Los abogados ambientalistas, claves para conciliar interés empresarial y emergencia climática
La frenética actividad legislativa en la materia les exige un alto grado de especialización
Cada vez más las empresas son conscientes de la necesidad de conciliar sus fines económicos con los compromisos de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Los abogados ambientalistas y las áreas especializadas de los bufetes son fundamentales para acomodar ambos objetivos.
El papel de los profesionales jurídicos es esencial porque “asistimos a una climatización del derecho”, reconoce Juan Antonio Loste, socio de Uría Menéndez y expresidente de la Sección de derecho ambiental del Colegio de la Abogacía de Barcelona. En la actualidad, es inconcebible prestar servicios jurídicos convencionales “sin contemplar la vertiente jurídico-ambiental” tanto desde la labor preventiva como desde la defensa en procedimientos judiciales, asegura este abogado.
Adoptar prácticas responsables para una gestión empresarial sostenible es, como asegura Javier Fernández Rivaya, socio de Garrigues, “el camino correcto que las empresas deben seguir para generar confianza y fortalecer su reputación, a la vez que para atraer inversores”.
El abogado ambientalista debe tener un profundo conocimiento de la norma ambiental y el derecho regulatorio administrativo, pero aunque esta rama jurídica es su columna vertebral es necesario tener habilidades en civil y penal.
También debe tener un amplio conocimiento fiscal motivado por las “nuevas figuras impositivas (impuesto al plástico de un solo uso, al depósito en vertederos…) que están generando muchas incertidumbres”, recuerda Santiago Garrido, socio de de derecho público y sectores regulados de Gómez-Acebo & Pombo.
En los últimos años, la función de estos abogados ha cambiado sustancialmente debido a la frenética actividad legislativa en la materia “que exige un alto grado de especialización a quienes nos dedicamos a esta materia”, asegura Daniel Vázquez, socio de Derecho Público, medioambiente y sectores regulados en Dentons España. También hay una concienciación cada vez mayor de las empresas y la sociedad en general por el desarrollo sostenible “lo que ha situado al asesor en materia de medio ambiente entre los abogados de cabecera de las grandes y medianas empresas”, según este letrado.
Por su parte, María José Rovira, socia de derecho medioambiental en Ceca Magán, afirma que se necesita “un profundo conocimiento de la normativa ambiental internacional, comunitaria y nacional; una dilatada experiencia en la práctica; un gran conocimiento de la Administración Pública, en particular de las comunidades autónomas, y prever los riesgos que conlleva cada actuación a fin de asesorar al cliente la mejor opción”.
Respuesta jurídica
Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), asegura que “la respuesta de la comunidad internacional contra la degradación ambiental, advertida desde hace décadas por los científicos, es precisamente de carácter jurídico”.
Los pleitos climáticos a lo largo del mundo se están multiplicando en los últimos años como una herramienta para intentar forzar a diferentes gobiernos a ser más ambiciosos para frenar el calentamiento global. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el número total de casos ha pasado de 884 en 2017 a 2.180 en 2022.
José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace España, respalda las reclamaciones de las ONG para que “el derecho al medio ambiente que recoge nuestra Constitución sea un derecho fundamental y no un principio rector como es en la actualidad”. La gravedad del problema del cambio climático necesitaría su tutela como derecho fundamental para “otorgarle más protección”, recuerda este letrado que recibió en 2019 el premio Derechos Humanos de la Abogacía.
Marraco asegura que la situación provocada por los efectos de las huelgas y el colapso del Poder Judicial afecta de una forma especial a la “justicia ambiental, que necesita una mayor dotación de medios”.
CincoDías ha entrevistado a seis de los más prestigiosos abogados ambientalistas de España para conocer el papel del derecho en la lucha contra el cambio climático.
Daniel Vázquez (Dentons España)
“Ayudamos a los clientes a caminar hacia lo que está por venir ”
El socio del área de derecho público, medio ambiente y sectores regulados en Dentons España destaca que los abogados ambientalistas tienen que ser profundamente conocedores del derecho existente y de las “corrientes legislativas del futuro para ayudar a sus clientes a moldear sus políticas internas para que la transición hacia lo que está por venir en términos de desarrollo sostenible no sea traumática”. Daniel Vázquez centra su práctica profesional en temas relacionados con permitting, emisiones industriales, comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, aguas, residuos, economía circular, suelos contaminados y seguros medioambientales. Entre sus clientes se encuentran empresas nacionales e internacionales de los sectores químico, inmobiliario, minero, farmacéutico, energía y retail. Vázquez reconoce que “los criterios ESG ayudan a las empresas a conocerse mejor y generar confianza en los stakeholders”.
María José Rovira (Ceca Magán)
“Entre los conflictos más comunes, los de vertidos”
Para María José Rovira la integración de la sostenibilidad en las compañías es “señal de buena gestión, y generalmente lleva a la empresa a la innovación, eficiencia operacional, mitigación de riesgos, compromiso con los empleados, cultura propia, mejora de imagen y reputación”. La socia responsable del área de derecho medioambiental de Ceca Magán está especializada en materia de prestación de servicios públicos (residuos, agua, energía), licitaciones y contratación pública. En concreto, en la dirección de conflictos ambientales entre compañías de todo tipo y tamaño frente a las Administraciones públicas. Esta abogada reconoce que los conflictos jurídicos en temas ambientales más comunes son las emisiones, vertidos, aprovechamientos, residuos, procedimientos sobre suelos, comercialización de sustancias y prevención de riesgos. En su bufete, han conseguido una reducción del 82% de las botellas de plástico usado.
Ana Barreira (IIDMA)
“El derecho internacional ambiental no se respeta”
La directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) inició su andadura profesional en la oficina londinense de Allen & Overy. Ana Barreira ha sido asesora legal para la presidencia española de la Unión Europea de 2002, interviniendo en el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. Fue abogada de Oceana Europa y ha litigado en temas relativos al acceso a la información ambiental, pesca, contaminación por mercurio y protección del medio marino. Barreira pone el acento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de carácter ambiental porque, “aunque tenemos convenios internacionales en áreas como el cambio climático, la biodiversidad, los recursos hídricos o la atmósfera firmados hace décadas que son jurídicamente vinculantes, en muchas ocasiones no se respetan”. Apuesta por introducir el derecho ambiental como una asignatura obligatoria en la carrera de Derecho.
Santiago Garrido (Gómez-Acebo & Pombo)
“Los expertos deberíamos tener formación científica”
A lo largo de su trayectoria, el socio del departamento público y regulatorio de Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) ha asesorado a empresas, colectivos y asociaciones empresariales en operaciones y procedimientos, principalmente en asuntos relacionados con medio ambiente, energía y recursos naturales. También ha participado en borradores de leyes y reglamentos relacionados con la normativa medioambiental. Santiago Garrido aconseja a los abogados dedicados a los temas ambientales que, además de los conocimientos jurídicos, “tengan formación de carácter técnico o científico”, ya que es frecuente encontrar en los departamentos de medio ambiente de los grandes despachos a ingenieros, biólogos, químicos, arquitectos o licenciados en ciencias ambientales. En GA_P han constituido en 2023 el comité de sostenibilidad de la firma para coordinar su política medioambiental y la ejecución de las prioridades estratégicas sobre ESG.
Victoria Esteban (Garrigues)
“El medio ambiente puede atraer inversiones en la UE”
La socia de la práctica de derecho administrativo y urbanismo de Garrigues cuenta con una dilatada experiencia en energía que engloba el sector eléctrico y el de hidrocarburos. En su carrera, destaca su asesoramiento en materia de derecho medioambiental: autorizaciones sobre aguas, costas, espacios protegidos, residuos, cambio climático o eficiencia energética. Además de asesorar en importantes proyectos vinculados a las renovables, Victoria Esteban ha participado en temas novedosos como la producción de hidrógeno verde o centrales hidroeléctricas de bombeo. “La reciente política y normativa de protección del medio ambiente, de transición energética y de descarbonización de la UE plantea un importante desafío en los próximos años, pero puede ser una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones”, asegura la socia de un bufete que presume de que el 100% de sus oficinas consume energía eléctrica de origen renovable.
Juan Antonio Loste (Uría Menéndez)
“El puzle legal tutela las actividades ambientales”
Este profesor de la Universidad Pompeu Fabra centra su práctica jurídica como socio de derecho ambiental e industrial de Uría Menéndez. Posee una dilatada experiencia asesorando a grupos industriales del sector químico, siderúrgico, papelero, energético, de refino y de gestión de residuos. Su actividad alcanza el asesoramiento en procesos de nueva implantación o transmisión de activos industriales, así como la defensa judicial. Loste, que fue presidente de derecho ambiental del Colegio de la Abogacía de Barcelona, define este derecho como “el conjunto de normas trasversales que, a modo de puzle, orienta y tutela aquellas actividades que pueden tener incidencia ambiental”. Durante su larga experiencia ha asesorado a Gobiernos en el ámbito nacional e internacional en la definición de sus políticas ambientales y en la elaboración y desarrollo de proyectos normativos y bases para grandes concursos de infraestructuras públicas.
