_
_
_
_
En colaboración conLa Ley
Abogacía
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Pasarela por la dignidad social

Pedimos, y es un mínimo irrefutable, que cada año pasado en la mutualidad se nos compute como año cotizado en la Seguridad Social

J2
imagen cedida

Desde el Movimiento #j2 se lleva luchando más de un año y medio por la dignidad de las pensiones de abogados y procuradores falsamente alternativos, para obtener lo que en Justicia les corresponde, una jubilación digna, como la que corresponde a cualquier ciudadano.

Se ha hablado mucho de ello gracias a la fuerza del movimiento, a su extensión en redes sociales, a las reuniones políticas constantes, y a las sonadas movilizaciones, pero la ansiada pasarela al régimen de autónomos no termina de llegar por falta de voluntad política.

Se confunden realidades, o conviene confundir, porque no se quieren enterar de que esto no va de “haber pagado poco”, ni de “compra de cotizaciones”, algo que de manera absolutamente residual se indica como solución por alguna asociación que lleva una calculadora a cuestas, no representativa de la realidad de nuestra situación como colectivo afectado.

El colectivo solicita una pasarela al régimen de autónomos, al que no se llega con las manos vacías, todo lo contrario.

Lo que de momento se está barajando por el gobierno es absolutamente insuficiente, así como lesivo para nuestros intereses, y no soluciona la situación de indefensión, ya que deja fuera de la pasarela a la mayor parte del colectivo afectado, exigiéndose unos requisitos imposibles para pasar, excluyendo sin motivo a pasivos, a posteriores al 2.012, a los nuevos complementarios que han dejado sus fondos atrapados en la Mutualidad…

El colectivo pertenecía a un sistema de previsión social, que a través de un experimento, pasamos a formar parte de una entidad de seguros privada, que no cumple con la alternatividad que de manera privilegiada se le otorga, falsa alternatividad, por lo que debemos ser reintegrados al sistema público de pensiones.

Todo ello plenamente consentido por el Estado, responsable de esta situación, así como por los 83 Colegios de Abogados de España, vinculados económicamente con las mutualidades, protectores de estas, y que hoy no pueden erigirse como interlocutores de los afectados bajo ningún concepto, ya que no se puede adorar a Dios y al Diablo a la vez.

Exigimos derechos, no cálculos imposibles, exigimos pasar al RETA , llevando nuestros fondos acumulados, y a su vez, llevar los fondos propios que como mutualistas nos corresponden, ya que si la mutualidad pasó a convertirse en una entidad aseguradora privada, permitiéndose invertir con nuestras primas, lo cierto es que nos corresponde participar en los rendimientos e intereses. Los beneficios son de los mutualistas.

Pedimos, y es un mínimo irrefutable, que cada año pasado en la mutualidad se nos compute como año cotizado en la Seguridad Social. No se debe olvidar que antes del año 1995 en el caso de la abogacía, la mutualidad era obligatoria. Si según noticias que nos llegan en el año 2027 las nuevas incorporaciones deberán inscribirse obligatoriamente en la Seguridad Social, ¿por qué se obliga al colectivo a permanecer dentro de un sistema fallido y discriminatorio?

Se nos debe reconocer la incapacidad total, de la que disponemos tan sólo doce meses en toda una vida, la viudedad, la orfandad, el subsidio de maternidad… Todo ello sin olvidar la discriminación que sufren las mujeres al cobrar menos por tener una mayor expectativa de vida.

Inaudito en los tiempos en los que vivimos, y en los brazos de un gobierno tan progresista…

Se incumplen descaradamente los artículos 41 y 50 de la Constitución, y se consiente tranquilamente con la excusa de que” debimos informarnos”, o de que “aportando más tendríamos más coberturas “. Debemos tener las coberturas mínimas, no podemos permitir que nos hablen de “supuesta desinformación”.

Destacar que no tenemos una pensión de jubilación como tal, sino de meras prestaciones que oscilan entre los 300 y 500 euros, sin garantizar ni actualizar, en doce pagas, lo que nos deja absolutamente fuera del sistema. Y en una situación de inseguridad inaceptable.

Después de toda una vida de trabajo nos llegan unas cantidades inciertas que no llegan ni de lejos a lo que se paga en concepto de “pensión no contributiva”.

Todo esto es cierto, solo hay que detenerse a escuchar y a estudiarlo.

Las mutualidades se han convertido en empresas del ramo del seguro, sólo pendientes de rentabilizar las posiciones de los mutualistas no alternativos.

Y no olvidemos finalmente que, en el caso de los abogados, teníamos que sufragar aparte la asistencia sanitaria hasta el año 2012, pagando por tanto más dinero sobre la cuota que nos exigía la mutualidad.

En definitiva, una situación lamentable, consentida por todos, y que estamos dispuestos a seguir combatiendo con todas las armas a nuestro alcance, redes sociales, denuncia a los gestores de la mutualidad, peticiones a Europa, así como la visibilidad en prensa y ante los partidos políticos. No vamos a parar.



Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_