El alivio del colapso judicial impulsaría un crecimiento del 3% en las empresas
El Informe 2020 del Observatorio de la Actividad de la Justicia alerta de cómo el atasco en los tribunales limita el desarrollo de la economía
Suele decirse que la justicia lenta no es justicia, pero en España, tras la pandemia, el riesgo no es ya de tardanza, sino de auténtico colapso. Prueba de ello es el señalamiento fijado por un juzgado de lo social de Sevilla para el próximo 20 de enero de 2025. En otras ciudades, como Lugo o Cádiz, los tribunales están fijando citas a tres años vista, como así han denunciado algunos abogados. Un atasco que no solamente daña la seguridad jurídica, sino que también repercute directamente en la economía (de forma negativa).
Como pone de manifiesto el Informe 2020 del Observatorio de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Wolters Kluwer, un sistema judicial ágil y eficaz impulsaría el mercado de crédito, fortalecería el del alquiler y contribuiría al crecimiento de las empresas. Concretamente, el documento señala que, de reducirse un punto el nivel de congestión de los órganos judiciales, la tasa del alquiler mejoraría en un 0,15%. Esta medida equivale a un total de 3.400 viviendas más alquiladas en Madrid, 3.100 en Barcelona o 1.400 en Valencia.
Por otro lado, si este indicador disminuyera 10 puntos, el informe prevé que las decisiones de inversión empresarial aumentarían hasta un 0,1%. ¿Cómo se explica esta relación entre la carga de trabajo de los jueces y la economía? “El sistema judicial es un pilar en la contratación privada entre ciudadanos y empresas”, relató Juan S. Mora Sanguinetti, abogado y economista titulado del Banco de España, durante la presentación del informe. Así, los tribunales son los encargados de garantizar que se respetan los términos de un contrato en caso de incumplimiento.
Asimismo, el letrado recordó que estos órganos son un elemento esencial para lograr un mayor respeto por los derechos de propiedad y evitar los posibles abusos que puedan producirse. Esto se traduce en una mayor seguridad jurídica, “lo que contribuye positivamente en el desarrollo de un país”.
Más emprendimiento
La lentitud de la justicia también tiene un impacto directo sobre el crecimiento de las compañías. En este sentido, el informe señala que si la eficiencia judicial a nivel nacional se pusiera al nivel de la provincia que actualmente presenta un mejor rendimiento, las empresas podrían aumentar su tamaño y su crecimiento financiero entre un 0,6 y un 2,8%.
Por su parte, el emprendimiento se vería altamente recompensado, y el nivel de nuevos proyectos empresariales subiría en torno a un 5% y un 7%.
Juzgados saturados
Más allá de estos supuestos, lo cierto es que nuestro sistema judicial se encuentra en una situación muy delicada. Para empezar, porque los datos del año pasado revelan un atasco que no ha parado de crecer, aunque muy lentamente, en los últimos años. Así, la tasa de congestión en 2019 fue del 1,46%, lo que supone un aumento del 1% respecto al periodo anterior, pero un incremento del 14% respecto a 2015.
Y segundo, porque la pandemia está desencadenando una avalancha de conflictos que saturarán aún más los tribunales. En este sentido, el informe recuerda que en toda época de recesión “se producen más incumplimientos de contratos y las empresas pueden encontrarse con dificultades financieras”. Esto conlleva una mayor litigiosidad, con los consiguientes efectos financieros negativos que ello supone.
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apuntó otro factor que repercute negativamente sobre la economía, que es el dinero que se encuentra inmovilizado en los órganos judiciales a la espera de una asignación. Según datos del Ministerio de Justicia, los depósitos de consignaciones albergaban en 2019 más de 4.400 millones de euros. “Es un importante montante que no revierte en el ciclo económico”, lamentó Lesmes. Y agregó que reducir los tiempos de resolución de los procesos podría acelerar la vuelta de estas cantidades al flujo económico.
En esta línea, el informe señala que un incremento de un punto en el nivel de liquidación judicial supondría un crecimiento del 0,32% de la tasa de crédito total respecto del PIB en España. Una pretensión que, sin embargo, está lejos de hacerse realidad. De acuerdo con el estudio, la tasa de ejecución de resoluciones judiciales para el año 2019 es del 36,5%, la peor cifra de los últimos 12 años.
Para mejorar esta realidad, Lesmes abogó por una “profunda modernización de la Administración de justicia”, adoptando herramientas tecnológicas para agilizar la carga de trabajo de los jueces.
Soluciones para la congestión de los tribunales
Datos. En la presentación del informe, que tuvo lugar el pasado martes, los expertos plantearon soluciones para descongestionar los tribunales. Una de ellas es recopilar datos actualizados sobre el funcionamiento de la justicia. Actualmente, esta información se reúne anualmente, “lo que permite tener una visión de la evolución, pero impide adelantarse”, señaló Cristina Retana, directora de innovación y contenidos de Wolters Kluwer en España y Portugal. Hacer un análisis con más frecuencia, en cambio, ayudaría a ver en tiempo real los problemas de la justicia, “y permitiría identificar dónde hay un problema, dónde puede haberlo y qué soluciones pueden adoptarse”, subrayó.
Alternativas a litigar. Para Miguel Pascual del Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, dotar de más recursos a los órganos judiciales no va a solucionar la avalancha de pleitos que ya está desencadenando la pandemia. “Ningún sistema judicial va a poder absorber la gran cantidad de litigios que se van a producir en los próximos meses”, advirtió. El magistrado recomendó, por tanto, recurrir a otros métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje.
