Los despachos De la Riva y Pastor y Frago y Suárez Abogados Penalistas llegan a una alianza estratégica
El objetivo es reforzar el área de cumplimiento normativo del primer bufete y el de público y societario del segundo
De la Riva y Pastor Abogados, firma especializada en derecho administrativo y mercantil radicada en Madrid, ha llegado a una alianza estratégica con Frago y Suárez Abogados Penalistas, despacho con sede en A Coruña liderado por el fiscal de delitos económicos en excedencia Juan Antonio Frago y la letrada Verónica Suárez. El propósito de la operación es, por un lado, reforzar el área de cumplimiento normativo del primer bufete, y, por otro, ofrecer a los clientes del segundo un servicio legal más completo en materia de derecho público y societario.
Según han dicho Ignacio de la Riva y Félix Pastor, socios de De la Riva y Pastor Abogados, con esta operación dan “un paso adelante con profesionales de máximo prestigio que ayudarán a representar los intereses de los clientes en cualquier proceso penal”, no solo en materia de corrupción o delitos contra el urbanismo y el medio ambiente. Por su parte, Antonio Frago y Verónica Suárez han explicado que fruto de esta alianza “cada despacho podrá generar sinergias hacia el otro, además de cubrir mejor las dos áreas geográficas” en las que operan.
Ignacio Rodríguez de la Riva y Félix Pastor, que han ejercicio la asistencia letrada en diferentes procedimientos mediáticos de corrupción, como la operación Púnica o el caso ITV, avanzan que su plan estratégico contempla reforzar la plantilla con contrataciones y promociones internas, así como con acuerdos externos de colaboración.
Uno de los retos legales que traerá este año en su área de actividad, según explican, será la gestión de los fondos europeos de recuperación, "que impulsarán la contratación pública”. Además, “la situación paralela de crisis en muchas empresas generará no pocos problemas de insolvencia y podrá dar lugar a movimientos en el área de fusiones y adquisiciones, o de crisis internas en el accionariado de las empresas que den lugar a salidas de socios judicializadas”.