Comprar vivienda en Baleares: legislar no es prohibir
Cargar a los particulares con las obligaciones que corresponden a los poderes públicos es algo totalmente contraproducente e incorrecto
Las prohibiciones nunca han sido buenas y mas si hablamos de leyes y en concreto del mercado inmobiliario. Nunca vas a mejorar algo prohibiendo a otro hacerlo y en este caso es lo que pretenden hacer en Baleares, prohibir a los extranjeros comprar para que los foráneos puedan acceder al parque inmobiliario balear.
No es la primera vez que la política de las Islas Baleares va hacia esta dirección de limitaciones o prohibiciones en la propiedad y deberían aprender de su experiencia que nunca han salido bien.
Es evidente que en Baleares, y en general en España, existe un mercado inmobiliario convulso, con precios exorbitantes y que impide a la juventud y a muchas familias acceder al mismo con la compra de una vivienda o bien con un alquiler. ¿Pero este problema se va a solucionar prohibiendo que los extranjeros compren un inmueble? Pues es evidente que no.
En la Unión Europea hay una libertad de circulación y de residencia para todos los ciudadanos de un Estado miembro. Es un principio que quiere fortalecer la misma finalidad de la Unión Europea, que es precisamente que exista una alianza entre los Estados y sus miembros.
Hay que traer a colación que los extranjeros que compran con una golden visa adquieren un inmueble de más de 500.000 euros y que no suponen un porcentaje elevado. En mi opinión, no impiden que los ciudadanos Baleares puedan acceder a un inmueble.
Haciendo este análisis preliminar, sin necesidad de profundizar en estadísticas, creo que esta regulación no va a servir de nada, como tampoco va a promover un mejor acceso a la vivienda ni provocar su bajada de precio. No es la forma y lo único que provoca es alarma social y que haya inestabilidad en el mercado porque si en estos días alguien, extranjero o no, va a comprar un inmueble como inversión se lo pensará, le entraran dudas y más de una operación se dejara de hacer.
Es evidente que existe una problemática social con la vivienda, muchos jóvenes no pueden acceder a comprarse un inmueble y los alquileres también son prohibitivos, por lo que no pueden independizarse o bien necesitan del auxilio de sus padres para poderlo hacer. Y no solo los jóvenes hay familias que tampoco pueden por sus circunstancias económicas.
Pero, en mi opinión, estas situaciones no van a desaparecer con una norma que impida a los extranjeros o ciudadanos de la Unión Europea comprar un inmueble en Baleares.
Por tanto, lo que debería hacer el gobierno balear es ayudar a esas familias a que tengan su propia vivienda. La constitución promulga en su artículo 47 que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
La consigna es muy clara, los poderes públicos deben promover las condiciones para que se produzca este derecho y prohibir o imponer a los particulares que deben facilitar a otros una propiedad no es lo que promueve.
Es evidente que una prohibición siempre da más titulares, hace que todos hablemos de ello y que estén en boca de todos, pero fomentar el acceso a un inmueble con más vivienda social, incentivos fiscales o la concesión de ayudas a quienes las necesitan, también debería ser un reclamo.
Favorecer la construcción de vivienda social, a través de la promoción adecuada por parte de los poderes púbicos, dar incentivos fiscales como, por ejemplo, legislando rebajas de impuestos para que los baleares puedan adquirir una vivienda o acceder a un alquiler, deberían ser medidas más que suficientes para dar estabilidad al mercado inmobiliario. Sin embargo, nunca se oyen como reclamo de los políticos para que les voten, no suelen aparecer en los programas políticos. Como decimos prohibir es algo que suena más y que parece mas fácil.
Existe la tendencia a delegar en los particulares el peso de procurar esa vivienda digna y adecuada mediante intervenciones y obligaciones. Normas que imponen sanciones y que provocan que haya menos inversión o en definitiva libertad de mercado.
Creo sinceramente que no es la manera, pues cargar a los particulares con las obligaciones que corresponden a los poderes públicos es algo totalmente contraproducente e incorrecto. Pero es loa práctica que impera actualmente, hacer leyes que luego van directas al Tribunal Constitucional.
En definitiva, prohibir a ciudadanos extranjeros comprar un inmueble no va a beneficiar, todo lo contrario, perjudicara el mercado y generara tensiones. ¿Hasta cuando vamos a seguir con este tipo de medidas?
Desde mi humilde opinión ya va siendo hora de que los poderes públicos empiecen a hacer las cosas bien y busquen favorecer el mercado con ayudas y no sanciones, legislar no es prohibir.
Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal Barcelona.