La nueva ley de accesibilidad: entre la oportunidad y el desafío empresarial
Las empresas que anticipen estos requisitos pueden posicionarse como líderes en innovación inclusiva, desarrollando soluciones que no solo cumplan la normativa, sino que generen valor añadido para todos los usuarios
La nueva ley de accesibilidad entra en vigor este sábado, 28 de junio. Persigue eliminar barreras y garantizar que personas con discapacidad puedan acceder a productos y servicios de manera comprensible, utilizable y practicable. Para ello, la ley trae consigo un régimen de obligaciones extenso (de suministro de información, de diseño de funcionalidad y de interfaz de usuario y de servicios de apoyo) que afecta a múltiples sectores económicos y áreas de negocio (banca, redes sociales y e-commerce, entre otros) y que supone, sin duda, un reto de adaptación de los productos y servicios afectados que debe acompañarse, además, de la documentación técnica correspondiente y de la declaración UE de conformidad.
Los fabricantes asumen la responsabilidad principal de garantizar que sus productos cumplan los requisitos de accesibilidad desde el diseño, mientras que importadores y distribuidores tienen obligaciones específicas de verificación y control; si bien, en determinados supuestos, importadores y distribuidores estarán también sujetos a las obligaciones que se establecen para los fabricantes. Los prestadores de servicios, por su parte, deben integrar la accesibilidad en el núcleo de su oferta comercial.
El legislador ha sido consciente de las dificultades que podría generar una aplicación rígida de estos requisitos. Por ello, la norma establece dos excepciones fundamentales a la obligación de cumplimiento de los requisitos de accesibilidad: que el cumplimiento exija una modificación sustancial de la naturaleza básica del producto o servicio, o que suponga una carga desproporcionada. Esta previsión es especialmente relevante para las empresas, ya que permite cierta flexibilidad en la implementación, pero en ningún caso constituyen una carta blanca. La ley exige una evaluación documentada conforme a criterios específicos, que incluye análisis de costes organizativos, de producción y desarrollo para poder ampararse en dichas excepciones.
Un aspecto particularmente relevante para las empresas es la introducción del marcado CE para productos accesibles. Esta medida, que busca promover y asegurar el cumplimiento en el mercado interior europeo, puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas que se adapten eficazmente a los nuevos requisitos.
La declaración UE de conformidad se convierte en un documento estratégico que no solo certifica el cumplimiento normativo, sino que puede servir como herramienta de diferenciación comercial en mercados cada vez más sensibles a la responsabilidad social corporativa.
El régimen sancionador remite a la legislación sectorial correspondiente y, en lo no previsto en la legislación sectorial, se aplicará de manera supletoria el título de Infracciones y Sanciones del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Por tanto, habrá que estar atentos a las sanciones que se vayan imponiendo en cada sector para determinar el impacto que las mismas puedan tener sobre las empresas, lo que sin duda impactará también en el nivel de compromiso con su cumplimiento.
Más allá de las obligaciones y riesgos, esta ley abre un horizonte de oportunidades empresariales significativas. El mercado de la accesibilidad representa un segmento en crecimiento exponencial. Con 4,3 millones de personas con discapacidad en España y una población europea que envejece progresivamente, los productos y servicios accesibles no constituyen un nicho, sino un mercado masivo en expansión.
Las empresas que anticipen estos requisitos pueden posicionarse como líderes en innovación inclusiva, desarrollando soluciones que no solo cumplan la normativa, sino que generen valor añadido para todos los usuarios. La accesibilidad universal beneficia a personas mayores, usuarios temporalmente limitados y, en general, mejora la experiencia de usuario para toda la población. Esto puede traducirse en ventajas competitivas sostenibles, mayor fidelización de clientes y acceso a nuevos segmentos de mercado.
Además, la armonización europea de requisitos de accesibilidad elimina barreras comerciales y reduce costes de adaptación para empresas que operen en múltiples mercados.
La ley de accesibilidad representa un desafío regulatorio de primera magnitud, pero también una oportunidad histórica para redefinir el paradigma empresarial hacia la inclusión universal. Las empresas que aborden esta transición con visión estratégica, más allá del mero cumplimiento normativo, estarán mejor posicionadas para competir en un mercado europeo cada vez más exigente en materia de responsabilidad social.