y pide recursos y “diálogo” al ministerio y a las comunidades.
Las mujeres en la abogacía
La misma semana que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las decanas de Barcelona, Málaga y Tafalla dicen que la abogacía avanza en cuanto a la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, aunque “tienen más dificultades” que los hombres, en palabras de Escudero. Para muestra, Flor Carrasco, la primera mujer en ocupar el puesto de decana en un colegio de la abogacía de Andalucía desde 1776. “Cada vez hay más mujeres en las juntas, sí, pero cuando miramos quién aparece en el centro de la foto, la realidad es otra”, dice. Para revertir esta situación, la decana de Barcelona llama a cumplir la ley de paridad, que dice que “en los órganos de dirección ningún sexo puede ser inferior al 40% ni superior al 60%”, antes de 2029, que es el plazo marcado. “Cuantas más lleguemos, más referentes tendrán otras mujeres”.
La condena a García Ortiz
Valoración. La condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda, ha sido recibida con satisfacción por la junta de gobierno del ICAM, que ha ejercido la acusación popular. “No podíamos quedar impasibles ante una vulneración tan evidente de los principios esenciales que sustentan el ejercicio de la abogacía”, dice su decano, Eugenio Ribón.
Neutralidad. Criticado por “falta de neutralidad” en el caso del novio de Ayuso por algunos colegiados, como los que integran la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), Ribón asegura que tiene el respaldo de la abogacía madrileña cuando actúa sobre cuestiones que trascienden al mero ejercicio profesional. “Recibimos, literalmente, cientos de correos, mensajes y llamadas” de apoyo “a diario, en privado y en público”. El fallo ha sido un balón de oxígeno para la corporación después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara hace dos semanas el grueso de la ley de amnistía, sobre la que el colegio ha sido muy crítico. De hecho, ALA impugnó la declaración institucional de la corporación sobre el acuerdo de amnistía del PSOE y Junts, aunque la justicia le ha dado la razón al entender que no vulneró la “neutralidad institucional”.
Conformidad. Más comedida ha sido la respuesta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a la condena a García Ortiz. Su presidente, Salvador González, quiere que el proceso sirva “para otorgar la importancia que se merecen las negociaciones entre la defensa y la fiscalía, de manera que ese diálogo se mantenga reservado en todos los juzgados de España”. Para ello, pide a la Fiscalía un nuevo protocolo “que refuerce el proceso encaminado a obtener conformidades. Sobre la acusación del ICAM, dice que en su momento hubo “consenso en la corporación”.
Discrepancias. La actuación de la corporación madrileña en el proceso contra García Ortiz “ha sido intensamente discutida en la opinión pública y en el ámbito profesional”, dice Augusto Pérez-Cepeda, decano del Colegio Provincial de Abogados de Coruña. Aunque los colegios “tienen derecho a defender lo que consideren”, subraya que “es importante que se ajusten a los principios deontológicos”. Alicia Escudero, decana de Tafalla, considera “más acertada la postura adoptada por CGAE”. Y mientras Flor Carrasco, decana de Málaga, dice que “cada vez que un colegio se alza en defensa del secreto profesional, está defendiendo algo que nos afecta a todos”, la decana de Barcelona, Cristina Vallejo, aboga “por el máximo respeto a las decisiones judiciales”.
