Las gestoras alertan de una retirada masiva de dinero de planes de pensiones individuales en 2025
A partir del 1 de enero, los clientes podrán movilizar sin condiciones 64.000 millones acumulados en estos productos
La cuenta atrás ha comenzado. El 1 de enero de 2025, los dueños de planes de pensiones individuales ya podrán retirar todo el dinero que tienen en este tipo de productos, siempre que tenga una antigüedad de 10 años, gracias a un cambio legal de la década pasada. El sector calcula que son 64.000 millones de euros, lo que supone el 75% de todo lo ahorrado bajo esta fórmula. En condiciones normales, solo se puede rescatar el plan de pensiones cuando llega el momento de la jubilación. Las gestoras de planes, controladas mayoritariamente por bancos y aseguradoras, están presionando al Ejecutivo para que cambie la ley para retirar o modular esta posibilidad, pues consideran que los planes individuales están heridos de muerte si no hay cambios.
La ley que habilita la liquidez a los 10 años se aprobó en 2017, con Luis de Guindos como ministro de Economía. Su objetivo era hacer más atractivos los planes de pensiones y reforzar la entrada de dinero en el sistema. Al ser un vehículo de inversión pensado para constituir un patrimonio que complemente la pensión pública de jubilación, el ahorrador está obligado a mantener el dinero durante décadas; la mayor liquidez ayudaría, así, a vencer reticencias. Sin embargo, la medida no ha logrado su objetivo y las aportaciones a planes privados llevan años estancadas (2015-2020) o menguando (2020-2023).
Ángel Martínez-Aldama, presidente de la asociación sectorial Inverco, considera que la ventana de liquidez a 10 años “desnaturaliza la figura del plan de pensiones, puesto que ya no va a ser un ahorro finalista orientado a la jubilación”. A su juicio, si no hay cambios legislativos durante este año, el próximo ejercicio “puede haber una gran retirada de dinero, del 25% o del 50%, que se acabe destinando a comprar un coche o a amortizar hipoteca, como ya vimos en el Reino Unido en una situación similar”.
Tanto Inverco como las patronales bancaria y de seguros (AEB y Unespa, respectivamente) llevan años insistiendo en la necesidad de retirar este supuesto. Argumentan que ya se han aprobado muchas opciones de liquidez excepcionales. Además de por jubilación, el dinero se puede sacar en casos de incapacidad laboral, desempleo de larga duración, riesgo de desahucio... Incluso se habilitó una casuística especial para poder realizar reembolsos por parte de enfermos graves de covid-19 y damnificados por el volcán de La Palma. Entre 2018 y 2022 se retiraron 1.143 millones de euros de planes alegando alguno de todos estos supuestos especiales de liquidez.
A pesar de la intensa labor de lobby, el sector es bastante escéptico. Sobre todo porque hace tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió desincentivar los planes de pensiones individuales. La reforma impulsada por el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, priorizaba el ahorro colectivo, a través de planes de pensiones de empleo, que cada empresa dota en beneficio de su plantilla. El principal atractivo de los planes, tanto individuales como colectivos, es que todas las aportaciones se pueden descontar de la base imponible del IRPF. Quien tiene una base de 30.000 euros y mete 5.000 euros a un plan, solo tributa por 25.000 euros. Para impulsar los planes colectivos, se mantuvo el límite de aportación en 8.500 euros, mientras que en los individuales se bajó a solo 1.500 euros.
En los tres últimos años, ya con ese tope rebajado, se han registrado salidas de dinero por valor de más de 2.000 millones de euros. Si el patrimonio acumulado no ha menguado más ha sido por la inercia de la revalorización de las inversiones que ya tenían los planes. A cierre de 2023 había 85.000 millones de euros en este tipo de vehículos.
El caso vasco
La banca dibuja un panorama apocalíptico si se mantiene la liquidez a los 10 años en planes individuales, pero el caso vasco sugiere otra cosa. Allí, los trabajadores ahorran para la jubilación a través de la figura de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), una figura muy similar, pero con sus particularidades. Una de ellas es que el dinero sí que se puede sacar cuando hace más de una década que se hizo la aportación.
Unai Ansejo, co-consejero delegado de Indexa Capital, trabajó durante 11 años en Itzarri, la EPSV de los funcionarios del Gobierno vasco. Allí comprobó de primera mano que “la gente no retira el dinero del plan porque sí, aunque tenga la oportunidad de hacerlo por la antigüedad”. Este experto recuerda que, al rescatar el dinero, hay que tributar ese ingreso como una renta del trabajo en el IRPF, “así que solo lo toca quien tiene una verdadera necesidad”.
Fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad Social reconocen que esta es una de las cuestiones que se ha encontrado sobre la mesa la nueva ministra, Elma Saiz Delgado, así como Israel Arroyo, secretario de Estado de Economía. “Ha habido un debate intenso sobre el asunto de la liquidez, y ya se han considerado propuestas para limitar el grifo de las salidas, incluso para establecer que esta posibilidad solo esté disponible durante unos pocos años, pero aún no se ha tomado una decisión”, apuntan.
Una de las limitaciones es que este supuesto de liquidez a los 10 años está blindado en una norma con rango de ley, así que solo se podría quitar por completo por otra ley. Un real decreto podría, eso sí, introducir algún tipo de matización, para evitar ese riesgo de salida masiva de dinero.
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