España vive un bum de opas: ¿Por qué mantenemos la acción de oro?
El Gobierno sigue teniendo la última palabra para vetar (o no) operaciones corporativas
España está viviendo un verdadero bum de opas: hay más operaciones que nunca y con un volumen que asciende a 22.600 millones de euros, cifra récord que podría incluso incrementarse en los próximos días. Sin embargo, también como nunca muchas de estas operaciones se están enfrentando con el freno o la oposición del Gobierno bajo el argumento de proteger sectores estratégicos.
El anclaje jurídico de esta especie de acción de oro hay que buscarla en el Reglamento de la UE 2019/452 de 19 de marzo de 2019 que estableció un marco para el control de la inversión extranjera (extracomunitaria, se entiende) por razones de seguridad u orden público.
La aplicación española se realizó mediante la disposición transitoria única del Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, el llamado escudo antiopas. Fueron decisiones excepcionales y especiales que se tomaron para tratar de salvaguardar el tejido productivo de las medidas de choque para luchar contra el covid. Estas medidas excepcionales suspendieron el libre tránsito de capitales dentro incluso del espacio europeo… ¡hasta el 31 de diciembre de 2024!
Hasta entonces, el Gobierno tiene derecho de veto de todas aquellas operaciones que considere que afectan a un sector estratégico, concepto jurídico, económico y moral absolutamente indeterminado con amplio margen para la discrecionalidad… o más bien, arbitrariedad y opacidad.
No obstante, el Gobierno trata de detallar cuáles serían esos sectores estratégicos donde estaría justificado el escudo antiopas gubernamental: medios de comunicación, infraestructuras críticas, insumos fundamentales y tecnologías críticas y de doble uso. Es decir, prácticamente todos; ¿Qué negocio no es crítico? ¿quién define quién es crítico y quién no?
Además, también podrá vetar aquellas operaciones realizadas por un Gobierno de un tercer país o aquellas en las que “exista riesgo grave de que ejerza actividades delictivas o ilegales o que afecten a la seguridad pública, el orden público o la salud pública”, explican desde Economía en su página web.
Bajo estas premisas el Gobierno ha tratado de vetar la operación de Magyar Vagon sobre Talgo con el argumento de que, supuestamente, detrás está Víctor Orban como supuesto hombre de paja de Putin. ¿Vetos políticos a operaciones empresariales?¿y la exigible lealtad con un estado socio y aliado como es Hungría? El ejecutivo magiar ya ha anunciado que demandará a España por violar el libre tránsito de capitales dentro de la Unión Europea.
El Gobierno español también trató de frenar la operación de IFM sobre Naturgy y está poniendo palos en las ruedas del fondo Brookfields sobre Grifols. Y también ha mostrado su oposición a la operación del BBVA sobre Sabadell a pesar de las supuestas sinergias de 850 millones de euros que alega la entidad vasca.
Todo esto se produce al mismo tiempo que el gobierno renacionaliza Telefónica con la entrada de dinero estatal en el 10% del capital de la teleoperadora.
Es probable que la acción de oro o escudo antiopas tuviera sentido durante la pandemia. El Gobierno quería proteger los sectores estratégicos de caídas desorbitadas de las valoraciones como consecuencia de la crisis sanitaria. Pero hace mucho que afortunadamente dejamos atrás los confinamientos; y arrastrar la inercia pandémica para intervenir en la vida empresarial es una muy mala praxis. Las empresas deben de ser libres sin más límite que el derecho mercantil y en todo caso, penal. Los capitales deben de circular libremente en el espacio europeo sin más freno que la persecución del delito.
La acción de oro y la presencia estatal en el mundo corporativo es un anacronismo que nos hace restar competitividad y dinamismo. Y eso se traduce en menos empleo, menos inversión, menos impuestos recaudados y menos bienestar.
Es verdad que muchos países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Italia mantienen un importante peso en el accionariado de sus telecos o energéticas y que las barreras no son sólo españoles sino generales. Pero el Tribunal de Cuentas Europeo ya sugirió la necesidad de frenar estas prácticas porque no existen mecanismos estandarizados en los países para identificar, evaluar o mitigar los supuestos riesgos de seguridad y orden público. “No hay normas comparables a situaciones comparables”, denunció el tribunal en su auditoría del pasado mes de diciembre.
De hecho, de los 886 casos notificados entre 2020 y 2022, el 92% los notificaron Francia, Italia, España, Austria, Dinamarca y Alemania, por este orden. Curiosamente, Luxemburgo no notificó ninguno a pesar de haber recibido un 20% de la inversión extranjera. ¿Las autoridades luxemburguesas no detectaron riesgos en esas inversiones? Más allá de la disparidad de regímenes y de la arbitrariedad en su aplicación el escudo antiopas que viola abiertamente uno de los pilares de la UE: el libre tránsito de capitales.
Por eso es de esperar que Bruselas intervenga para acelerar la derogación de este escudo que impide la libre empresa y que está poniendo trabas a un bum de operaciones corporativas que podrían dinamizar el panorama económico español.
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