40 años buscando la garantía de los derechos de la infancia en los procesos de Familia
Debe garantizarse la especialización de los operadores jurídicos intervinientes en los procedimientos judiciales y los medios humanos y materiales precisos para evitar dilaciones
Han pasado 40 años desde que en 1981 se promulgaran las leyes 11/81 de 13 de mayo y 30/81 de 7 de julio que vinieron a modificar el Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, la primera de ellas y el procedimiento a seguir, en las causas de nulidad, separación y divorcio -hasta este momento sin regular- la segunda.
La competencia de la jurisdicción civil del estado para conocer de los procedimientos matrimoniales, hasta ese momento en manos de los Tribunales Eclesiásticos, dio lugar a la creación, de forma experimental de los denominados Juzgados de Familia en las capitales de 15 provincias, entre ellas Madrid y Barcelona, que se irían extendiendo por todo el territorio nacional.
En el año 2021 el derecho de acceso a la jurisdicción en esta materia sigue sin estar garantizado para toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, ya que, según el lugar de su residencia, deberá acudirse a un juzgado especializado, o a uno generalista, con la consiguiente dilacción de plazos por la falta de medios humanos y materiales.
Una administración de Justicia, lenta y sin recursos no garantiza los derechos que debe proteger y, en este caso , los niños, niñas y adolescentes son víctimas inocentes al verse inmersos en procedimientos de ruptura entablados por sus progenitores que pueden tardar hasta mas de dos años en resolverse y que les condena a permanecer en un ambiente familiar explosivo porque, por ejemplo, el equipo psicosocial que ha de emitir un informe sobre su custodia, se encuentra saturado de trabajo, o porque el señalamiento de la vista no puede llevarse a cabo en un plazo razonable.
Durante los pasados 25 y 26 de marzo en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid hemos celebrado el I Congreso de la Infancia y de la Adolescencia, organizado conjuntamente con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y la Plataforma Familia y Derecho, de la que forman parte destacados miembros de la Judicatura, la Abogacía, Fiscalía y el resto de operadores que coditianamente intervienen en los procesos de familia, menores y capacidad.
En este primer Congreso, los más de 80 especialistas que han intervenido en las mesas de trabajo, han denunciado la necesidad, que debe atenderse de forma inaplazable, de hacer real la Igualdad de derechos de la ciudadanía al acceder a la Jurisdición de Familia, con independencia de cual sea su lugar de residencia.
Hemos considerado que debe garantizarse la especialización de todos los operadores jurídicos intervinientes en los procedimientos judiciales, así como los medios humanos y materiales precisos que hagan posible un procedimiento sin dilaciones.
La regulación de los equipos psicosociales de forma homogénea en toda España, en cuanto a la formación de sus componentes, el acceso al nombramiento, y metodología de realización del informe que emita, la Mediación familiar y el establecimiento de Puntos de Encuentro Familiares, y las normas de control sobre los mismos son inaplazables.
Los niños, las niñas y los adolescentes han sido el eje central de todas las ponencias, como sujetos pasivos de mayor vulnerabilidad a los que debe otorgarse la mayor estabilidad cuando se judicializa la crisis de su familia.
Y es que, además, los cambios sociales producidos en los últimos años, la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, la variación de paradigmas, añaden una mayor dosis de peligro que incrementan la citada vulnerabilidad de los y las menores que también demanda un mayor reforzamiento y especialización de la Jurisdicción de Familia para conocer los procedimientos de Infancia y Capacidad.
El acoso escolar, la adicción a las tecnologías, al sexo, a las drogas, la exposición a las redes sociales de forma incontrolada requiere una tutela judicial altamente cualificada, que debe extenderse a declaración de desamparo.
Resulta sorprendente que, existiendo unanimidad entre la judicatura , la fiscalía, la abogacía y los especialistas que intervienen en los procesos de familia y de menores para demandar la especialización y los medios precisos, y siendo igualmente constantes las quejas de quienes sufren procesos de divorcio interminables, se sucedan los gobiernos y la Jurisdicción Especial de Familia, Infancia y Capacidad sigue siendo la asignatura pendiente.
Desde este I Congreso de la Infancia y Adolescencia hemos pretendido hacer llegar la voz de quienes intervenimos en los procesos de Familia y de menores , para denunciar ante los poderes públicos que debe de abordarse la implantación de una Jurisdicción Especializada, acorde con nuestra condición de país miembro de la Unión Europea , que no discrimine a la ciudadanía en razón de su residencia, que conozca de todos los procedimientos de Familia , Infancia y Capacidad , sin dilaciones en la tramitación de los procedimientos encomendados, y que considere a los niños, niñas y adolescentes dignos de la mayor protección en las situaciones de vulnerabilidad que padezcan.
Ángela Cerrillos, Diputada Segunda del Colegio de Abogados de Madrid y Presidenta de la Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión del ICAM