Las gestoras de pensiones se conjuran para aprovechar el impulso legal de Bruselas
Bancos y aseguradoras recuerdan que las prioridades estratégicas de Europa obligan a fomentar el ahorro a largo plazo
La hora de los planes de pensiones ha llegado. La Unión Europea necesita movilizar 1,3 billones de euros —según cálculos de Mario Draghi, expresidente del BCE— para mejorar la competitividad de la región, garantizar su defensa y autonomía estratégica y preservar el Estado de bienestar. Una parte de ese dinero, la menor, saldrá de las arcas públicas, pero la mayor parte provendrá del ahorro privado. Para conseguir amasar y poner a funcionar una cifra tan colosal, los vehículos de previsión social complementaria —especialmente los seguros y los fondos de pensiones privados— deben jugar un papel central. Las gestoras especializadas quieren aprovechar esos vientos de cola que proceden de Bruselas para expandir una figura que lleva cinco años sumida en la melancolía. En dos semanas espera que la Comisión Europea publique una serie de recomendaciones para que los Estados miembros implanten nuevas fórmulas para promover el ahorro. Así, se prevé que Bruselas aconseje la adscripción automática a los planes de empleo para los nuevos trabajadores, además de acelerar la creación de la unión de ahorros e inversiones (Savings and Investment Union). Medidas que se asemejan también en las recomendaciones planteadas en este sentido por la OCDE, y que han dado lugar a la creación de la etiqueta europea de inversión.
Los planes de pensiones individuales y colectivos son gestionados y distribuidos en España por bancos y aseguradoras, con alguna pequeña excepción de gestoras independientes. Estos vehículos administran 135.000 millones de euros de inversiones en nombre de sus dueños. Pero ese importe es claramente insuficiente para convertirse en un complemento real para la pensión pública de jubilación. Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa (la patronal de las compañías de seguros), recuerda durante su intervención en las XI Jornadas de Planes de Pensiones Ibercaja, organizadas por CincoDías en colaboración con Ibercaja, que el dinero que hay en planes privados “tan solo representa el 8% del PIB español, mientras que la media en la eurozona es del 34% y hay países que superan el 100%”.
Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco (la asociación de las gestoras de activos), abunda en esta idea. “Aquí hablamos siempre de los tres pilares de la jubilación [la pensión pública, los planes empresariales y los planes de pensiones individuales], pero realmente solo hay un pilar, el público, y así es imposible que el sistema se mantenga”, explica. El directivo recuerda que cada año los españoles cobran tras la jubilación 3.800 millones de euros de sus fondos de pensiones, “mientras que el Estado paga más de 220.000 millones de euros entre pensiones contributivas y no contributivas, por lo que no podemos hablar de un sistema alternativo. Aún no”.
La queja sobre el escaso desarrollo de esta figura y las peticiones para que el Gobierno mejore la fiscalidad de este producto son una constante entre los actores de la industria. Pero este año algo parece haber cambiado en ese bucle melancólico. “La discusión sobre la necesidad de impulsar el ahorro a largo plazo ha entrado en la discusión estratégica de la Unión Europea y ese es un momento estratégico que tenemos que aprovechar”, resume Del Valle.
Adscripción automática
“Los vientos de cola son evidentes”, constata Martínez-Aldama. “Es la primera vez que vemos a las instituciones europeas tan determinadas en el fomento del ahorro a largo plazo”. Uno de los aspectos con los que las gestoras de fondos de pensiones confían en que tendrán el espaldarazo de Bruselas es con una modificación legal para que haya una “adscripción automática” para este ahorro previsional.
¿En qué consistiría ese cambio normativo? Se trata del modelo ya implantado en Reino Unido, Italia o Nueva Zelanda del auto enrolment por el que a todos los trabajadores se les ofrece por defecto la posibilidad de que la empresa destinara una parte de su sueldo a dotar un plan de pensiones colectivo, para su jubilación. Varios juristas han cuestionado la constitucionalidad de aplicar una medida así en España, pero en el sector cunde la sensación de que ahora los tiempos han cambiado y sí que se podría plantear una reforma en ese sentido.
“En Reino Unido se consiguió en muy poco tiempo sumar a millones de trabajadores que nunca habían ahorrado para su jubilación. Nosotros podríamos seguir ese camino”, apunta Martínez-Aldama. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el organismo nacional de ahorro laboral (NEST, por sus siglas en inglés), ya hay 13,8 millones de británicos que han optado por esta fórmula, y acumulan 50.000 millones de libras (56.000 millones de euros), en tan solo 12 años.
Desde el Gobierno también se valora ese impulso europeo. María Francisca Gómez-Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria en el Ministerio de Economía, recuerda que el proyecto de unión de inversiones y ahorro (SIU, por sus siglas en inglés) “va a poner el foco en el desarrollo de los seguros de ahorro y los fondos de pensiones” y reconoce que la cuestión de la adscripción automática va a volver a estar encima de la mesa.
Para el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, el gran reto ahora en España será conseguir un acuerdo político “sobre cuáles tienen que ser los incentivos para fomentar el ahorro a largo plazo”. El consenso sectorial coincide en la importancia de acometer nuevas reformas en el sistema público de pensiones y en el papel que jugarán en el futuro los planes privados. Así lo resumía el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, en la clausura de la jornada: “Europa necesita esos 1,3 billones de euros, para defensa, para reindustrialización, para transición energética, y el ahorro privado debe ganar protagonismo para afrontar estos desafíos tan cruciales”.
Innovación e inteligencia artificial
A la hora de fomentar el ahorro para la jubilación, los incentivos fiscales y el diseño normativo —como con la figura de la adscripción automática— jugarán un papel fundamental, pero no es la única vía para conseguir que los productos de previsión social complementaria lleguen a más gente.
En el supervisor europeo de seguros y fondos de pensiones (Eiopa, por sus siglas en inglés) organizaron en julio unos talleres de trabajo con una treintena de actores de diferentes países europeos para poner común soluciones sobre cómo expandir las pensiones a colectivos vulnerables: jóvenes, mujeres y autónomos.
Patricia Díez Busto fue una de las encargadas de poner en marcha esta iniciativa, denominada Eiopa Pension TechSpring. “Fue una experiencia muy interesante, porque desde ámbitos muy variados, desde los reguladores nacionales, académicos, agentes privados del mercado, pudimos poner sobre la mesa las problemáticas comunes que enfrentan estos colectivos y pensar en cómo diseñar productos a medida para acercarles las pensiones”.
Tras dos sesiones de trabajo, se presentaron tres propuestas de esquemas de pensiones, una para cada uno de esos grupos. “En el caso de los jóvenes vimos la importancia de hablarles con un lenguaje muy fácil y comprensible, también la posibilidad de gamificar la experiencia, que sería totalmente digital”, explica Díez Busto. En el caso de mujeres y autónomos, la solución estaba pensada para hacerles conscientes de la probable irregularidad de su flujo de ingresos a lo largo de su carrera profesional, lo que puede hacer que acaben aportando para sus pensiones privadas menos de lo deseable.
“Con la digitalización, con la transparencia, con el uso de la inteligencia artificial para brindar una experiencia cada vez más personalizada...podemos hacer que las pensiones sean cada vez un producto más atractivo y que atraiga a un público más amplio”, concluye la experta de Eiopa.
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