Los letrados judiciales se plantan: no descartan otra huelga si Justicia no cumple con la subida salarial
El acuerdo, alcanzado el pasado 28 de marzo, comprendía un incremento de 430 euros brutos al mes
Los letrados de la Administración de Justicia mantienen el pulso con el Ministerio de Justicia en funciones a cuenta de la subida salarial firmada con los representantes del colectivo que puso fin a una huelga indefinida de más de dos meses.
Los letrados están dispuestos a convocar nuevas movilizaciones si el Gobierno no aprueba las modificaciones normativas necesarias para hacer efectivo lo pactado. "No descartamos ninguna medida", afirman desde la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) tras la reunión mantenida este miércoles con el secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, a la que han asistido junto con el Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia. El fantasma de una huelga está, de nuevo, en el aire.
El acuerdo, alcanzado el pasado 28 de marzo, comprendía una subida de 430 euros brutos al mes como "complemento de eficiencia"para la mayor parte del colectivo, unos 3.870 letrados (el 94%) que trabajan en territorios donde no está implementada la oficina judicial. Sin embargo, los letrados no han recibido ni siquiera los atrasos al no haberse modificado el reglamento retributivo del colectivo. De momento, según confirman desde las asociaciones a Cinco Días, los funcionarios no han percibido esta cantidad (el 40 % de la cifra global negociada), que estaba previsto que se cobrasen en julio.
Los letrados han emitido una nota en la que califican de "excusas" las razones del Ejecutivo para aplazar estas actuaciones. La celebración de elecciones generales el pasado 23 de julio ha dejado en funciones a los representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda. Sin embargo, los funcionarios afirman que el último Consejo de Ministros aprobó la tramitación administrativa urgente de nuestros decretos retributivos, y que los responsables la han paralizado sin justificación. "El Sr. Olmedo continúa escudándose en la incertidumbre política vigente para justificar la inacción del Ejecutivo", afirman en su comunicado. En su opinión, el Gobierno en funciones "está obligado a atender el despacho ordinario de los asuntos públicos y, por tanto, a culminar los trámites legales pendientes para hacer efectivo lo pactado".
"Es imperioso que los ministerios de Hacienda y Función Pública y Justicia, y sus titulares, las Sras. Montero y Llop, y más allá de las acciones legales que las asociaciones nos hemos visto obligadas a ejercer para exigir el cumplimiento forzoso del Acuerdo, intensifiquen las gestiones que permitan, aunque tarde, hacerlo efectivo sin más demora", exigen desde el colectivo. "Si el Gobierno de España sigue buscando excusas para no cumplir con su propio Acuerdo, está más que justificado que se retomen de inmediato todas las medidas que sean necesarias", finalizan.
La última crisis costó la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones.
