La irrealidad de una Justicia sin voluntad
No son precisos pactos de Estado, ni palabras grandilocuentes, basta con tener voluntad y un proyecto real
Todavía es pronto para elaborar un balance final de una legislatura (la XIV) a la que esperan meses decisivos. No obstante, y desde la perspectiva de las políticas públicas en justicia, cabe interrogarnos sobre qué ha ocurrido en este tiempo ahora que las huelgas y el colapso han centrado toda la atención de un área que es consustancial a la misma proclamación de nuestro país como un Estado de Derecho.
En estos contextos —críticos e inciertos— es recurrente la apelación a la consecución de pactos de Estado, de grandes acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que sean capaces de definir los objetivos principales sobre los que debe recaer la acción normativa y ejecutiva. Sin embargo, la realidad es que los consensos no exigen tanto de escenificaciones pomposas y aplaudidas y sí más de discreción, esfuerzos conjuntos y, sobre todo, definición esencial de proyectos. Y voluntad.
¿Hace falta un pacto de estado en materia de justicia? No. El diagnóstico sobre los muchos problemas que asolan el escenario judicial español es conocido y compartido por los partidos con representación parlamentaria, por los colegios profesionales, y también por otros órganos e instituciones como el Consejo General del Poder Judicial. No creo que exista disenso en la comprobación de la falta de medios personales o en la detección de algunos problemas de interoperabilidad en el despliegue digital de la Administración de Justicia. El problema —insisto— no es un ausente común análisis de los agentes implicados. El problema es la falta de un proyecto, o, mejor dicho, de un proyecto "real".
Las leyes de eficiencia, con mayor o menor discusión o controversia en algunos de sus puntos y novedades, ofrecen un marco apropiado para, al menos, el debate sobre cómo debe ser la justicia en un país que cada año incrementa los volúmenes de ingreso de asuntos y que, no obstante, se sigue estructurando sobre una pirámide diseñada hace varias décadas.
La planta judicial, el papel de la mediación, las costas procesales, la implantación efectiva de herramientas digitales que coadyuven a la automatización de tareas básicas… Los puntos que deben abordarse existen, han sido objeto de desarrollo prenormativo y sometidos a debate en los foros jurídicos. Pero no cristalizan. Y no sólo eso. En apariencia, al menos con la retrospectiva que conceden en estos años, pareciere que el poder político no tiene ningún interés en reformar la justicia en España. Incluso aunque exista comunión en lo fatal de su diagnóstico.
Quienes por diversas razones profesionales hemos tenido el privilegio de conocer la labor técnica que se hace en la política de ministerios u órganos parlamentarios sabemos del peso preferente de la voluntad de las personas sobre el contenido o amplitud de las propuestas. Y eso es, precisamente, lo que está fallando en las políticas públicas de justicia. La ausencia de voluntad real es absoluta.
No será argumento de campaña, ni cita en ningún debate electoral, siquiera será mencionado en algún mitin, pero el ciudadano tiene derecho a conocer cuál es el impacto económico de los 15.000 millones de euros que mensualmente son objeto de tratamiento en las cuentas de consignaciones y depósitos de los juzgados, o por qué existen más de 2,5 millones de ejecuciones todavía en trámite, o cuáles son las razones que acontecen para que la legalidad de un despido se pueda llegar a juzgar tres años después.
No son precisos pactos de Estado, ni palabras grandilocuentes, ni siquiera (casi) ambiciosas reformas normativas… Basta con entender que la justicia es mucho más que una fábrica irracional de resoluciones. Basta con tener voluntad. Y un proyecto. Un proyecto real.