Eugenio Ribón (decano del ICAM): “Al Gobierno le proponemos una ventana de seis meses para los mutualistas que quieran puedan pasarse al RETA”
El proyecto del ICAM para solucionar el problema de las pensiones indignas de los mutualistas pasa por reformar la Ley de la Seguridad Social o aprobar una norma específica
Miles de abogados en pie de guerra por una pensión digna. Agrupados en el Movimiento J2, integrado por unos 5.000 letrados, llevan más de un año denunciando su situación: no pueden retirarse porque con una pensión de 300 o 400 euros no les llega para vivir.
Los afectados denuncian que están atrapados por el sistema de previsión social que existía cuando empezaron a trabajar y exigen una reforma legal que les permita una pasarela para transferir los fondos acumulados en la Mutualidad (anteriormente Mutualidad de la Abogacía) al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) como cotizaciones y años cotizados.
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) recogió el testigo y encargó la elaboración de una propuesta legislativa a la expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de derecho del trabajo María Emilia Casas. No en vano, en torno al 26 % del colectivo de mutualistas alternativos (nombre con el que se conoce a los profesionales afiliados a una mutualidad, organismo que funciona como alternativa al sistema de autónomos del RETA), lo que supone unos 15.300 abogados, están colegiados en el ICAM.
Como adelanta a CincoDías el decano, Eugenio Ribón, las líneas maestras del plan del colegio ya están definidas. El proyecto está listo para ser presentado al Gobierno a la espera de completarlo con la memoria económica. El colegio luchará para abrir una ventana temporal y voluntaria de seis meses para que los mutualistas puedan pasar sus cotizaciones al sistema general del RETA. ¿Cómo? Modificando la Ley General de la Seguridad Social (cuyo texto refundido data de 2015) o aprobando una ley específica.
El plan tiene varias patas y también contempla cambios en la fiscalidad de las cotizaciones de estos mutualistas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que se está trabajando en una solución durante su intervención en un evento del Consejo General de Economistas (CGE) la semana pasada.
Pregunta. ¿Por qué decidió el colegio elaborar una propuesta legislativa de pasarela al RETA?
Respuesta. La función prioritaria de cualquier colegio de abogados es ser hogar y amparo para todos aquellos que sirven o que, en algún momento, han servido al bien común de la sociedad a través de la abogacía. Por ello, cuando fuimos conscientes de la verdadera problemática que subyacía en un colectivo grueso de la abogacía, tuvimos claro que no bastaba con mostrar nuestro apoyo a los damnificados, sino que era necesario ser parte de la solución. Decidimos que el colegio iba a ser realmente útil, no encabezando manifestaciones en las que el protagonismo debía recaer en los verdaderos damnificados, sino trabajando en silencio, con sosiego y rigor en una solución técnica que proporcionase una verdadera pasarela al RETA. El ICAM, y yo como decano, no podía ignorar este problema social de envergadura, que afecta a profesionales que defienden el ejercicio de los derechos, desde luego de los derechos fundamentales de las personas, y despeñan una función impagable al servicio de la Constitución y del ordenamiento jurídico.
P. ¿Cuáles son las líneas principales de la propuesta elaborada?
R. Las principales líneas de propuesta legislativa quedaron ya recogidas en el comunicado de la junta de gobierno del ICAM de 13 de junio de 2023 y en el escrito que tuve la ocasión de dirigir a todos los grupos del Congreso de los Diputados de 4 de septiembre de 2023 y que tuvo una excelente acogida, también por los parlamentos autonómicos en su pluralismo político. Equidad y solidaridad son valores que siempre hemos de cuidar.
Estas líneas se centran, en primer lugar, en la regulación legal de un tránsito temporal al RETA para los mutualistas alternativos que lo precisen al objeto de garantizarles la suficiencia prestacional que demandan. No se olvide que la función constitucional del régimen público de seguridad social es garantizar a todos los ciudadanos asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones necesidad, como establece el artículo 41 de la Constitución.
En segundo lugar, la adaptación legal del marco tributario a las necesidades de capitalización por los mutualistas alternativos de sus fondos mutuales de jubilación y de cotización a la Mutualidad con respeto del principio de igualdad tributaria.
Por último, la reforma de la regulación legal acerca de la incompatibilidad entre prestación de jubilación y permanencia en el ejercicio profesional, mejorando las condiciones de la jubilación parcial, que también atenderá a las situaciones de necesidad de profesionales cuyos tiempos de vida activa se prolongan en exceso ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas por bajas prestaciones de jubilación, inferiores a un mínimo vital socialmente admisible.
Pedimos mejorar las condiciones de la jubilación parcial y la adaptación del marco tributario
P. ¿Hay jurisprudencia que avale el proyecto?
R. Hay algún fallo excepcional, como la sentencia 189/2023, de 7 de septiembre, del Juzgado de lo Social número 8 de Santa Cruz de Tenerife, que concedió una pensión a una procuradora de 74 años pese a no llegar al mínimo cotizado. Si bien no es un aval al proyecto como tal, trata de corregir una situación que le parece injusta, cual es que no se computen los años de cotización a la Mutualidad, para lucrar la pensión de jubilación en el RETA. El colegio cree que es necesaria la intervención del legislador, muy decisivamente, para abrir una pasarela temporal al RETA para que los mutualistas puedan pasar sus cotizaciones de la Mutualidad.
P. ¿Qué leyes habría que reformar?
R. Principalmente, la Ley General de la Seguridad Social, cuyo texto refundido es de 2015, aunque también podría aprobarse una ley específica con el contenido reformador necesario y, si acaso, con su desarrollo reglamentario.
P. ¿Cuál es el perfil de abogado o abogada que está reclamando esta solución?
R. Los mutualistas alternativos en muy diversas situaciones y por una pluralidad de causas: el régimen de capitalización individual, la discontinuidad de las carreras profesionales, las crisis económicas y el Covid-19, el alargamiento de la esperanza media de vida, la inflación…
P. ¿La pasarela tendría carácter obligatorio o voluntario? ¿Qué ventana temporal abriría?
R. La pasarela tendría carácter voluntario, abierto al mutualista alternativo que, con la debida información de la Seguridad Social, de la Mutualidad, del ICAM, de la abogacía institucional…, desee transitarla para la satisfacción de su necesidad de protección conforme a los parámetros del RETA. Se abriría una ventana temporal de 6 meses.
P. ¿Han hecho el cálculo de cuánto dinero supondría para el Estado la pasarela al RETA que exigen los mutualistas alternativos? ¿Es asumible?
R. Un elemento esencial de la pasarela extraordinaria o excepcional al RETA es la transferencia de las cotizaciones de los mutualistas alternativos a la Mutualidad. Siendo el régimen público de seguridad un sistema financiero de reparto, el principio de contributividad se corrige por el de solidaridad mediante técnicas asistenciales, como los complementos mínimos de las pensiones contributivas, a cargo del Estado para personas vulnerables.
P. ¿Quién tiene más responsabilidad en este asunto?
R. No soy quién para juzgar la actuación de nadie; obviamente, las cosas no se han hecho bien porque, si no, nunca se hubiese llegado a esta situación. En el momento en que el ICAM se posicionó a favor de los afectados, reclamando ya en junio de 2023 la pasarela al RETA, fueron muchos los que nos tildaron de locos. Hoy me alegra ver a muchos compañeros sumarse a esta reclamación, que no es nuestra, sino de todos los afectados.
El único camino es ese: unidad. Solo con la unidad de todos podremos alcanzar el objetivo de dotar de pensiones dignas y justas a los que dedicaron su vida profesional a defender la justicia.
P. ¿Con qué organismos o instituciones se han reunido? ¿Han hablado con las asociaciones de afectados?
R. Sí, naturalmente. Practicamos una política de absoluta transparencia y de apertura hacia todas las personas colegiadas y queremos conocer sus problemas y, en la medida de lo posible, contribuir a su solución. Hemos estado trabajando con María Emilia Casas durante estos meses, recopilando propuestas a través un correo que pusimos a disposición de todos los colegiados. A todos los compañeros que nos han trasladado sus preocupaciones, inquietudes, sugerencias y situaciones, les quiero agradecer su tiempo y disposición.
Como no puede ser de otra forma, antes de presentar el informe definitivo, nos vamos a reunir con las diferentes asociaciones para recoger el máximo de sus sugerencias y hacer así de esta propuesta normativa, la propuesta de la abogacía en su conjunto. Solo una vez armado el informe con los datos necesarios y tras escuchar a todos los afectados, iniciaremos el diálogo institucional necesario para una propuesta de esta índole.
P. ¿Cree que el informe se tendrá en cuenta por el Gobierno? ¿En qué plazo cree factible una solución legislativa?
R. Deseo que así sea. El plazo lo marcará el Gobierno y el Parlamento. El ICAM está a su disposición. Estoy convencido de que el Gobierno escuchará la voz de todos los ciudadanos afectados; en un estado social no podemos dejar a nadie atrás y creo que el Gobierno está comprometido con ello.
Ya en la votación de la proposición no de ley que se tramitó en el Congreso, y que recogía la mayoría de las líneas de la propuesta que presentamos a los grupos parlamentarios en septiembre del año pasado, se pudo ver el apoyo mayoritario del legislador para dar solución a este grave problema.
Conozco de cerca el problema porque, sin ir más lejos, mi prestación por jubilación estimada es la mínima
P. ¿Cómo cree que valorarán los colegiados este proyecto?
R. Creo que lo valorarán bien; es una solución ambiciosa, pero a la vez ajustada hasta el último apartado en la legislación de nuestro país. Por eso quisimos contar con María Emilia Casas, porque solo una expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de derecho laboral podía ajustar la mayoría de las reclamaciones de la calle a la legislación española.
Personalmente, deseo que lo valoren bien, porque eso significará que hemos sido útiles ofreciendo una solución que de verdad resuelve sus diferentes situaciones. Estos últimos meses han sido duros. Aunque conozco de cerca el problema porque, sin ir más lejos, mi prestación por jubilación estimada es la de la prestación mínima. Ha sido duro escuchar a tantos colegiados, compañeros e incluso amigos durante estos meses que tienen situaciones verdaderamente dramáticas.
Este informe no es del ICAM, este informe es de todos y cada uno de ellos. Este informe es de todos aquellos que, tras defender durante toda su vida la justicia, han sufrido en sus carnes la injusticia y se han sentido indefensos y desamparados. Estoy firmemente convencido de que esta es la solución que pondrá fin al infierno que están sufriendo.
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