La falta de funcionarios de carrera en los ayuntamientos
Convertir en funcionarios de carrera al personal interino vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad
Los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, es decir, los secretarios, interventores y tesoreros, vienen ejerciendo estas funciones en los ayuntamientos de toda España desde los primeros pasos del municipalismo. La habilitación nacional supone el ingreso en un cuerpo único, dividido en tres subescalas, que no son seleccionados por el propio ayuntamiento, sino por la Administración del Estado. La selección, provisión y formación desde arriba, fuera de los procesos propios de cada entidad local, es una garantía de independencia en el ejercicio de sus funciones.
La crisis financiera de 2008 supuso para los ayuntamientos la necesidad de ajustar su gasto a la merma de sus ingresos presupuestarios. A partir de aquel momento, las reglas fiscales presidían la actuación municipal. Todo ello aderezado con el aumento de la deuda comercial y la necesidad de aprobar planes para acceder a medidas extraordinarias de liquidez.
Pues bien, en ese momento, la figura de los habilitados nacionales se muestra crucial en las labores de control del gasto municipal y de la disciplina económica. Tanto que, en años posteriores a la crisis, poco o nada malo se ha vuelto a oír de la situación financiera de los ayuntamientos, la cual llegó a que, incluso, en el año 2020, el Gobierno plantease en un malogrado decreto poder utilizar el ahorro de los ayuntamientos en la lucha contra los efectos de la pandemia.
Con la suspensión de las reglas fiscales, a partir de la pandemia declarada en el año 2020, el gasto público municipal se ha vuelto a disparar. Así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha alertado recientemente que los grandes ayuntamientos han disparado su gasto un 23%.
Hemos de advertir que actualmente existe una carencia de provisión de estos puestos de trabajo a través de funcionarios de carrera. Existen, por ejemplo, un total de 1.048 vacantes en la subescala de intervención-tesorería para municipios de cinco a veinte mil habitantes. Solamente un 46,83% están cubiertas por funcionarios con plaza en propiedad. En términos totales, de 7.685 plazas de habilitados nacionales, se hallan vacantes prácticamente la mitad, un 47,5%, cosa que no sucede en ningún otro cuerpo de la Administración.
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, no es buena solución. Convertir en funcionarios de carrera a personal que estaba desempeñando las funciones de manera interina sin realizar unas mínimas pruebas selectivas, como hemos tenido que hacer los actuales habilitados nacionales, es una vergüenza y una barbaridad porque entendemos que vulnera gravemente los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Nuestro Consejo General de Colegios (COSITAL) ha denunciado ante los tribunales el proceso de estabilización y esperamos que se plantee cuestión de inconstitucionalidad sobre dicho proceso. A pesar de ello y de la oferta extraordinaria de 1.000 plazas anunciada por el Ejecutivo, si no se siguen produciendo ofertas de empleo adicionales, no se solucionará este problema en el medio plazo. Paradójicamente, España es el país con más paro juvenil de Europa. Deberíamos comenzar a darle la vuelta a este problema.
Lo que va a ocurrir es que adjudicadas esas habilitaciones, los que han estado ocupando una de esas plazas de manera interina en los municipios menos atractivos para los que somos funcionarios por oposición, al poco, quieran concursar a zonas (permítanme la licencia) “socialmente más atractivas”. Es decir, otra vez el cortoplacismo les lleva a arreglar un problema para crear otro a medio plazo.
La falta de estos funcionarios es, en buena parte, consecuencia de los años de transferencia de las funciones de selección a las comunidades autónomas, resultando que, en los cuatro años de ejercicio atribuido de convocatoria por parte de las autonomías se ofertaron 584 plazas, mientras que el Estado había ofertado en los tres años anteriores a 2007 la cantidad de 1.675 plazas vacantes.
Sin duda alguna, el problema de la planta municipal en el territorio español condiciona la situación de los habilitados nacionales. Es por ello que el papel de servicios de asistencia a municipios provinciales o autonómicos se muestran esenciales. Afortunadamente, la Comunidad de Madrid ha creado la Subdirección General de Asistencia a Municipios regulando el servicio a las entidades locales. Durante el año 2022, por esa Subdirección General, se han prestado un total de 272 asistencias a municipios y otras entidades, y 193 en lo que va de 2023, convirtiéndose ya en habitual para muchos municipios que, de manera estructural, cuentan con estos puestos vacantes.
Fernando Aguado Barriales, secretario e interventor-tesorero de la administración local con habilitación de carácter nacional.