El tribunal de Estrasburgo declara responsable al Estado italiano de las deudas impagadas de sus administraciones locales
La sentencia, promovida por Ontier Italia, sienta un precedente aplicable al resto de países europeos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que el Estado italiano es responsable y debe responder por las deudas impagadas de entidades locales, regionales y sociedades públicas, incluso en casos de insolvencia o quiebra. También en el supuesto de que estos acreedores sean entidades financieras, equiparando su condición a la de cualquier otra empresa acreedora. El fallo, impulsado por Ontier Italia, obliga al Gobierno italiano a responder directamente ante los acreedores —incluidas entidades financieras— por obligaciones reconocidas judicialmente pero nunca satisfechas por las administraciones locales.
La resolución, según explica el despacho en un comunicado, sienta un precedente aplicable al resto de países europeos. “Abre la puerta a que proveedores, entidades financieras y fondos acreedores de administraciones públicas y de sus empresas en toda Europa puedan exigir el cumplimiento de sus créditos ante el Estado central cuando las administraciones locales incumplan sus obligaciones”, señala el despacho en un comunicado.
El tribunal de Estrasburgo ha considerado que Italia vulneró el derecho de propiedad y el derecho a un juicio justo de los acreedores, al no ejecutar deudas reconocidas por resoluciones firmes. Por ello, ha condenado al Gobierno a sustituir a los deudores originales —regiones, ayuntamientos o empresas públicas quebradas— y pagar directamente las reclamaciones pendientes.
Tras la negativa del Ejecutivo a cumplir voluntariamente la decisión, Ontier presentó en marzo ante el Tribunal de Roma un decreto de pago contra la Presidencia del Consejo de Ministros, que ha sido admitido recientemente. Este paso consolida una estrategia jurídica que combina la acción ante el TEDH con su ejecución en los tribunales nacionales, ofreciendo una vía real para recuperar créditos que hasta ahora se consideraban irrecuperables.
“La resolución representa un paso decisivo en una estrategia jurídica que combina la acción ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con su ejecución en la jurisdicción nacional, ofreciendo una vía real y efectiva para recuperar créditos que hasta ahora se consideraban irrecuperables”, reza Ontier en un comunicado.
La deuda
Esta resolución abre permite trasladar al Gobierno central la deuda impagada de las entidades públicas, que en el caso de Italia, supera los 50.000 millones de euros.
Franceco Verri, socio de penal económico y de derecho europeo señala que “existen herramientas legales efectivas para proteger a los acreedores y hacer valer el principio de responsabilidad del Estado cuando las administraciones locales incumplen sus obligaciones”. Por su parte, Luca Pardo, socio director de Ontier Italia, añade que esta decisión “no solo es relevante para Italia, sino que puede sentar las bases de una jurisprudencia europea aplicable en otros Estados miembros”.
El equipo de Ontier Italia que ha liderado el caso ha estado integrado por los abogados Francesco Verri, Viviana Schirripa, Simone Grassi, Manuela Finolezzi, Guido Tancredi y Luca Pardo.