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En colaboración conLa Ley

Errores que salen caros: hasta 3,6 millones de euros por una negligencia profesional

La pérdida de oportunidad procesal es motivo habitual de indemnización al cliente

GETTY IMAGES

Los abogados tienen un deber de máxima diligencia con su cliente, que consiste en realizar las labores encomendadas con total rigor y profesionalidad. De no cumplir con ello, las consecuencias económicas pueden ser muy elevadas, tanto para el propio letrado como para las compañías que aseguran su responsabilidad civil.

Una de las mayores indemnizaciones conocidas hasta la fecha se impuso en 2019, por no avisar al cliente del plazo para recurrir un fallo. La Audiencia Provincial de Madrid condenó al abogado, junto con su aseguradora, a pagar un total de 3.658.980 euros más intereses, por ser responsable del perjuicio económico que supuso para su defendida no haber podido recurrir a tiempo una sentencia desfavorable que, según el tribunal, seguramente habría ganado (acceda aquí a la sentencia).

El letrado había sido contratado por una asociación de afectados por la expropiación de sus terrenos en el distrito de Tetuán (Madrid) para recurrir la tasación fijada por la Administración. Tras obtener dos sentencias desestimatorias, el abogado les aconsejó no continuar con el pleito porque pensó que acudir en casación ante el Tribunal Supremo era muy arriesgado.

Pérdida de oportunidad

La pérdida de oportunidad procesal también fue el detonante de la indemnización de 12.000 euros con la que se sancionó a un abogado que no avisó a su cliente de la fecha de la vista en el que se revisaría el importe de la pensión compensatoria que le pasaba su exmarido. Al no presentarse, la mujer, a la que asistía dicho letrado, no pudo defender su postura y se dieron por ciertos los hechos alegados por la otra parte (acceda aquí a la sentencia).

Hasta el Tribunal Supremo llegó el caso de una letrada que no hizo lo suficiente para evitar que la reclamación que su representada le había encargado expirara, tras recalar en un juzgado que no tenía competencia para resolver el asunto. El alto tribunal reprochó a la abogada “la más elemental falta de diligencia” por su pasividad cuando fue informada de la equivocación del decanato, que trasladó la demanda a un juzgado de primera instancia en vez de a uno de familia, que era el competente. La letrada fue condenada a pagar a su excliente 30.578,86 euros más intereses (acceda aquí a la sentencia).

La presión del cliente

En el lado opuesto, la insistencia en un caso imposible de ganar también puede ser causa de negligencia. Así lo determinó, la Audiencia Provincial de Badajoz cuando condenó a un abogado a indemnizar con 28.972 euros a su representado por no advertirle del evidente riesgo de fracaso del asunto. Aunque el letrado se excusó en que era su cliente quien le empujaba a seguir con el caso, el tribunal consideró que había vulnerado el estándar de calidad exigible a los servicios profesionales en el ámbito jurídico, al interponer hasta en cuatro ocasiones una demanda exigiendo el pago de una deuda que nunca se produjo (acceda aquí a la sentencia).

Tampoco las prisas del cliente justificaron la mala praxis del abogado en un caso que resolvió la Audiencia Provincial de Valladolid en 2017, fijando una indemnización de 147.605,36 euros. Según, expresó el tribunal la actuación incompetente del letrado, incumpliendo los plazos establecidos en la ley, motivó que el empresario tuviera que hacer frente a la readmisión de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) posteriormente anulado por defectos en la tramitación (acceda aquí a la sentencia).

Sin embargo, hay casos en los que no hacer caso de las indicaciones del cliente también puede provocar una negligencia profesional. La Audiencia Provincial de Girona condenó hace unos meses a un abogado a pagar 5.000 euros a su cliente por no declarar un concurso de acreedores a tiempo cuando éste se lo ordenó. El empresario tuvo que responder ante los acreedores con el dinero de su propio bolsillo por no declararse insolvente a tiempo. Eso sí, el tribunal manifestó sus dudas respecto a que la dejadez del letrado fuese la única causa del daño patrimonial, por lo que rebajó la compensación de 36.000 euros a 5.000 (acceda aquí a la sentencia).

Reclamaciones de clientes que no prosperaron

 

Hizo lo que su cliente le dijo. En una reciente sentencia, la Audiencia Provincial de Zaragoza rechazó condenar al abogado al que sus clientes acusaron de tomar una decisión errónea que les costó 12.000 euros (texto de la sentencia aquí). El tribunal negó que el letrado fuese negligente y que los reclamantes estuvieran “mal informados”, ya que la estrategia fue revisada por uno de los afectados, un jurista experto.

 

 

Fracaso de la vía legal elegida. Otro caso fue el de una comunidad de propietarios que reclamaba daños y perjuicios a su abogado por el fracaso de la vía legal elegida. El Tribunal Supremo señaló que, el hecho de que la excepción de inadecuación del procedimiento prosperara no implicaba, por sí solo, la existencia de responsabilidad para el abogado, especialmente si existían dudas objetivas sobre el valor de los terrenos (texto de la sentencia aquí).

 

 

Inadmisión de un recurso de casación. Lograr la admisión de un recurso de casación es una de las actuaciones profesionales que presenta más dificultad en la práctica procesal, es lo que manifestó el Tribunal Supremo a raíz de un caso en el que los clientes culpaban a su abogada de haber cometido un error procesal al redactar el escrito de preparación del recurso de casación (texto de la sentencia aquí).

 

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