La aeromovilidad, en duda
Europa ya ha asumido con gran responsabilidad el impulso normativo, pero en España aún queda mucho trabajo por hacer
Todo ciudadano, aunque sea solo basado en la ciencia ficción, se ha cuestionado si realmente algún día verá coches voladores surcando el cielo de nuestras ciudades, lo que lleva irremediablemente a la siguiente pregunta: ¿será seguro? O lo que es lo mismo, dado que nada es 100% seguro: ¿merece realmente la pena?
La respuesta a esta simple dialéctica personal no es sencilla. Que la aeromovilidad llegue a ser parte de nuestros sistemas de transporte urbano va a depender de numeroso factores; desde factores tecnológicos hasta factores sociológicos. Quizá, sin embargo, podamos centrar el primer debate en una cuestión mucho más preliminar, analizando si tenemos o estamos redactando la normativa necesaria para que la aeromovilidad pueda desarrollarse y ser una realidad.
Aunque se cuestione si realmente merece la pena todo el esfuerzo normativo y administrativo que conlleva la integración del transporte aéreo en nuestro sistema de transportes municipal, la respuesta no admite lugar a dudas: rotundamente sí. Nos encontramos ante la generación de una industria totalmente nueva de gran importancia económica y social, y España parte aventajada por contar con una importante industria aeronáutica, simplemente no puede quedarse al margen. Y para que esta oportunidad se consolide, e incluso incremente su importancia en el sector aeronáutico, hay que volver a mirarlo desde la perspectiva regulatoria.
Hay que partir de que todas las cuestiones aeronáuticas relativas a la aeromovilidad ya están siendo reguladas a nivel europeo. Tanto la Comisión Europea como la European Union Aviation Safety Agency (EASA) en coordinación con los Estados miembros, con la colaboración de la sociedad civil y militar y con el apoyo de las empresas, han dictado una profusa normativa aeronáutica, proporcionando un conjunto armonizado de regulaciones, reglas e incluso estándares a nivel de la Unión Europea.
Europa ya ha asumido con gran responsabilidad el impulso de la aeromovilidad y ha puesto en marcha una maquinaria normativa de gran calado para lograrlo. Pero en España aún queda mucho trabajo por hacer al respecto.
La inserción de un nuevo medio de transporte en nuestro sistema no es nada sencillo, siendo incluso más complicado si dicho medio de transporte es aéreo y, además, con vocación de ser urbano. La implantación de la aeromovilidad pone sobre la mesa toda una serie de cuestiones legales que, por ahora, nadie está abordando. Adicionalmente, el hecho de que se la califique de “urbana” incrementa tanto el número como la complejidad de dichas cuestiones, las cuales deben ser resueltas si realmente queremos encontrarnos ante un nuevo medio de transporte.
Resulta imprescindible que se revisen todas las normas que establecen las bases de nuestro sistema de transporte y encajar en el mismo algo que hasta ahora no había existido, como es el rol de las ciudades con respeto al transporte aéreo urbano. Habrá que plantearse si la evolución de la tecnología y de las capacidades de los municipios hace que deba reconocerse a los mismos ciertas competencias sobre el dominio público aéreo, sobre todo si este va a estar claramente diferenciado del resto de espacio sometido a control de tráfico aéreo.
En cualquier caso, incluso si dejamos a un lado las cuestiones relacionadas con la gestión del espacio aéreo, está claro que los drones que transporten personas o mercancías con carácter general despegarán y aterrizarán en ubicaciones de un mismo municipio. Es decir, las ciudades tendrán que decidir qué modelo de movilidad aérea urbana quieren para su ciudad, dónde y de qué manera se ubican los vertipuertos, si el movimiento de los drones y las aerovías deben estar o no previstas en su planeamiento, qué impuestos van a aplicar, qué medidas de contención del ruido o de protección ciudadana se les va a exigir o qué autoridades van a ser las encargadas de garantizar el cumplimiento, entre otra infinidad de cuestiones.
Pues bien, en tanto que todas las administraciones implicadas no empiecen a enfrentarse a las difíciles cuestiones que plantea la inserción de la aeromovilidad en los sistemas de transporte urbanos españoles, no estaremos realmente creando ese marco normativo imprescindible para que la aeromovilidad sea una realidad. Puede que las autoridades aeronáuticas culminen todo un compendio de normas técnicas que garanticen la seguridad y viabilidad de los drones, pero si luego los empresarios no saben ni a qué ventanilla dirigirse para que le autoricen la construcción de un vertipuerto, todo el esfuerzo realizado por la Unión Europea para conseguir ser uno de los actores principales de la nueva industria de la aeromovilidad no tendrá ninguna repercusión en España.
Miguel Nieto, socio responsable del departamento de transporte y movilidad de Pinsent Masons.
Enrique Sánchez, responsable de la división de soluciones aéreas no tripuladas en NTT DATA.