Alberto García Barrenechea (Procuradores Madrid): “Los nuevos tribunales de Madrid no estarán listos el próximo 1 de enero”
“El problema va a ser la paralización: ahora mismo no sabes dónde va a estar tu procedimiento”, dice el decano que confirma su objetivo de presidir el Consejo General
Alberto García Barrenechea (Madrid, 1966), decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), alerta sobre el caos que pueden vivir los juzgados de la capital si se mantiene el plazo dado por la Ley de Eficiencia para la puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia. “La realidad es tozuda”, afirma contundente en esta entrevista para CincoDias. El decano profundiza en la propuesta presentada para facilitar la conciliación de los profesionales y confirma su candidatura para presidir el Consejo General del Procuradores.
La entrevista se realiza en Cádiz, ciudad en la que ha tenido lugar las XIII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno del colectivo, en un momento clave para la profesión. El Consejo General de Procuradores acaba de reformar los reglamentos internos para eliminar el requisito de haber ejercido durante al menos ocho años como decano para aspirar a la presidencia, un objetivo que sigue en la hoja de ruta de García Barrenechea, actual secretario de la junta de gobierno. El decano cumplirá su primer mandato (de cuatro años) al frente de los procuradores madrileños en abril de 2026.
La Administración de Justicia también está en una encrucijada en la carrera por la reorganización y modernización. La nueva norma que obliga a intentar un arreglo privado antes de pleitear es el día a día de los procuradores, quienes están detectando algunas ineficiencias que, en opinión del decano, se irán corrigiendo poco a poco.
Pregunta. El colegio ha presentado una propuesta legislativa para eliminar burocracia en las suspensiones o aplazamientos de las vistas por baja de los profesionales. ¿Cuál es la situación?
Respuesta. Conozco muchos casos de compañeros que, por una enfermedad, un accidente o por cualquier motivo de fuerza mayor no pueden acudir a la vista y a los que la dispensa se les limita a tres días. Yo entiendo que esta dispensa no tiene que ir condicionada a un plazo de tiempo, sino a la lesión o a la baja que tengan. Habría que ampliar ese plazo a la duración de la baja. Además, entiendo que en esas situaciones hay que facilitar la comunicación entre las partes y los juzgados intervinientes, con un sistema rápido e intuitivo en beneficio de los clientes y los profesionales que eviten nulidades y pérdidas de plazos.
P. ¿Cómo es el sistema que proponen junto con el Colegio de la Abogacía de Madrid?
R. Lo que proponemos es que haya un registro único de incapacidades profesionales que dependa de los respectivos colegios para que pueda servir en todo el territorio. Actualmente hay que presentar el escrito en cada sitio en que ejerces. Lo lógico es que solo tengas que informar de tu baja a tu colegio y este tenga la facultad de comunicarlo a toda España. Lo que buscamos es un canal único, eficaz y solvente. Además, hay una disparidad de criterios para la suspensión de actos procesales que genera inseguridad jurídica.
P. ¿Creen que tendrá acogida esta propuesta entre los grupos parlamentarios?
R. Espero que sí, la verdad es que tiene mucha lógica. Siempre estamos hablando de la conciliación, pues bien... ¿qué mejor medida para conciliar que poder estar tranquilo cuando estás enfermo? Pero ya no es sólo un derecho mío, del profesional, sino también de mi justiciable, porque mi cliente no tiene ninguna culpa de que yo tenga un problema de salud puntual. Es, además, un derecho de la parte contraria. En definitiva, la protección no solo es necesaria para la profesión, lo es también para los ciudadanos.
P. ¿No perderían los letrados judiciales el control de las bajas?
R. Con el registro único se ahorraría mucho tiempo. Actualmente hay que comunicar la baja y trasladar el parte para que este revise en qué procedimientos están afectados. Con el registro único, mi decanato lo comunicaría directamente a todo el territorio, solo serían necesarias implantaciones tecnológica en Lexnet.
P. ¿Qué otras medidas de conciliación está impulsando el colegio?
R. La del registro único de incapacidades profesionales es la medida estrella, pero hay muchas otras. La comisión de igualdad está trabajando muy intensamente, tanto desde los colegios como desde el Consejo General de Procuradores.
P. Esta propuesta llega en un momento de transformación de la Administración de Justicia impulsada por la Ley de Eficiencia. ¿Puede hacer ya una valoración del impacto de esta ley en Madrid?
R. A día de hoy, la implantación de la ley en Madrid no está siendo fácil y me preocupan las demarcaciones en las que ya se han implementado estos cambios organizativos. Si tengo que hacer un balance, debo decir que actualmente es preocupante porque no está funcionando. Pero lo peor es que esta situación puede que no sea nada comparada con el escenario del 1 de enero, cuando tenga que aplicarse en Madrid capital y también en otras demarcaciones grandes, como Móstoles o Alcalá. La experiencia que tenemos en las pequeñas, por ejemplo en Alcorcón o Navalcarnero, es que no está funcionando bien. La experiencia que tenemos en las pequeñas es que no está funcionando bien, hay mucho desconcierto entre los profesionales y el cuerpo de funcionarios.
P. ¿Qué problemática se están encontrando?
R. Nos encontramos con mucha duplicidad de procedimientos y con la falta de medidas internas necesarias para que los funcionarios de la Administración de Justicia puedan acoplarse a los departamentos o servicios comunes de nueva creación. Los medios adecuados de solución de controversias (MASC) están siendo un instrumento conflictivo por la falta de un criterio único de aplicación, lo que genera mayor desconfianza, en mi opinión debería eliminarse como requisito de admisibilidad.
P. ¿Está preparada la Administración de Justicia de Madrid para cumplir el plazo del 1 de enero de 2026 impuesto por la ley?
R. En mi opinión, no. Lo que sí es cierto es que me consta la disponibilidad de la Comunidad de Madrid para que se cumpla con el plazo estipulado. Yo creo que la intención sí la tiene, pero la realidad es más tozuda. El día 1 de enero no va a estar implantada la nueva organización de tribunales en Madrid capital. El problema va a ser la paralización. Ahora mismo no sabes dónde va a estar tu procedimiento, respecto del que tanto el juez como el letrado judicial pierden cierto control. Ni siquiera los funcionarios saben dónde van a estar adscritos todavía.
P. La obligación de intentar un arreglo extrajudicial antes de poner una demanda a través de los llamados medios adecuados de solución de controversias (MASC), ¿está cumpliendo con el objetivo de descongestionar los tribunales?
R. No creo que, a grandes rasgos, esté favoreciendo al servicio de administración de justicia para que este vaya más rápido. De hecho, lo que está provocando es un tapón. Y eso que se presentan menos demandas y, por el contrario, más conciliaciones y mediaciones. Por tanto, este nuevo sistema no está acreditando eficiencia. En primer lugar, creo que los MASC deberían de eliminarse de algunos procedimientos en los que no son eficientes, como, por ejemplo, en asuntos de comunidades de propietarios, en algún tipo de juicios verbales, en familia... Estoy convencido de que en estos y en algún otro tipo de procedimientos, con el tiempo, se eliminarán. Además, otro de los grandes problemas de este nuevo requisito es que la admisibilidad depende del criterio judicial, lo que hasta ahora ha provocado una aplicación heterogénea por la dispersión interpretativa. Yo puedo presentar la misma demanda con un buromail o un burofax y hay juzgados que me lo admite y otros que no, lo que crea inseguridad e indefensión. Es verdad que, probablemente, esto cambie con los tribunales de instancia porque sí exista unificación de criterios. Pero a día de hoy, los MASC están congestionando los tribunales más que arreglando el problema y generando inseguridad al depender del criterio de cada juzgado.
P. Otra de las cuestiones que está a la vuelta de la esquina y preocupa a los profesionales es el nuevo sistema Verifactu de comunicación con Hacienda. ¿Qué acompañamiento está realizando el colegio y cuál es su opinión sobre Verifactu?
R. El colegio está impartiendo cursos. En las recientes jornadas de juntas de gobierno también se ha incluido una ponencia sobre la factura electrónica. Si me preguntas mi opinión, me parece una fiscalización extra al profesional.
P. Usted también es secretario del Consejo General de Procuradores, que acaba de eliminar la barrera de ocho años de decanato para aspirar a la presidencia. ¿Sigue decidido a presentarse a las próximas elecciones?
R. Tengo que estudiarlo en las próximas fechas, pero en el fondo mi objetivo no ha variado. Más de cuarenta colegios impulsamos esa modificación del reglamento porque entendíamos que hay que facilitar que la gente se pueda presentar a cualquier cargo y favorecer el acceso a los cargos institucionales.
P. ¿Su ilusión es presidir el consejo?
R. Me gustaría, porque creo que hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que desde la procura se puede defender muy bien. Por ejemplo, la lucha por la ejecución, fomentar que podamos tener la ejecución de las resoluciones judiciales.
P. Por último, ¿cree que hay cantera suficiente para garantizar el relevo generacional?
R. Es cierto que la población de procuradores está disminuyendo cada año. Pero también lo es que a través del máster de acceso junto con la abogacía se está notando un incremento de procuradores. De hecho, han sido más de 300 personas las que se han presentado cuando lo habitual era que se examinaran entre 70 y 100. Creo que la oportunidad que nos están dando las universidades para divulgar y enseñar nosotros mismos la profesión está teniendo resultado. Eso tiene que ser el motor para conseguir que haya más colegiaciones. La procura sigue siendo una profesión sustancialmente eficaz y bien remunerada cuando trabajas con orden.
