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¿Digitalización a doble velocidad? El sector advierte del peligro del avance desigual en la modernización de los tribunales

Representantes de los tres grandes grupos profesionales del mundo jurídico advirtieron que algunas regiones pueden quedar rezagadas

De izq. a dcha., Juan Fernández, vicepresidente del Consejo General de Graduados Sociales de España; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Mª dels Àngels García, directora general para el servicio público de Justicia; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España; y Cristina Retana, directora de innovación y contenidos de Aranzadi LA LEY.
De izq. a dcha., Juan Fernández, vicepresidente del Consejo General de Graduados Sociales de España; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Mª dels Àngels García, directora general para el servicio público de Justicia; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España; y Cristina Retana, directora de innovación y contenidos de Aranzadi LA LEY.Alberto Sáenz Molina (Alberto Sáenz Molina)

Este miércoles y jueves ha tenido lugar el Foro de Transformación Digital de la Justicia, la cita anual donde el Ministerio de Justicia hace balance de los avances en materia de la digitalización de los tribunales, en el marco del plan “Justicia 2030″. En una de las mesas, los representantes de los principales colectivos profesionales del sector, abogacía, procura y graduados sociales, han mostrado su preocupación por la digitalización a doble velocidad que detectan en algunos territorios. Han advertido que algunas regiones pueden quedar rezagadas en la carrera por el uso de la tecnología.

Las diferencias pueden surgir entre las comunidades que dependen del ministerio y aquellas que tienen las competencias de justicia cedidas. “Los territorios del ministerio van a velocidad de AVE, mientras que otras comunidades van en trenes regionales”, resumió Juan Fernández, vicepresidente del Consejo General de Graduados Sociales de España en una de las mesas redondas del acto. En esta panel también tomó la palabra Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), quien enumeró algunas “preocupaciones” de la abogacía en la carrera por la modernización de los juzgados y no dejó pasar el asunto de la desigualdad entre territorios. En este sentido, Ortega advirtió que es importante que “ninguna región se quede atrás”

Los ponentes valoraron los puntos fuertes y débiles del enorme proceso de digitalización que el Ministerio de Justicia está llevando a cabo para conseguir una justicia totalmente telemática y que capitanea Aitor Cubo, Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. En este sentido, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, reconoció que “hay gente emocionada con el progreso” y otros que “se desesperan por los fallos” de las herramientas que hasta ahora se han implementado.

Los tres ponentes coincidieron en que el camino aún es largo. La mayoría de proyectos de digitalización del ministerio, como la Carpeta Ciudadano, el impulso de las vistas telemáticas o la puesta en marcha del Expediente Electrónico, aún se encuentran en una fase embrionaria. Hay, según la visión de los expertos colectivos profesionales, un amplio margen de mejora. “La transformación es imparable”, reconoció Ortega, quien le recordó al Ministerio que “el fin no es la virtualidad”, si bien reconoció que el esfuerzo del ministerio es evidente y la dirección elegida es buena.

Para 2023, el Ministerio de Justicia se ha propuesto culminar una profunda revolución de la planta judicial orientada al dato y al uso de las herramientas tecnológica. La lista de objetivos a cumplir es larga: desde recortar tiempos de espera hasta acabar con los traslados innecesarios a los juzgados, pasando por mejorar las comunicaciones con las oficinas judiciales o explotar las posibilidades de la analítica profesional.

En este camino, Juan Carlos Estévez subrayó que la tecnología ha llegado, los medios existen y hay financiación; sin embargo, hay tareas pendientes para conseguir mejorar el día a día de los ciudadanos y de los profesionales en sus relaciones con la administración. “La fase tecnológica está todavía sin terminar”, remarcó el representante de la procura. Si bien, admitió, “después de un lento progreso, parece que hay cambios y avances”. “La valoración debe ser positiva”, apuntó por su parte Juan Fernández. En especial, apostilló, en lo relativo a la seguridad jurídica telemática, con la tramitación digital de papeleo ante notarios y registradores que antes requería presencialidad y ahora “pueden hacerse sin necesidad de trasladarse”.

Cambios en los bufetes

En la misma mesa también tomó la palabra Cristina Retana, directora de innovación y contenidos de Aranzadi LA LEY, quien puso el acento en cómo la revolución digital también ha revolucionado, y así es palpable ya, el día a día de los bufetes de abogados. En especial, apuntó, desde la irrupción de la inteligencia artificial generativa.

Hay también deberes por hacer en este apartado. Aun estamos lejos de conseguir una tecnología “capaz de dar respuestas fiables y actualizadas a preguntas jurídicas complejas” y que evite las temidas “alucinaciones”, esto es, respuestas que parezcan totalmente lógicas pero que, en realidad, sean erróneas. El peligro que existe, remarcó la experta, es utilizar asistentes virtuales entrenados con datos no especializados en asuntos jurídicos o que no estén actualizados. Lo que “puede generar sesgos” e inducir a graves errores, advirtió.

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