Belén Esteban hablando inglés hace gracia, pero también preocupa a los jueces
La IA puede adulterar las pruebas electrónicas en los juicios. A ojo de los expertos será necesario reforzar los métodos periciales, y ello puede encarecer los pleitos
Hace unas semanas, los videos de Belén Esteban, Rajoy o Messi hablando inglés corrieron como la pólvora por las redes sociales. La gente pareció tomar entonces conciencia del impresionante avance de la Inteligencia Artificial, ahora al alcance de todos y de todos los bolsillos, una invención capaz de retorcer la realidad y crear ilusiones audiovisuales cada vez más veraces, pero más allá de los memes, la irrupción de esta tecnología puede esconder un reverso tenebroso: ¿será posible engañar a los jueces con videos y audios manipulados por la IA?
Los círculos jurídicos comienzan a inquietarse al respecto. Algunos juristas ya se preguntan si, frente al impresionante avance en la materia, la Inteligencia Artificial podría convertirse en un dolor de cabeza en los juzgados, en términos de valorar si archivos de audio o video, cuya presencia en juicios es habitual, han sido manipulados o no.
Consultadas por Cinco Días, distintas fuentes confirman que la cuestión, si bien por el momento no supone un problema, sí genera dudas. Sobre todo, por el futuro. “Es cierto que ya están entrando asuntos en los que algunos clientes refieren que los audios que se les atribuyen no son suyos”, corrobora Javier Rubio Alamillo, perito judicial y decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid. Si bien “de momento no está afectando a los juicios como tal, pues los juicios tardan años en llegar”, este perito no niega que puede llegar a ser un asunto problemático.
Algunos jueces también afirman estar preocupados. Para Berta Pellicer, magistrada mercantil de Barcelona y miembro de la junta directiva del Instituto de Probática, existe “el peligro, más real que potencial, de ser engañado”, y asegura que el problema afectará sobre todo a “procedimientos de familia complejos o con una fuerte conflictividad, entre otros”. La magistrada añade un daño colateral: “Se pueden generar mayores costes en pruebas periciales, para verificar la información de contenidos”. Lo que a la postre “puede derivar en desigualdad entre las partes”.
¿Engaño perfecto?
José Luis Rodríguez Lainz es magistrado, dirige el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba y ha escrito varios artículos especializados sobre prueba digital e investigaciones tecnológicas. Para el juez, el horizonte que se plantea también es incierto. Rodríguez Lainz advierte que las técnicas de manipulación se encaminan a eliminar cualquier evidencia de manipulación de los archivos, es decir, borrar cualquier rastro de huella digital que exponga el engaño. Al experto le preocupa que, llegado el día, sea imposible discernir cuándo un archivo ha sido modificado o no. Lo que puede sembrar el caos.
“Estas técnicas de generación de deepfakes o de elementos probatorios falsos están evolucionando a tanta velocidad que, en cuestión de meses, probablemente, podrían llegar a borrar cualquier rastro de manipulación o empleo de herramientas”, asegura Rodríguez Lainz. El juez se plantea: “¿Cómo validar cualquier evidencia electrónica como medio de prueba en un juicio si no existen mecanismos para poder refutar su autenticidad?”.
Son, en cualquier caso, predicciones a futuro. En el día a día, la opinión de los expertos consultados es que, por el momento, la IA no supone un problema. Pero lo que vendrá en los próximos años es incierto. Sí implicará, a todas luces, un mayor esfuerzo a la hora de certificar que una prueba es de fiar. “La irrupción de estas herramientas”, remarca Rodríguez Lainz, “realmente puede llegar a cuestionar seriamente la fuerza probatoria de evidencias electrónicas, mas no a anularlas. Puede llevar a quien las aporta o a quien las impugna a difíciles retos en la defensa ante un tribunal de justicia”.
¿Y cómo desenmascarar las trampas? La respuesta no cambia: con la intervención de peritos informáticos, normalmente ingenieros, especialistas en seguir el rastro de miga de pan y averiguar quién ha manoseado un audio o un video. “Para verificar la autenticidad de una prueba”, explica Eugenio Picón, perito ingeniero de peritoinformático.es, “es crucial rastrear su origen y trayectoria hasta que cae en poder del perito. Además es esencial contrastarla con otras evidencias para confirmar su veracidad y asegurar que no ha sido manipulada”. Con la irrupción de la IA, aclara el experto, “el trabajo del perito no varía, simplemente hay que analizar mejor la trazabilidad del origen de la prueba o cómo se creó”.
Abogados, la primera línea de cazadores de 'fakes'
Abogados. Los letrados son la primera línea de detención de pruebas falsas. Sin embargo, este papel de vigilantes les coloca en una situación delicada. Si son engañados por sus propios clientes, y presentan un archivo manipulado ante un juez, pueden encarar duras sanciones. Las consecuencias pueden variar desde la suspensión del ejercicio de tres meses a, en los casos más flagrantes y graves, la expulsión de la profesión, junto con un amplio abanico de multas.
Decano. ¿Cómo actuar entonces? Albino Escribano, decano de la Abogacía de Albacete y miembro de la comisión deontológica del Consejo General de la Abogacía, recomienda, ante todo, aumentar el cuidado. El decano aconseja, en cualquier circunstancia, inspeccionar y dudar de los archivos que aporte el cliente, consciente del gran abanico de posibilidades que ahora ofrece la IA. "Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, la irrupción de la IA nos obligará a elevar el celo con este tipo de prueba". Un escenario de chequeo constante que puede resultar extraño, pues lo común es que haya plena confianza con el cliente; sin embargo, el decano recuerda que cualquier indicio es suficiente para poner la prueba en entredicho. "Los abogados estamos obligados, si tenemos la mínima duda de que la prueba es falsa, a realizar los elementos de comprobación, y en caso de duda no presentarla en el proceso judicial". No hacerlo, advierte, puede implicar sanciones y multas, y si el letrado participa en el ardid, incluso responsabilidades penales.
