Condenan a 15 meses de inhabilitación a un abogado por engañar a un cliente
Hizo creer al afectado que había presentado una demanda y que el proceso estaba en marcha
La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a 15 meses de inhabilitación a un abogado por incumplir el encargo de un cliente y hacerle pensar que había presentado una demanda, cuando en realidad nunca llegó a cursarla. El letrado, que ha sido hallado culpable de un delito de deslealtad profesional, tendrá además que abonar una multa de 2.700 euros y asumir las costas del proceso.
El tribunal ratifica así la pena impuesta por un juzgado de lo penal de Granada y desestima el recurso de apelación que interpuso la defensa. El fallo, que puede consultar aquí, considera probado que el abogado incumplió sus obligaciones profesionales al no llevar a cabo "actuación alguna ante los órganos jurisdiccionales" y, además, mintió deliberadamente al denunciante, al que llegó a entregar una cédula de citación judicial falsa.
El hombre contrató los servicios del letrado en 2010 con el objetivo de "entablar acciones legales y formular una demanda de naturaleza civil" contra un deudor. En ese momento el profesional no le exigió ningún dinero pues se comprometió a cobrar sus honorarios, una vez concluyera el proceso judicial.
No obstante, no solo no redactó ni presentó ninguna reclamación, sino que además le hizo creer que el procedimiento estaba en marcha, en reiteradas ocasiones, cuando éste le preguntó por el caso. La mentira llegó hasta tal punto que le hizo entrega de varias copias de demandas civiles y una notificación de señalamiento para un juicio que se celebraría, supuestamente, el 18 de diciembre de 2013.
Ese día el cliente acudió a los juzgados pero finalmente no pudo entrar a la vista ya que, supuestamente, había sido suspendida. No obstante, no fue hasta un año después de este episodio, en 2014, cuando descubrió que no había rastro de su reclamación en ningún juzgado de Granada y decició emprender acciones legales.
Años de angustia
En su recurso, el acusado asegura que nunca le fue encomendada la tarea de intervenir en un procedimiento civil ordinario. De hecho, sostiene que fue contratado a fin de redactar una demanda de juicio monitorio, para el que no es necesario contar con representación letrada. Asimismo, niega que se den los elementos propios del delito de deslealtad profesional ya que no hubo "perjuicio manifiesto alguno".
Los argumentos de la defensa no han convencido al tribunal, que corrobora que denunciante sufrió durante años la "absoluta angustia, incertidumbre y desazón" de no saber qué había pasado con su reclamación, para enterarse finalmente de que no había sido incoada. Además, el fallo apunta que el frustrado litigante se vio obligado a asignar el caso a otro profesional. Y todo ello a fin de cobrar una deuda "que pudo haber sido percibida mucho antes".
En definitiva, los magistrados entienden que ha quedado suficientemente acreditada la existencia de un "daño moral" del que el abogado debe responder penalmente. No obstante, lo absuelven de los dos delitos de falsedad documental por los que también fue investigado dado que ni el denunciante ni la Fiscalía los incluyeron en sus respectivos escritos de acusación.