La propiedad de la plataforma, clave en el futuro judicial de los 'riders'
Las 'apps' maniobran para frenar nuevas sentencias, según UGT
El futuro de las nuevas formas de trabajo a través de plataformas digitales se juega en los tribunales. Y, aunque los desafíos que conllevan estas aplicaciones intermediarias son de muy amplio espectro, a día de hoy, el principal foco de atención está puesto en la determinación de si los riders (en el caso de las apps de reparto como Glovo y Deliveroo) son realmente autónomos o si se está ante una relación laboral encubierta.
Una de las circunstancias que hace muy difícil analizar el vínculo entre la plataforma y el rider es la mutabilidad de las condiciones de su relación. Así, por ejemplo, la sentencia del juzgado de Madrid que declaró que los repartidores de Glovo no son falsos autónomos ha provocado que muchas compañías imiten elementos de dicho modelo tratando de huir de una futura declaración de laboralidad.
"Las plataformas se amoldarán a todos esos elementos (determinación de horarios, capacidad de rechazar pedidos, etc.) para que la relación no sea declarada de trabajo por cuenta ajena. Por eso, la gran duda que deben despejar los tribunales es si el mero hecho de la propiedad de la plataforma es suficiente para determinar la laboralidad", expuso ayer Alfredo Aspra, socio de laboral de Andersen Tax & Legal, en una jornada celebrada ayer para analizar el impacto de estos nuevos modelos.
Las decisiones judiciales, sin embargo, están haciéndose esperar, y no precisamente por la ausencia de demandas. Tal y como explicaron desde UGT, las compañías están tratando de evitar nuevas sentencias cerrando los litigios a través de un acuerdo con el rider. "Antes de llegar a juicio, les ofrecen una indemnización superior a la que podría alcanzarse en la sentencia, y con eso se frustra la posibilidad de que un juez evalúe jurídicamente la relación entre la app y el supuesto trabajador", explicó Bernardo García, abogado del sindicato.
Según el letrado, esta es la razón de que Deliveroo haya retirado el recurso presentado contra la sentencia de un juzgado valenciano que declaró que uno de sus repartidores era un falso autónomo.
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