El registro de impagados judiciales se consolida como un escudo legal contra la inquiokupación
El fichero de morosidad de la Abogacía Española permite a los arrendadores y profesionales del sector conocer el historial de pagos de los inquilinos
El registro de impagados judiciales (RIJ), el fichero de morosidad de la Abogacía Española, se está consolidando como una herramienta para luchar contra la inquiokupación pues permite conocer el historial de pagos de los inquilinos. Este sistema de información crediticia, pionero en España subrayan desde la Abogacía, permite a los arrendadores y profesionales del sector conocer estos datos antes de firmar un contrato de arrendamiento, evitando así situaciones de impago prolongadas que pueden desembocar en la inquiokupación.
Este registro, desarrollado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), permite anotar tanto deudas judiciales como extrajudiciales y facilita la reclamación y consulta de impagos. Los bancos y empresas pueden acceder a su base de datos y conocer así de primera mano deudas que antes se gestionaban confidencialmente en los despachos de abogados. Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, el RIJ ha logrado reducir drásticamente las ejecuciones de impagados, con cobros exprés en menos de dos semanas, frente a los más de tres años de media en la actualidad.
“Mientras se debaten nuevas propuestas políticas como la creación de un registro específico para la inquiokupación, el RIJ demuestra que existen herramientas legales en funcionamiento que permiten actuar con rapidez y eficacia”, subrayan desde la Abogacía.
Mecanismo disuasorio
Uno de los elementos más innovadores del RIJ es la cláusula antimorosidad, que puede incluirse en los contratos de alquiler para advertir a los inquilinos de que, en caso de impago, su deuda podrá ser registrada y consultada por otros arrendadores. Esta cláusula funciona como un mecanismo disuasorio que fomenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales y agiliza el recobro de las deudas pendientes.
Además, destacan desde el CGAE, el RIJ no solo protege a los propietarios, sino que también refuerza la seguridad jurídica del mercado del alquiler al permitir una gestión más transparente y eficiente de los riesgos asociados a los arrendamientos. “La posibilidad de acceder a información sobre inquilinos con antecedentes de morosidad ayuda a prevenir futuros impagos y a garantizar relaciones contractuales más seguras y equilibradas”, señalan.
