La adaptación de los sistemas de facturación de la empresa familiar a la normativa Verifactu
El objetivo es claro: eliminar cualquier posibilidad de manipulación contable o de doble contabilidad
Ahora que vuelve a ocupar titulares el debate sobre las “cajas B” y la transparencia financiera, las empresas familiares se enfrentan a un cambio normativo que, paradójicamente, busca precisamente lo contrario: la trazabilidad total de la facturación. Se trata del nuevo sistema Verifactu , un marco legal derivado de la Ley Antifraude de 2021 que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, y que obliga a adaptar los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) a un estándar técnico común diseñado por la Agencia Tributaria.
El objetivo es claro: eliminar cualquier posibilidad de manipulación contable o de doble contabilidad. Y aunque el propósito de la norma es legítimo —reforzar la confianza en el sistema fiscal y combatir el fraude—, para muchas empresas familiares el desafío es técnico, operativo y económico.
Con la vista puesta ya en 2026, los directivos reciben continuas alertas sobre la imposición de la factura digital, la remisión obligatoria de facturas a Hacienda y los costes de implantación de nuevos sistemas.
La empresa familiar afronta en realidad un doble proceso de adaptación. Por un lado, la Ley Antifraude de 2021 exige la adecuación de los sistemas de facturación para garantizar que las operaciones sean registradas de forma íntegra, segura y verificable. Por otro, la Ley Crea y Crece de 2022 establece la obligatoriedad de la factura electrónica y su envío directo a la Agencia Tributaria, aunque su entrada en vigor aún no está definida.
Ambas normas comparten una filosofía: erradicar el fraude fiscal y acelerar la digitalización del tejido empresarial. Pero mientras la factura electrónica supondrá una transformación de los flujos documentales, Verifactu impacta en el corazón de los sistemas contables, exigiendo una reconfiguración tecnológica profunda.
A partir de 2026, todos los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) deberán incorporar medidas de seguridad que impidan modificar o eliminar registros. Esto implica que cualquier software que genere facturas —desde complejos ERP hasta plantillas automatizadas de Excel— deberá estar certificado o adaptado a las nuevas exigencias.
¿Cuándo se está obligado a cumplir con el sistema VERIFACTU en la empresa familiar? La clave está en dos factores: ser un sujeto obligado según la normativa y utilizar un sistema informático de facturación.
En términos generales, están obligados los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los sujetos pasivos del IRPF que desarrollen actividades económicas. También deben cumplir la nueva regulación quienes emiten facturas simplificadas (tiques), mientras que las empresas que ya trabajan con el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) quedan exentas.
Un punto importante es que las empresas que facturen en nombre de terceros (por ejemplo, en nombre de sus proveedores) también estarán sujetas a VERIFACTU, salvo que estén incluidas en el SII.
¿Y cómo cumplimos con la nueva regulación Verifactu? Existen dos vías principales para cumplir con la norma. La primera es adaptar el software de facturación propio a las nuevas especificaciones legales. En ese caso, la empresa deberá solicitar a su proveedor tecnológico una declaración responsable que acredite que el sistema cumple con los requisitos de integridad, trazabilidad y conectividad con la Agencia Tributaria.
La segunda opción es utilizar la aplicación gratuita Verifactu, disponible en la web de la AEAT. Esta herramienta permite emitir facturas y remitir los datos directamente al sistema de Hacienda, garantizando así el cumplimiento automático de la norma.
En cualquier caso, aunque la empresa opte por mantener su software propio, deberá asegurar que puede conectarse con la AEAT y transmitir la información en línea en cualquier momento. Esta capacidad de interoperabilidad es uno de los pilares del nuevo marco de control fiscal.
No obstante, desde el propio sector se anticipa que las empresas que elijan no acogerse a VERIFACTU —es decir, que adapten su software pero sin enviar información en tiempo real— podrían estar bajo una mayor vigilancia. Y las consecuencias del incumplimiento no son menores: las sanciones pueden alcanzar los 50.000 euros por ejercicio.
Más allá de su dimensión normativa, Verifactu representa un cambio cultural profundo en la relación entre las empresas y la Administración. Supone el fin definitivo de la opacidad contable y el inicio de una era en la que la transparencia y la trazabilidad digital serán obligatorias.
La experiencia demuestra que los despachos y asesores fiscales que acompañen a las empresas en esta transición jugarán un papel clave. Verifactu no es solo una obligación técnica: es una pieza más en el proceso de transformación digital del tejido empresarial español. Y quienes se anticipen, convertirán el cumplimiento en una ventaja competitiva.
En definitiva, el calendario corre y el margen de adaptación es cada vez menor. Para las empresas familiares, el reto no es únicamente cumplir con la ley, sino hacerlo con una estrategia que combine seguridad jurídica, eficiencia operativa y sostenibilidad tecnológica. Verifactu no es solo una nueva norma: es el nuevo punto de partida hacia una gestión empresarial plenamente digital y transparente.
