La abogacía madrileña demuestra la ineficacia de habilitar el mes de agosto en Justicia
El Colegio de Abogados de Madrid presenta las conclusiones del primer Observatorio sobre la Normalización de la Actividad Judicial
La habilitación del mes de agosto ha resultado ser una medida inútil par aliviar el colapso judicial tras el parón por la covid. Esta es una de las principales conclusiones del primer Observatorio sobre la Normalización de la Actividad Judicial presentado ayer por el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, y el director del Área de Defensa al Colegiado/a y Normativa, Fernando Bejerano.
El estudio, elaborado a partir de una encuesta realizada entre el 1 de julio y el 10 de septiembre de 2020 en la que han participado más de 1.200 profesionales de la abogacía, arroja datos que demuestran que la medida no ha ayudado a descongestionar los juzgados madrileños. Según recoge el informe, los señalamientos de vistas durante el mes de agosto han sido muy escasos. Menos de un 10 % de los abogados consultados recibieron notificación para acudir a juicio en la jurisdicción civil, cerca de un 5% en social y tan solo un 2% en contencioso. La jurisdicción penal fue la única que tuvo un nivel de señalamientos algo mayor, afectando al 16% de los letrados.
Por otro lado, el informe destaca que, en los pocos casos en los que se ha citado a las partes para celebrar juicio en agosto, en torno al 7 % de los letrados convocados manifestaron que las vistas fueron finalmente suspendidas. Este porcentaje proporcionalmente, por tanto, el volumen total de señalamientos durante el mes de agosto.
“El ICAM se opuso desde el principio a la habilitación del mes de agosto, y no porque los abogados y abogadas no queramos colaborar para ayudar a este país a sobreponerse a los gravísimos efectos de la pandemia”, ha recordado Alonso, sino porque “sabíamos que los únicos paganos de esa inutilidad y de esa habilitación parcial del mes de agosto íbamos a ser los abogados y los procuradores. Y lamentablemente la realidad nos ha dado la razón”.
Derecho al descanso
Los datos avalan también una de las principales quejas de la abogacía. Los profesionales han venido denunciando que las soluciones adoptadas para reactivar la justicia, en particular la habilitación del mes de agosto, atentaban contra su derecho al descanso. A pesar de que, finalmente, no se celebraron apenas juicios durante este mes, muchos letrados no han podido disfrutar de unos días de vacaciones, en gran parte por la descoordinación en la gestión.
La encuesta desvela que se ha incumplido mayoritariamente la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de notificar a los letrados antes del 15 de junio. El 94 % de los abogados han recibido la cita después de esta fecha, lo que, se critica, ha impedido a los profesionales organizar su agenda. Además, el 87 % de los letrados mencionan que la fecha del señalamiento no fue consensuada con el órgano judicial.
Telejuicios
La encuesta también evidencia que otras medidas, adoptadas para solucionar los problemas de la Administración de Justicia, no han tenido el efecto deseado. En la experiencia de los profesionales consultados, el volumen de juicios señalados por la tarde no alcanzó ninguno de los meses el 10%.
Las previsiones también han fallado respecto de la celebración de juicios telemáticos, recomendada tanto por el CGPJ como por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las vistas por videoconferencia deben ser prioritarias siempre que el juzgado tenga medios suficientes para celebrarlas. Sin embargo, solo un 10 % de los encuestados han manifestado haber celebrado algún señalamiento telemático desde la reactivación en junio de la actividad judicial.
Por jurisdicciones, los telejuicios han sido más habituales en civil (44,8 %), mientras que en laboral tan solo han representado un 4,5 %.
Según el Observatorio, la falta de medios en los órganos jurisdiccionales madrileños se presenta como el motivo principal de la falta de despegue de esta forma de celebración de actuaciones.
Otoño complicado
El informe anticipa un preocupante problema de saturación judicial para los próximos meses. Según destaca, a fecha de 3 de septiembre de 2020, existen 31.679 demandas iniciadoras de asuntos civiles y 1.929 demandas ejecutivas sin repartir. Datos que, aclara, solo ser refieren a las entregadas por vía digital, al no disponerse de las cifras de las presentadas de forma presencial.
Por lo que se refiere a las medidas de protección frente al covid, el Observatorio refleja que se han trasladado incumplimientos de la distancia de seguridad (16,5%), en la adecuación de salas de vistas (14,8%), en la falta de medios de protección (12,8%), en la limpieza de salas de vistas (15,6%) y en el debido distanciamiento entre señalamientos (29,9%).
El elevado índice de retrasos en los juzgados reportados por los profesionales supone un riesgo añadido en el contexto de la crisis sanitaria que padecemos. El 40% de los encuestados manifiestan haber sufrido demoras de entre 30 y 60 minutos, el 30% entre 1 y 2 horas, y el 10% de más de 2 horas. Estas situaciones, se explica, se traducen en aglomeraciones en los accesos a las sedes judiciales, salas de espera y pasillos.