Interinos y fondos europeos: con Bruselas hemos topado
El Gobierno no parece ser consciente de que la paciencia de la Comisión Europea se ha agotado, y si no hay decisiones, habrá nuevas sanciones
El derecho europeo se rige por los principios de primacía y efectividad. Es decir, prima sobre el derecho nacional y tiene que cumplirse de manera efectiva. Es verdad que supone una pérdida de soberanía, pero también es una garantía frente a excesos nacionales que parecían enquistados.
Uno de estos asuntos es el abuso de las administraciones de la temporalidad. Los interinos llevan quejándose del abuso de la temporalidad desde hace un cuarto de siglo. La directiva 1999/70 ya estableció que la temporalidad no podía prolongarse más allá de los tres años y que los estados debían de contar con mecanismos disuasorios. España lleva desde entonces incumpliendo. Ni se cumple el tope de los tres años ni existe mecanismo disuasorio. La primera carta de emplazamiento remitida por la Comisión a España se recibió el 26 de marzo de 2015, hace más de una década. Después hubo una segunda el 22 de julio de 2016 y tras la denuncia de nuestro despacho, una tercera el 25 de julio de 2024. Además, denunciamos ante el Parlamento Europeo la pasividad de la Comisión y presentamos una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo.
El resultado final ha sido la sanción de la Comisión de 627 millones de euros. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha señalado que la fijeza automática cuando se superan los tres años de temporalidad puede ser el desincentivo que exige la directiva ante la ausencia de ninguna otra medida. Y la Comisión Europea se ha expresado también en este sentido en el juicio ante el TJUE el pasado 24 de junio: “La conversión en fijo es la medida más disuasoria y eficaz para sancionar el abuso en el empleo público cuando no hay límites claros ni sanciones eficaces en el ordenamiento nacional”.
El Gobierno trata de minimizar la importancia de esta decisión e insiste en no tomar medidas para reducir y desincentivar la temporalidad. No parecen ser conscientes de que el tiempo de jugar al gato y al ratón ya pasó y que la paciencia de la Comisión se ha agotado. Si no hay decisiones, habrá nuevas sanciones.
Porque estos días se han sucedido las desautorizaciones de las instituciones europeas al gobierno de España. El abogado de la Comisión Europea denunció en el juicio que se sigue ante el TJUE de la Ley de Amnistía que no respondiera al interés general sino al pacto de investidura. Recordaba, además, que la Comisión de Venecia ya la tachó de “autoamnistía”, obviamente incompatible con el derecho europeo.
Además, el TJUE tendrá que examinar la sentencia del Constitucional de los EREs a petición de la Audiencia de Sevilla que sospecha que el Constitucional podría haberse excedido en su mandato dañando la autoridad del Supremo.
Y por si fuera poco, la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España por los impedimentos del Gobierno a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Aunque el expediente no afecta directamente a la operación, sí que pone en solfa la discrecionalidad gubernamental en materia corporativa. Y en concreto, cuestiona que la Ley 10/2014 de Solvencia y Supervisión de las entidades financieras otorgue al gobierno un derecho de veto sobre fusiones y adquisiciones violando la libertad de capitales y de establecimiento contempladas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La jurisprudencia del TJUE en esta materia es abundante. La justicia europea ya anuló la golden share portuguesa y también eliminó un derecho de veto similar al español que ostentaba el gobierno griego. Además, la Comisión ha sido muy clara: a Europa le interesan bancos grandes que puedan competir con los americanos y que ofrezcan un mejor y más barato servicio a los ciudadanos.
La amnistía, la revisión de la sentencia de los EREs y el expediente por el veto a las operaciones de fusión o adquisición bancarias son los más recientes ejemplos del peso de Bruselas en nuestro día a día. No tener presencia en la capital comunitaria puede dejarnos fuera de juego.
Por eso los interinos hicieron bien en dar la batalla europea cuando las vías nacionales parecían cegadas. La multa de 627 millones de euros es sólo un aviso a navegantes que ni Gobierno ni Supremo parecen querer ver. Argumentan que la Constitución establece el acceso a la función pública siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. ¿No accedieron a la bolsa de interinos en régimen de igualdad?, ¿no se revisó su capacidad? Y en cuanto al mérito, ¿no lo han demostrado sobradamente encadenando contrato (confianza) sobre contrato?
Si el Gobierno se empeña en ejercer de Tancredo será Bruselas quien tome las decisiones. Es probable que haya nuevas congelaciones de fondos. Incluso es posible que el TJUE mandate fijeza. Sumenle discriminación salarial, de pensiones, promoción… Un verdadero ‘tsunami’ jurídico a prueba de avestruces…