Se recrudece la campaña de acoso e intimidación a jueces y fiscales en Twitter

Los afectados vinculan su persecución con el juicio al ‘procés’ Un senador de EH Bildu se suma al atosigamiento independentista

Fachada de un edificio en Barcelona donde cuelgan banderas catalanas independentistas, así como la de la región.Getty Images

Durante las últimas semanas, el medio digital LaRepublica.cat, junto con el grupo Anonymous Catalonia, ha publicado una serie de artículos en los que desvelan la identidad de varios jueces y fiscales que interactúan en la red social Twitter con cuentas anónimas. Con el pretexto de identificar a aquellos que “promueven y predican la catalanofobia”, han incluido sus nombres y apellidos, así como su lugar de trabajo y otros datos personales.

El diario, que se identifica como un “medio con principios que beben directamente del catalanismo republicano”, ha añadido capturas de algunos de los tuits que critican aspectos del proceso independentista. En base a estos comentarios, la página tacha de radical a toda la carrera judicial y señala que “el problema de la parcialidad ultranacionalista de la justicia española es intrínseco en todo el territorio”.

A esta campaña se ha sumado el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, que ha solicitado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que comparezca para informar sobre las medidas tomadas contra estos jueces por mantener “comportamientos incompatibles con su cargo”.

Lejos de amedrentarse, la respuesta de los jueces es la de denunciar la campaña de acoso y desprestigio que vienen sufriendo desde hace meses y que ahora se recrudece. “Se nos está usando como cabeza de turco para intentar desacreditar la carrera judicial”, señala a este diario la tuitera Lady Crocs, jueza que optó por el anonimato por motivos de seguridad. Además, asegura que ninguno de los afectados tienen nada que ver con el juicio a los líderes independentistas. “Está siendo un proceso muy pueril”, apunta.

En este sentido, Randy Watson, juez que publica bajo el seudónimo de Estado Charnego, apunta que la cercanía del juicio del procés no es casual. Además, critica que se cuestione la profesionalidad de los jueces según las opiniones personales expuestas en redes sociales. “Yo distingo muy bien lo que son mis obligaciones derivadas de mi cargo de las cuestiones de índole política o social”, subraya.

Infracción

Sobre la responsabilidad legal en la que podría incurrir LaRepublica.cat, Gema Luna, abogada de Lean Abogados, apunta dos tipos de infracciones. Por un lado, una falta administrativa por vulneración del derecho a la protección de datos,  (la normativa reconoce el derecho al seudónimo). Las multas que impone la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en estos casos oscilan entre los 40.000 y los 300.000 euros.

Por otra parte, los hechos también podrían constituir un delito de coacciones. No obstante, para ello, no solo debe publicarse la identidad de la persona que se ampara tras un seudónimo, sino que dichas publicaciones “deben generar consecuencias negativas hacia el afectado”, como insultos o amenazas, matiza Luna. De acuerdo con el Código Penal, esta infracción puede conllevar penas de prisión de tres meses a dos años para la persona que publicó la información, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Interés público

Al tratarse de publicaciones periodísticas, Luna afirma que nos encontramos en una situación de “colisión de derechos” entre, por un lado, la intimidad, la propia imagen y el honor y, por el otro, el derecho a la información al que habitualmente recurren los periodistas.

Para corroborar que los artículos están amparados por este último, el informador debe probar dos cosas: que la información sea veraz y que tenga interés público, es decir, que sea relevante. No obstante, en este caso concreto, “parece difícil demostrar que realmente concurran estos factores”, indica Luna, ya que a través de los tuits que incorporaba la noticia no se aportó ninguna información nueva, sino que eran “meras opiniones”.

Más presión

La publicación de las identidades es una más de las acciones de intimidación que desde grupos independentistas se están llevando a cabo contra jueces y fiscales.

De hecho, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, Pablo Baró, denunció en octubre del año pasado que había aumentado la presión sobre los magistrados por parte de la sociedad catalana, principalmente cuando se investigaban los presuntos incumplimientos de la ley por parte del Govern o el Parlament.

Ataques y rechazo

 

Lista negra. El grupo Anonymous Catalonia publicó hace unas semanas una lista en la que incluían hasta 80 nombres de jueces, políticos y empresarios a los que identificaba como “enemigos de la patria catalana” por haber, entre otras cosas, agredido verbal o físicamente a independentistas.

Pablo Llarena. El encargado de la instrucción del juicio del procés ha sido señalado en varias ocasiones por los sectores separatistas más radicales. Así, en marzo del año pasado la organización Arran hizo una pintada ante su casa en Das (Girona), en la que se le tachaba de “fascista”. Meses después, el mismo colectivo pintó de amarillo el portal de su piso en Sant Cugat del Vallès.

Filtración de correos. En septiembre, se filtraron correos de varios jueces en los que hacían comentarios críticos contra el procés. A raíz de esto, Quim Torra cargó contra el sistema judicial español y cuestionó su imparcialidad, asegurando que se debía excarcelar a los políticos presos e invalidar la instrucción de los hechos del 1-O.

Fuga judicial. El acoso a la figura del juez se plasma en un constante goteo de salidas. Según datos del CGPJ, 67 jueces han abandonado Cataluña desde finales de 2016 hasta hoy. Y, como informó El Confidencial, los que quedan afirman sentir una “enorme sensación de impotencia”.

 

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