La clave del plan estatal de lucha contra la corrupción: su implementación
Se estructura en cinco ejes: prevención, denuncia, corrección, restitución y concienciación
El presidente del Gobierno presentó en el Congreso el 9 de julio un plan de 15 medidas para prevenir y combatir la corrupción en la gestión pública. En la elaboración de plan, según informó, participó el Departamento de Anticorrupción, Integridad y Gobierno de la OCDE e incorpora propuestas del Foro de Gobierno Abierto y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y de la Comisión Europea.
El plan supone abordar una estrategia nacional de lucha contra la corrupción centrada en la contratación pública, ámbito en el que se han destapado los casos de corrupción que han sido el detonante de esta reacción. Hasta en cuatro ocasiones afirma que “será necesario acometer reformas en la Ley de Contratos del Sector Público”, y recoge medidas específicas en este campo, incluso cita un precepto concreto a modificar (el artículo 146.3, para hacer obligatorio que la evaluación de los criterios de adjudicación no matemáticos sea realizada por un comité de expertos u organismo técnico especializado, algo que, sin embargo, ya se ha visto con la adjudicación del túnel de Belate, no evitará la manipulación, como sí lo hará eliminar los criterios subjetivos). No aborda otros espacios en los que es necesario actuar, como en la gestión de personal, con un exceso de libres designaciones y cargos políticos y de confianza en puestos clave.
Comienza el plan afirmando que “La corrupción es una de las mayores lacras que enfrentan las sociedades democráticas”, pero regímenes no democráticos la sufren y han sufrido a lo largo de la historia. Desde la primera norma jurídica escrita que se conserva (Código de Hanmurabi, 1.200ª.c); a en la dictadura franquista (v. “Fango”, de B. Garzón), o las actuales condenas a muerte por corrupción en China, la historia está plagada de casos y leyes que no han podido vencer el pecado capital de la avaricia. Y es que como dijo D. Quijote: “pocas leyes y que se cumplan, amigo Sancho”.
El Plan Estatal de Lucha contra la corrupción del Gobierno se estructura en cinco ejes: prevención, denuncia, corrección, restitución y concienciación.
El primer eje, prevención de la corrupción, recoge como principal medida la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción. No desconoce el Gobierno la pléyade de órganos similares que ya existen en nuestro país, pues los cita. La clave estará en su composición y capacidad de actuación preventiva y correctiva, por ejemplo, permitiendo denunciar y hasta suspender procedimientos viciados y haciendo imperativas sus recomendaciones, así como las de los órganos de fiscalización externa.
Una medida planteada que puede ser especialmente eficaz en la prevención es la introducción de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, pero no debería limitarse a la necesaria automatización de procesos y a identificación de indicios de fraude. Debería directamente impedir anuncios de licitaciones con cláusulas viciadas, incorporando patrones de detección de criterios y condiciones que permiten manipular la adjudicación o presenten deficiencias en el control de la ejecución; remitir a la CNMC las licitaciones con menos de tres concursantes, etc.
El segundo eje, protección de los denunciantes, plantea mejorar la Ley 2/2023 de protección de los informantes y lucha contra la corrupción, para reforzar esa protección. En contratación se debería abrir una acción pública, superando la actual limitación a los interesados y para contratos de elevadas cuantías.
El tercer eje plantea reforzar las capacidades la Fiscalía y del Poder Judicial para investigar, juzgar y castigar la corrupción. También potenciar la limitación de contratar a empresas corruptoras, con un listado público de condenadas y compromisos de cumplimiento normativo por parte de las empresas. Estas dos medidas ya existen y su efectividad se ha demostrado muy escasa. La necesidad de más jueces y fiscales es evidente, comparando la ratio de nuestro país con los de nuestro entorno; además, debe asegurarse su independencia, tanto del poder político como económico y agilizar todos los procedimientos judiciales.
El eje cuarto busca mejorar la recuperación de hurtado, reforzando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se creando un decomiso administrativo preventivo. Podría completarse con la exigencia de acreditar el origen del patrimonio de los sospechosos, como se pide cuando se hace un depósito bancario de más de tres mil euros.
El quinto eje propone promover una la cultura anticorrupción en la ciudadanía, las empresas y las administraciones, mediante formación, campañas sociales y encuestas sobre percepción de la corrupción. Ardua tarea cuando la defraudación de lo público es bastante habitual en materia tributaria y laboral, por ejemplo, o cuando grandes corruptos han sido educados en la moral del “no robarás”.
El plan ha sido criticado, principalmente porque la mayoría de las medidas ya existían y se han demostrado ineficaces. Pero es el plan que tendremos hasta que se agote la legislatura, la clave estará en su implementación, en la agilidad y rigor en ejecución de esas medidas y otras complementarias que se aporten. Además, cada entidad del sector público, debería también adoptar medidas internas para, evitar el fraude, el favoritismo y la corrupción, como exige la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 64: cada poder adjudicador puede aprobar normas internas para reforzar la eficiencia y prevenir prácticas corruptas y adoptar pliegos modelo que implementen esas normas.