Emergencia: la protección jurídica de las personas mayores
Los sociólogos nos advierten que dentro de unas decenas, en España la gente mayor representará un tercio de la población. Sería bueno, a la vista de la evidente fragilidad de este sector social, que se generaran estudios serios sobre el tema
Más de la mitad de la humanidad se halla recluida y aislada en sus hogares. El temor a la enfermedad y la muerte, ha obligado a los gobiernos a tomar severas medidas preventivas para intentar ralentizar y disminuir el riesgo a una población algo ingenua o inconsciente. Este aislamiento está produciendo efectos y evidenciando fenómenos que se intuían pero que no se practicaban. Se trata de un aislamiento físico que, mediante los medios de comunicación actuales, comporta el mantenimiento de una permanente relación virtual de todos con todos.
Cuando se supere esta situación, más tarde de lo que nos dicen, pero no tanto como para destruir lo edificado hasta hoy, nosotros y nuestro entorno, cambiaremos en muchos aspectos. Nuestras relaciones sociales, nuestro método de trabajo y relaciones laborales, nuestro comercio, finanzas serán diferentes. Aparecerán nuevas ideas sobre el urbanismo de las grandes ciudades, la utilización de los grandes territorios baldíos y los servicios.
Mi vida profesional se ha desarrollado en el mundo del derecho, como abogado independiente. Cuando ya llevaba muchos años ejerciendo mi profesión, percibí que todos los sectores sociales se encontraban más o menos protegidos, tanto por la propia sociedad como por las instituciones públicas, pero uno de ellos se encontraba protegido solamente en apariencia, sin que la intensidad de su dedicación paliara sus deficiencias. Este sector es el de la gente mayor, los ancianos, y a este mundo he dedicado una parte de mis esfuerzos estos últimos años. Creamos una Fundación, Provea, cuyo objetivo es la protección a la gente mayor.
Comprobamos estos días que los ancianos recluidos en residencias claustrofóbicas y contagiosas, mueren a mansalva y sin ninguna terapia posible dada su fragilidad. Este sector carece de interés social para las administraciones públicas y también para los partidos, el anciano no vota o bien se le manipula, el dinero que se invierte en él, no revierte a la sociedad porque acaba siempre con la muerte. La ancianidad, con la prolongación de la vida, se ha convertido en un problema social incómodo y que no sabe cómo resolverse. Se prevé que este sector se incrementará y provocará dispendios no amortizables. Cualquier esfuerzo colectivo en esta área no se recupera, mejor destinarlo a otros colectivos con futuro y con esperanza.
Grandes grupos económicos y no tan grandes, adivinando una nueva área económica con futuro estable y en aumento, invierten en residencias de ancianos, esfuerzo que consideramos positivo, pero estos grupos proceden del mundo financiero y desarrollan sus inversiones sin estudiar a fondo el sector y sus necesidades.
Existen muchos tipos de gente mayor con independencia de su fecha de nacimiento, gente sana, deportista, con inquietudes intelectuales, gente arropada por una familia, gente solitaria y abandonada, personas con ahorros, propicias al hurto y la estafa, ancianos sin recursos de clase alguna, ancianos demenciados con unas condiciones de vida infrahumanas.
El recurso para todos ellos es su internamiento en una residencia de la tercera edad, sin distinción alguna por sus características físicas, intelectuales o de cualquier otra índole.
La gente mayor no opina, no desea, carece de autoridad por definición, somos los demás los que opinamos por ellos. Las familias, los legisladores, la administración, todos nos sentimos con la autoridad suficiente para determinar aquello que desean nuestros ancianos. Si fuera así, todavía resultaría loable, pero además tenemos en cuenta nuestro punto de vista egoísta: qué hacemos con nuestros viejos para que se encuentren más o menos bien y no nos compliquen nuestras vidas ni nuestras conciencias.
El qué hacer con la gente mayor (nosotros lo seremos dentro de cuatro días, si no los somos ya) es un debate social y político que todavía está por iniciarse. Los sociólogos nos advierten de que dentro de unas decenas, en España la gente mayor representará un tercio de la población. Si no iniciamos el estudio y la prospectiva de este tema, nos vendrá encima, de golpe, como tantas cosas en nuestro país y dejaremos a la improvisación de las generaciones futuras la resolución de estos problemas.
Las leyes que hoy se promulgan, tardan muchos años en ser asimiladas en profundidad por la sociedad y sería bueno, a la vista de la evidente fragilidad de este sector social, que se generaran estudios serios sobre el tema y no dejar solamente en manos de las gentes sensibilizadas, pero sin capacidad financiera, ni técnica, que lleven a cabo esfuerzos aislados y altruistas, muy loables pero lentos, cuando el problema lo tenemos ya sobre nosotros.
Propongo activar este sector con la misma energía y medios que se abordó en su día el sector del género. Con respecto a las mujeres, se modificaron leyes, se crearon juzgados especiales y mucho más.
Para la gente mayor el tiempo es urgencia y vida, se deben acortar los plazos procesales. Debe replantearse toda la regulación notarial. El notario debe adquirir mayor responsabilidad, porque muchos agravios y pleitos se originan en las notarías. Las normas relativas sobre el derecho de alimentos deben ser punibles penalmente si no se cumplen. Debe regularse el asesoramiento financiero al anciano. Debe matizarse la incapacidad legal, proporcionando mayor autonomía personal al incapaz, siempre protegido. Debe incluirse el beneficio de la eutanasia al incapaz, con todas las garantías. Las ventas y donaciones efectuadas por la gente mayor deben controlarse para su protección. Deben crearse nuevas formas de residencias, estudiar formulas intermedias entre vivir en familia y residencia.
Si no dedicamos un tiempo a este estudio, provocaremos graves daños a todos nuestros mayores.
Juan Carlos Giménez-Salinas Colomer, presidente de Fundación Provea Pro Vellesa Autónoma y presidente de Honor de Gimenez-Salinas Abogados.