Una oleada de despachos se pronuncia en contra del acuerdo de investidura PSOE-Junts
Firmas como Ontier, DLA Piper o Broseta se unen en apoyo a la declaración institucional lanzada por el ICAM
Diferentes despachos de abogados se han pronunciado en contra del acuerdo de investidura que pactaron el pasado jueves el PSOE y JUNTS. Una oleada de bufetes ha manifestado públicamente su absoluta negativa al pacto por el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprueba una ley de amnistía para los delitos provocados por los integrantes del procés. Las principales firman se adhieren a la declaración institucional lanzada a finales de la semana pasada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en cuanto consideran fundamental el respeto de los valores de la Constitución, la separación de poderes y la independencia de los Juzgados y Tribunales como principales garantes de un Estado de derecho en España.
RocaJunyent firma fundada por Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución su repudio a la investidura. La firma, a través de su cuenta de LinkedIn, puso en valor "la importante labor de los juzgados y tribunales para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación del ordenamiento jurídico". Cuatrecasas, en la misma red social, asevera que “la división de poderes como garantía de los derechos reconocidos en la Carta Magna”. Al tiempo, considera que “la independencia del Poder Judicial es uno de los ejes vertebradores de la democracia y rechaza sin fisuras cualquier medida que, de forma mediata o inmediata, pueda comprometerla”.
Ontier es otro de los despachos que ha revelado recientemente su postura de rechazo. La firma dirigida bajo la presidencia de Pedro Rodero, declaró que el pacto de amnistía supone “un ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes” y recuerda que los valores de la Constitución yacen de “la libertad, la justicia y la igualdad de todos los ciudadanos”, que no serían posibles “sin el ejercicio independiente de su función de los Jueces y Magistrados y la defensa del interés general de los servidores públicos”.
Los diferentes socios de la oficia de Madrid de DLA Piper también han pronunciado, desde la neutralidad política, su oposición a cualquier acto que ponga en riesgo la independencia judicial y la separación de poderes, que consideran “pilares fundamentales del Estado de derecho, de la convivencia democrática y de nuestra Constitución”.
Otro de los despachos que ha comunicado su oposición es la firma de abogados Broseta, que recuerda que el Estado de derecho “es fruto del consenso de la mayoría de los españoles, así como del trabajo, el tesón y el compromiso de muchas personas que en su momento pusieron en riesgo, no solo su libertad sino sus vidas para conseguirlo”.
Por otro lado, también hay firmas internacionales que han expresado su disconformidad con las medidas acordadas en el pacto suscrito. Entre ellas, La firma internacional Ashurst emitió un comunicado a favor de la declaración del ICAM en el que manifiestan que la creación de comisiones parlamentarias de investigación para fiscalizar actuaciones jurisdiccionales afectaría a "la independencia de los jueces y a la presunción propia de cualquier Estado de derecho, en cuanto sus decisiones están sometidas a la ley".
Cabe mencionar que firmas de los grandes despachos como Pérez- Llorca, Garrigues, Uría Menéndez, Linklaters, o Simmons & Simmons también se manifestaron al respecto en apoyo a la declaración lanzada por la institución dirigida por Eugenio Ribón, y cuya consecuencia ha desencadenado una oleada de pronunciamientos públicos en contra de la amnistía que supone la quiebra del Estado de derecho del país.
