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LABORAL
Tribuna
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España no se sostiene con menos horas de trabajo

Es urgente introducir métricas objetivas sobre las horas efectivamente trabajadas

En España se habla con ligereza de reducir jornadas, aumentar salarios, blindar derechos y garantizar pensiones. Pero el debate político rara vez se detiene en la aritmética más básica. ¿Cuántas horas se pierden y cuánto nos cuestan?

La realidad es muy clara: solo 20 millones de personas trabajan efectivamente cada día en nuestro país. Oficialmente, hay más de 21 millones de ocupados, pero esa cifra no refleja la verdad completa. Entre el absentismo medio diario, que supera el 1,25 millón de personas, y los fijos discontinuos que figuran como contratados, pero no están en activo, el volumen real de trabajadores cae de forma notable. Y con ese núcleo —20 millones reales— sostenemos un país de 49 millones de habitantes, con 9,3 millones de pensionistas, más de 2,4 millones de parados, los fijos discontinuos y millones de personas inactivas.

Así, la productividad sigue estancada. España tiene un rendimiento por hora trabajada de unos 49 dólares (las referencias a euros se han convertido a dólares para hacer la comparativa), frente a los 95 dólares/hora de Alemania, los 100 de Francia o los 70 dólares de media de la OCDE. Estamos ante una brecha estructural que pone en riesgo nuestro futuro como país competitivo y sostenible.

Algunos sectores plantean reducir la jornada laboral. El objetivo es loable, ahora bien ¿se va a mantener el mismo nivel de producción? Porque si no también se reduce el PIB.

Pasar de 1.630 a 1.560 horas al año por trabajador supondría una pérdida total de 1.390 millones de horas laborales. Para compensar ese déficit habría que incorporar al mercado a unos 891.000 nuevos trabajadores a jornada completa. Entre salarios y Seguridad Social, el coste total asciende a más de 19.250 millones. ¿Quién lo asume?

La respuesta habitual es que debe hacerlo el tejido empresarial. Pero eso solo es viable si el trabajo genera más valor. Y para ello hacen falta inversiones, incentivos, reformas, tecnología y sobre todo un entorno de certidumbre. Si no se compensa el tiempo perdido con eficiencia, perdemos competitividad.

Si no se compensa el tiempo perdido con eficiencia, perdemos competitividad

A esta ecuación hay que añadir otro fenómeno: el absentismo estructural. No el ocasional, justificado o puntual, sino el que ya forma parte del paisaje laboral. Cada día faltan a su puesto 1,25 millones de trabajadores, esto es, más de 2.000 millones de horas no trabajadas al año, que sí se pagan.

En consecuencia, 1,25 millones de empleos desaparecen cada año por efecto del absentismo. Más de 27.000 millones de euros anuales, incluyendo salarios y cotizaciones.

Mientras tanto, seguimos sin abordar el debate de fondo: ¿cómo hacemos que el tiempo trabajado genere más valor? ¿Cómo incentivamos el esfuerzo, la formación continua, la eficiencia y la corresponsabilidad?

La suma del coste del absentismo estructural y la reducción de jornada no compensada superaría los 46.500 millones de euros al año, lo que representa cerca del 2,9 % del PIB español. Esta cifra se traduce en presión fiscal, déficit estructural y menor margen para la inversión pública o el sostenimiento del estado del bienestar.

Cualquier reforma de la jornada laboral debe ir acompañada de medidas que mejoren la productividad por hora trabajada, bien a través de digitalización, automatización de procesos, reorganización del trabajo o mejora del capital humano. De lo contrario, reducir horas sin compensación productiva implica menor crecimiento económico o un aumento del coste laboral unitario que puede frenar la creación de empleo, sobre todo en pymes y sectores intensivos en mano de obra.

Es urgente introducir métricas objetivas en el debate público: horas efectivamente trabajadas, valor añadido por sector, tasas de actividad real y costes derivados del absentismo.

Sólo desde una base empírica sólida pueden diseñarse políticas laborales eficaces, sostenibles y compatibles con los retos demográficos y fiscales en España. Ignorar esta realidad no la hace desaparecer: solo pospone su impacto.

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