El Parlamento Europeo a favor de reforzar la protección de los whistleblowers
Los eurodiputados piden a la Comisión una propuesta legislativa para final de año Buscan garantizar la protección en la UE de las personas que alertan de malas prácticas
Este martes 24 de octubre el Parlamento Europeo adoptó una resolución en favor de desarrollar medidas legítimas para proteger a los whistleblowers en toda la Unión Europea con 399 a favor, 101 en contra y 166 abstenciones.
Los whistleblowers, también llamados lanzadores de alertas, son aquellas personas se encuentran con actuaciones dentro de la empresa u organismo público en el que trabajan fraudulentas o sospechosas de constituir delitos, y deciden darlos a conocer a la opinión pública. Según ha señalado el Parlamento, "puesto que actúan en favor del interés público merecen la protección y el apoyo adecuados". Por lo que insisten en la necesidad de crear normas a nivel europeo que les protejan en la revelación de delitos tan graves contra el interés público como la corrupción, los errores judiciales, la evasión fiscal, la falta de protección en el área de la seguridad alimentaria o el medio ambiente, o incluso las violaciones de los derechos sociales, humanos o de los trabajadores.
Asimismo, los eurodiputados han destacado que la protección de los whistleblowers en la UE es fragmentada y, a menudo, inapropiada, por lo que piden a la Comisión Europea que para finales de este año proponga reglas que garanticen su protección de toda la UE. También han lanzado las siguientes peticiones para los países miembros:
- Mecanismos para facilitar el lanzamiento de alertas internas y para permitir que los denunciantes informen a las ONG y la prensa, incluida la posibilidad de hacerlo de forma anónima;
- Protección contra represalias, incluidas sanciones contra aquéllos que intentan evitar que los denunciantes hablen y medidas para desalentar las represalias;
- Medidas de apoyo, como asistencia financiera y legal, apoyo psicológico e indemnización por daños a denunciantes en procesos civiles; y
- Organismos informadores nacionales independientes, verificando su credibilidad y orientando a los denunciantes, así como la autoridad a nivel de la UE para facilitar la coordinación en casos transfronterizos.
A pesar de que la resolución del Parlamento Europeo es un documento no legislativo, marca una prioridad fuerte en las instituciones europeas por el desarrollo de una ley de protección de alertadores, quedando ahora en manos de la Comisión Europea hacer una propuesta legislativa.
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