El exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, condenado por desobediencia en el estado de alarma
El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga le impone 5.400 euros de multa
El exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha sido condenado a pagar 5.400 euros por un delito de desobediencia grave a la autoridad al no enviar abogados de guardia que se hicieran cargo de unos detenidos tal y como le exigía el requerimiento judicial emitido. En la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga, se le condena a doce meses de multa a razón de 15 euros al día, lo que hace una suma total de 5.400 euros.
Los hechos sucedieron en mayo de 2020, durante el primer estado de alarma por la pandemia del Covid-19. El decano emérito alegó motivos de falta de seguridad y defendió velar por la salud de sus colegiados para rechazar la gestión encomendada. Sin embargo, la magistrada que dicta la sentencia considera probado que Lara "tomó una decisión personal" en la que influyeron las "discrepancias al parecer existentes en un plano personal" con la jueza que dictó la resolución sobre servicios de guardia. Por tanto, considera que el exdecano cometió un delito de desobediencia a la autoridad recogido en el artículo 556 del Código Penal.
Apoyo institucional
El fallo ha provocado la reacción inmediata del Colegio de Abogados de Málaga, que se ha pronunciado en estos términos: "La Junta de Gobierno reitera su apoyo nuestro decano emérito. Seguimos confiando en la Justicia y en una resolución favorable, al entender que las actuaciones que se llevaron a cabo por el Colegio en esa fecha fueron bienintencionadas y en defensa de la salud de los abogados de oficio, que tenían el encargo constitucional de asistencia al detenido, atendida la precariedad de los medios preventivos existentes en ese momento". El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se ha adherido al comunicado difundido este jueves.
Otra de las corporaciones que se ha puesto del lado del exdecano es el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ha emitido una nota en la que manifiesta su discrepancia con la resolución. Según indican, "el ICAM siempre ha sido respetuoso con cualquier resolución judicial. Sin embargo, recibimos la sentencia del decano Lara con la percepción de un profundo bochorno jurídico. La sentencia dictada denota la absoluta ausencia de capacidad de diálogo de la magistrada denunciante, la nula empatía con la abogacía de oficio y la plena abstracción del contexto dramático de pandemia y muerte que padecía España. Todo ello ha desvirtuado elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que, sorprendentemente, han sido obviados en la resolución. El Derecho Penal debe aplicarse siempre bajo los principios de última ratio y proporcionalidad en la respuesta. Manifestamos el más firme apoyo al decano Lara y a la abogacía de oficio, en la convicción de la corrección del desafortunado fallo en una instancia superior".
Por su parte, la Confederación Española de Abogacía Joven (CEAJA) ha calificado el fallo de "inaceptable". "Es evidente la falta de consideración con el turno de oficio en el contexto de pandemia en el que el país se encontraba. Todo ello, sumado a la ausente proporcionalidad en el fallo condenatorio, nos lleva a considerar la sentencia un bochorno para la Justicia. No obstante, la Confederación sigue confiando en el sistema judicial español con el convencimiento de que en instancias superiores se tomará la decisión correcta", afirman.
