La Mutualidad de los Procuradores baraja su integración en la de los abogados
Ambos colectivos se enfrentan a una reformulación del modelo de ahorro para la jubilación
La Mutualidad de los Procuradores está en conversaciones para fusionarse con la Mutualidad de la Abogacía, en un momento en que el Gobierno está promoviendo una reforma legal para reformar la previsión social en estos colectivos, donde hay un gran malestar pues consideran que no van a cobrar pensiones dignas. La Mutualidad de los Procuradores cuenta algo más de 6.000 mutualistas activos, de los que la mayoría han ahorrado para su jubilación solamente a través de esta entidad, que gestiona casi 500 millones de euros de activos.
La aseguradora con la que negocian su integración es la Mutualidad de la Abogacía, la mayor del sector, con un volumen de activos de más de 10.200 millones de euros y 210.000 mutualistas. La entidad está operando desde hace unos meses bajo la marca comercial genérica de La Mutualidad, sin que haya habido ninguna oposición por parte del resto de mutualidades de previsión social.
Fuentes cercanas a la dirección de la Mutualidad de los Procuradores reconocen que “hace tiempo que tenemos conversaciones con la mutualidad de los abogados”. Aunque aún no hay nada cerrado, apuntan que “podría haber novedades en los próximos meses”.
La propia Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el organismo encargado de supervisar al sector asegurador, ha subrayado en varias ocasiones que le gustaría que hubiera un proceso de concentración y que fueran desapareciendo las entidades más pequeñas. No porque tengan un problema de solvencia, sino para hacer más eficiente el sector.
Las mutualidades profesionales surgieron después de la Guerra Civil española, cuando se fomentó que colectivos como los abogados, los arquitectos, los notarios, los curas o los policías, tuvieran una agrupación donde ahorraran para conseguir una protección social. Cuando se creó el Instituto de la Seguridad Social en 1963 poco a poco las mutualidades se fueron integrando, pero las de los abogados y procuradores se mantuvieron. De hecho, hasta 1995 era obligatorio para poder ejercer ser mutualista y no se podía cotizar a la Seguridad Social.
El sistema original de las mutualidades era de reparto, solidario. Tanto dinero entraba cada año, tanto se repartía entre los profesionales jubilados o con incapacidad. Pero, con el envejecimiento de la población y los tipos de interés al cero por ciento, el modelo se volvió insostenible, así que se convirtieron a un sistema de cuentas individuales. Tanto aportas, tanto tendrás al jubilarte.
En el caso de los procuradores hay problema adicional. “La profesión está en declive y hoy hay un 5% menos de procuradores ejerciendo que hace cinco años, y se cobra proporcionalmente menos”, apuntan desde la mutualidad del ramo. “Integrarnos en la Mutualidad del Abogacía nos permitiría ofrecer a nuestros mutualistas mejores coberturas”, reconocen.
Hace dos años, la Mutualidad de la Abogacía ya absorbió a la la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil. Entre las dos crearon la sociedad Avanza (controlada al 76% por la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía y al 24% por la Fundación de los Ingenieros) para vender seguros de vida-ahorro.
Las conversaciones de fusión entre abogados y procuradores se producen cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que planea la creación de una pasarela que permita convertir las aportaciones realizadas a las mutualidades en años de cotización a la Seguridad Social. Para la mayoría de abogados y procuradores la propuesta se queda corta, porque solo valdría para quienes fueran mutualistas antes de 1996 y, además, estén en situación de vulnerabilidad.
Otro de los anuncios realizados por la ministra del ramo, Elma Saiz, es que los nuevos abogados autónomos tengan que cotizar obligatoriamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en la Seguridad Social. Es decir, que las mutualidades de previsión social ya no podrían ser una alternativa a la cotización para la pensión pública. Desde La Mutualidad, su presidente, Enrique Sanz Fernández-Lomana, se ha mostrado totalmente contrario a esta medida, aunque también ha garantizado que la entidad tiene el futuro asegurado porque ya hay una mayoría de mutualistas que ahorra con ellos lo hace de forma voluntario, y los mutualistas alternativos al RETA no tienen tanto peso.
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