Catalá mantiene que el acceso no autorizado a LexNet afectó a información obsoleta
El ministro de Justicia desmiente la suposición de que a través del sistema se pudiera acceder a expedientes judiciales La información era pública y no se incluían datos personales, judiciales o confidenciales
Catalá ha explicado ante los diputados de la Comisión de Justicia las incidencias registradas en julio y las medidas adoptadas para su resolución, a la vez que ha desmentido la afirmación de que a través de LexNET es posible acceder a todos los expedientes y documentos contenidos en los expedientes judiciales. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha garantizó durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que la parada de casi 52 horas experimentada en los servicios de LexNET durante los últimos días del pasado mes de julio no produjo indefensión o merma en los derechos de los ciudadanos y ha reafirmado su confianza en las potencialidades de un servicio que solo en el último año y medio ha facilitado la realización electrónica de cerca de 140 millones de comunicaciones.
En este sentido, el ministro de Justicia, que ha criticado la desproporción en las reacciones surgidas ante ese problema en LexNET que han originado artificialmente sombras, dudas y sospechas infundadas que dañan la credibilidad y confianza en la Justicia, ha reafirmado el objetivo de transformación tecnológica de este servicio como uno de los proyectos estratégicos de su departamento.
El ministro ha explicado que LexNET es exclusivamente un instrumento electrónico que transmite los documentos desde el profesional hasta el juzgado, siendo estos borrados automáticamente en un plazo de 60 días, y ha aclarado que no se trata de un archivo de expedientes, grabaciones de vistas u otros documentos judiciales.
Así, el ministro ha recordado que el uso de la plataforma está muy delimitado, reservándose a los profesionales de la Justicia, principalmente abogados, procuradores y graduados sociales, que acceden a su propio buzón mediante tarjeta criptográfica y una clave personal, así como al resto de colectivos obligados por ley a comunicarse electrónicamente con los órganos judiciales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hospitales, centros penitenciarios y los funcionarios de la oficina judicial.
En ese sentido, el ministro ha explicado que los defectos detectados durante el 27 de julio se justifican en el despliegue de una nueva versión de LexNET que se lanzó siete días antes.
Catalá ha desmentido cualquier información referente a la exposición de los documentos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intercambian con los juzgados ya que estas comunicaciones se producen a través de sus propios sistemas de gestión y el error solo afectó a los accesos a través de Internet.
Una vez alertados del fallo, los técnicos del Ministerio trabajaron intensamente en su resolución y consiguieron solventarlo durante la tarde del propio jueves 27 de julio. Ese mismo día se constituyó en el Ministerio un Comité de Seguimiento que abrió una auditoría interna para aclarar las circunstancias del incidente, al tiempo que se notificó a la Agencia Española de Protección de Datos y posteriormente al Consejo General del Poder Judicial y se requirió la asistencia del Centro Criptológico Nacional.
El viernes 28 de julio, se decidió por razones preventivas trabajar durante el fin de semana en la revisión de la seguridad del sistema. Así, se suspendió el servicio desde las 16:30 horas de ese viernes ante la existencia de una escasa actividad de conexión, hasta las 20:25 horas del domingo 30 de julio, cuando el sistema volvió a estar completamente operativo y con todas las garantías de seguridad.
Por otro lado, el mismo viernes 28 de julio se detectó un ataque a una página web del Ministerio por parte de una persona ajena al ámbito de la Justicia. Fue bloqueada e identificada en el momento y denunciada el martes 1 de agosto ante la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía. Si bien no consiguió hacerse con información sensible, sino obsoleta, pública y en la que no se incluyen datos personales, judiciales o confidenciales, accedió a un servidor sin autorización y descargó y difundió información.
Una vez restablecida la normalidad del sistema, durante el lunes 31 de julio la aplicación funcionó de forma correcta, acreditando casi 233.000 notificaciones y cerca de 51.000 escritos presentados, cifras que suponen un incremento superior al 50% respecto al último día hábil del mismo mes de 2016. Además, como muestra de la mínima influencia de esta incidencia, durante todo el mes de julio se realizaron un 11,3% de notificaciones más que en el mismo periodo del año anterior (casi 5,7 millones), presentándose un 35,9% más de escritos (cerca de los 1,7 millones).
