El sistema de elección de CGPJ hace naufragar el Pacto por la Justicia
Catalá anuncia que el Ministerio hará suyas las 103 medidas acordadas en Subcomisión. El Foro Debate Procuradores "La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?" reunió a los portavoces de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.
Los portavoces de los principales grupos políticos del Congreso se han reafirmado en sus desacuerdos, a pesar de sus acuerdos, en la necesaria reforma de la Justicia. Esta ha sido la tónica en el debate entre los representantes en la Comisión de Justicia de PP, Mª Jesús Moro, PSOE, Juan Carlos Campo, Ciudadanos, Ignacio Prendes, y Podemos, Mª Gloria Elizo, en el marco del Foro Debate Procuradores "La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?" celebrado este lunes en la sede del Consejo General de Procuradores. Esta es la cuestión que ha vertebrado las distintas intervenciones de los representantes políticos y del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha intervenido en primer lugar, tras la apertura del Director del Foro Debate, Josep Duran i Lleida, para exponer la línea que va a seguir el ministerio.
"No pensamos en darle la extremaunción a la legislatura"
En este sentido, Catalá ha anunciado que el Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados antes de su ruptura, que lamentó, y que trabajará para impulsarlas con los colectivos profesionales y los grupos parlamentarios que quieran sumarse. El ministro se ha mostrado convencido en que, dada la necesidad de dar respuesta a los retos que se plantea la Justicia, se logrará, si no acuerdos globales, si acuerdos puntuales, porque además, enfatizo, cuentan con el aval de las asociaciones del sector. Recordó que durante los trabajos de la Subcomisión intervinieron hasta 33 expertos y profesionales del sector. Poniendo en valor este gran trabajo de base, el Ministerio va a tratar de desarrollar los acuerdos alcanzados, trabajando codo con codo con los profesionales, porque, como manifestó el ministro, aún queda tiempo para la política. "No pensamos en las urnas y en darle la extremaunción a esta legislatura", afirmó rotundo el ministro.
En esa línea, Catalá ha anunciado una serie de objetivos legislativos para este año. Durante el primer semestre se ha comprometido a desarrollar la regulación de la Orden Europea de Investigación, contar con una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, y a impulsar las reformas del Código Penal necesarias para transponer directivas europeas a nuestro derecho en el ámbito financiero (para sancionar conductas de abuso en el mercado) y en la lucha contra el terrorismo. De cara al segundo semestre del año, el ministro ha señalado que es intención de su departamento reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para agilizar los tiempos de respuesta y que sea más eficaz en la persecución del delito; que la Fiscalía cuente con un nuevo Estatuto Orgánico que atienda a las necesidades formativas, operativas y profesionales del Cuerpo; y trabajar en un nuevo Código de Comercio y en la revisión del derecho español de obligaciones y contratos.
Salarios y condiciones laborales
El ministro ha expresado también su voluntad de alcanzar acuerdos en materia salarial y en los ámbitos formativos y de promoción profesional de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Ha anunciado su intención de traer al ámbito de la Administración de Justica el pacto recientemente alcanzado por los sindicatos para los funcionarios públicos, que supone una subida salarial de hasta un el 8,8% en tres años. En este contexto, el ministro cree imprescindible abordar una serie de medidas como, por ejemplo, incluir un sistema de retribuciones variables (por objetivos o planes) para incentivar a los profesionales. Mencionó que el descenso de los asuntos ingresados no se ha reflejado en una mayor tasa de resolución. También considera necesaria la modificación del sistema de retribuciones por guardias en la Administración de Justicia, para que se adecuen al grado de responsabilidad que desempeñan cada uno de los funcionarios. Por último, manifestó su intención de trabajar en la homologación de salarios de los funcionarios del 'territorio Ministerio' con los de las distintas comunidades autónomas con competencia en esta materia.
Además, el ministro se ha comprometido a crear 75 nuevas unidades judiciales y 300 nuevas plazas de jueces y fiscales, que se incluirán en la Ley de Presupuestos 2018, así como a trabajar para mejorar la percepción de independencia de la Justicia, para lo que es necesario revisar el sistema de elección de vocales del CGPJ, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los tribunales superiores de Justicia y regular las situaciones de tránsito profesional entre la Justicia y la política.
Catalá se ha mostrado optimista con la consecución de estas reformas para la Justicia y parafraseando a Séneca "No hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va", ha afirmado que el Gobierno y el ministerio que preside sí tienen clara la dirección.
Debate político
Tras la intervención del ministro, se ha dado paso al debate, moderado por el presidente de los procuradores, Juan Carlos Estévez. Estévez ha planteado una serie de preguntas a los ponentes sobre temas clave como cuáles son las reformas más necesarias en Justicia, la percepción ciudadana de su politización y falta de independencia, o las grandes reformas procesales a abordar, en particular en la ejecución de las sentencias.
Ignacio Prendes, portavoz de Justicia del Grupo Ciudadanos, ha valorado positivamente el trabajo llevado a cabo en la Subcomisión para la reforma de la Justicia, que supone, a su juicio, un buen punto de apoyo para acuerdos en reformas puntuales. Pero ha trazado una línea roja: la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según explicó, Ciudadanos incluyó esta reforma en el Pacto de legislatura con el Gobierno y su desatención ha supuesto el fin de la Subcomisión. La elección directa de los vocales por parte de los jueces y magistrados, ha explicado, es una cuestión necesaria para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Ha citado en varias ocasiones el nuevo informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que vuelve a suspender a España en la percepción ciudadana de la independencia judicial, y recomienda cambiar el sistema de nombramiento del presidente y los vocales del CGPJ para que no intervengan los partidos.
Otros puntos, como la necesaria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dotar de una nueva planta a la Administración de Justicia, superando una organización decimonónica, y revisarla modernización de la Justicia, tras un evidente fracaso de la digitalización, son cuestiones que su partido está dispuesto a abordar.
Por su parte, Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta del Congreso y secretaria de Acción Institucional de Podemos, así como miembro de la Comisión de Justicia, ha lamentado una serie de "barreras" de esta legislatura. En primer lugar el "veto presupuestario" del Gobierno, que paraliza las propuestas que supongan un incremento de gasto. Por otro lado considera que se están utilizando los llamados "Pactos de Estado" sobre grandes materias (educación, justicia) de modo que se limitan los pactos concretos en reformas puntuales. Su grupo considera prioritario abordar la reforma del modelo presidencialista del CGPJ y derogar el artículo 324 de la LECrim, que limita los plazos de instrucción de delitos (dada la escasez de medios con los que cuenta la Justicia). En realidad, indicó Elizo, los partidos políticos coinciden en el diagnóstico pero no en las concretas medidas a priorizar. Además, resaltó, su grupo es partidario de realizar una auditoría de la Administración de Justicia que muestre una foto real de las carencias a subsanar.
Juan Carlos Campos, portavoz de Justicia del Grupo Socialista, reivindicó el "acuerdo social" para la Justicia al que se llegó siendo ministro Francisco Caamaño, porque, según la opinión de su grupo, estos grandes pactos y reformas solo son posibles con una dotación presupuestaria suficiente que avale su efectividad. Ahora, explicó, no hay un compromiso presupuestario que permita llevar a cabo reformas tan necesarias como la de la planta judicial. En aquel momento, señaló, "se pusieron en la mesa 200 millones extra". En desacuerdo con el portavoz de Ciudadanos, Campos afirmó que el CGPJ no es un órgano politizado, aunque puede que haya que hacer ajustes en cuanto al modelo de organización. "Donde no hay presupuestos se amontonan las ideas" fue la frase que eligió para hacer un diagnóstico de lo sucedido con la Subcomisión.
Por último, la portavoz de Justicia del Grupo Popular, Mª Jesús Moro, resumió la situación con otra frase "Lo mejor es lo enemigo de lo bueno", en el sentido de que las más altas expectativas pueden desvirtuar pactos o reformas menos ambiciosas pero muy necesarias en Justicia. En este sentido, la línea roja del grupo Ciudadanos (la modificación del sistema de elección del CGPJ) fue el punto más conflictivo, y por el que Moro mantuvo un tenso debate con Prendes, pues la portavoz del PP no cree que este punto fuera tan importante como para bloquear el informe final de la Subcomisión. Moro señaló que, si bien no han existido las mejores condiciones presupuestarias para realizar reformas en el ámbito de Justicia, no todo se reduce a partidas presupuestarias y que es necesario llegar acuerdos estratégicos sobre cómo conseguir determinados objetivos.
Juan Carlos Éstevez, que manifestó sentirse "descorazonado" al escuchar las posturas antagónicas de los grupos parlamentarios, intentó encontrar un último punto de consenso entre los políticos con la pregunta ¿apoyaría su grupo alguna de las reformas que plantee el Gobierno? Tan solo Moro, del PP, no puso ninguna objeción.
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