Félix Bolaños: “La falta de reformas era el camino seguro al colapso de la justicia”
El ministro de Justicia asegura que algunas resoluciones “incomprensibles” han dañado el prestigio de la judicatura. Celebra el fin de los juzgados “arcaicos” y promete repetir en 2027 la creación de 700 plazas de jueces y fiscales
Félix Bolaños (Madrid, 50 años) presume de haber dado un salto en la modernización de la justicia en España y, al mismo tiempo, se entusiasma enseñando a los periodistas las estancias, cargadas de historia, del madrileño palacio de Parcent. Las lámparas de araña de cristal iluminan los salones barrocos, que recuerdan el paso del tiempo y la vigencia de algunas normas con 150 años a la espalda como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). En contraste, en algunas de sus paredes cuelgan cuadros de arte contemporáneo de Juana Francés y Salvador Soria. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha elegido este lugar, una de las sedes de su departamento, para esta entrevista con Cinco Días. “Ahora estamos poniendo las bases de la justicia de los próximos 100 años”, asegura.
Pregunta. En abril hizo un año que la Ley de Eficiencia Procesal entró en vigor, y hace un año se pusieron en marcha de los nuevos tribunales de instancia. ¿Qué balance hace?
Respuesta. Es una reforma estructural de la planta judicial en nuestro país. Hemos dejado atrás los juzgados unipersonales, arcaicos, viejos, vetustos, inflexibles, caros que provenían de 1834 y hemos llevado a cabo una reforma para implementar los tribunales de instancia que pedían todas las asociaciones judiciales. Las cifras nos hacen ser muy optimistas: estamos consiguiendo rebajar la litigiosidad, gracias a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en torno al 10% a nivel general, y por encima del 20% en el orden jurisdiccional civil. Y por otro lado, ha subido el número de juicios que se señalan por encima de un 7% y ha subido el número de juicios que se celebran por encima del 5%. Es decir, pese a las lógicas y menores incidencias del principio de la implementación, la ley ya está dando resultados positivos. Y lo podemos resumir bien sencillo: menos litigios, más juicios y más jueces. Es sin duda la reforma que necesitaba la justicia.
P. Ya hay juicios señalados para 2029. ¿Cree que la reforma va a reducir el colapso de los tribunales?
R. No hay ningún colapso. Esos juicios que se señalan para 2029 vienen de la bola de nieve de los juzgados arcaicos e ineficientes. Ya hemos llevado a cabo las reformas procesales, estructurales, organizativas y digitales que precisaba la justicia. La falta de reformas en la justicia era el camino seguro al colapso más absoluto. No hacer reformas es muy cómodo: uno se cruza de brazos y dice que los problemas venían de antes y que no puede hacer nada. Ese no soy yo.
P. El último Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales. ¿Serán suficientes?
R. También es un efecto de la Ley de Eficiencia Procesal. Crear una unidad judicial con los juzgados unipersonales costaba entre 500.000 y 600.000 euros. Ahora con los tribunales de instancia no es necesario crear tantas plazas de funcionario o de letrados de la Administración de Justicia porque hay oficinas judiciales que son comunes a todos los jueces y magistrados. De esta manera podemos crear unidades judiciales por aproximadamente 100.000 euros. Las 700 nuevas plazas es la mayor convocatoria de la historia de la democracia. Ni sumando todas las plazas de los últimos 10 o 15 años se alcanzan tantas como en esta ocasión. Con estas plazas reforzamos en medios humanos la justicia para que los ciudadanos tengan resoluciones en un tiempo más breve y que los jueces y magistrados tengan cargas de trabajo más razonables. Hemos aumentado la plantilla de la carrera judicial en un 8,5% en un año y la de la carrera fiscal en un 7,3%, lo nunca visto. Mi idea es que esta creación de plazas en el entorno de las 700 plazas se prolongue durante dos años más.
P. En dos años quiere decir también en la próxima legislatura.
R. Claro: en nuestro último año de legislatura y en el primer año de la siguiente legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.
No hay ninguna capacidad de influencia del Gobierno en la Fiscalía, como se puede ver cada día en los periódicos
P. Otras reformas legislativas de su Ministerio, como la reforma de la Lecrim o la Ley de Acciones Colectivas están bloqueadas en el Congreso. ¿Cree que verán la luz teniendo en cuenta el actual escenario político?
R. El fraccionamiento parlamentario es un hecho y las dificultades para aprobar leyes en el Congreso también. Eso es lo que votó España. Y es cierto que hemos aprobado en esta legislatura 68 leyes. Es necesario mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho diálogo con los grupos parlamentarios. Es fundamental que sigamos trabajando para avanzar en algunas de esas leyes. Por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde 1882. Han pasado casi 150 años y he sido el primer ministro que ha llevado una ley integral con un cambio fundamental: que la instrucción la lleven a cabo los fiscales y que los jueces sean jueces de garantías.
P. Esa reforma es muy controvertida por las dudas que expresan algunas fuerzas políticas sobre la independencia de los fiscales y la capacidad del Gobierno de influir en ellos. ¿Qué responde?
R. No hay ninguna capacidad de influencia del Gobierno en el Ministerio Fiscal, como se puede ver cada día en cualquier página de los periódicos. El Ministerio Fiscal actúa con independencia de criterio, nos guste más o nos guste menos a nosotros y a la oposición. Dicho esto, en la propia reforma se establece una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar más su autonomía y la independencia. ¿Cómo? Por ejemplo, el nombramiento del fiscal general del Estado deja de estar vinculado a la duración de la legislatura: será por cinco años. O que cualquier comunicación entre Gobierno y Fiscalía General sea por escrito para que quede constancia de que no se puede dar ninguna instrucción.
P. Habrá quien piense que este Gobierno quiere dejar nombrado un fiscal general para el próximo Gobierno.
R. La entrada en vigor será en 2028. Es decir, el nuevo fiscal general del Estado lo nombrará el Gobierno que salga de las elecciones generales en 2027.
P. La última encuesta del instituto 40dB. sobre justicia para EL PAÍS y la Cadena SER concluye que dos tercios de los ciudadanos considera que existe lawfare, una utilización política de la justicia, y solo un 32% cree que las resoluciones sobre asuntos que afectan a la política son justas e imparciales. ¿Por qué los ciudadanos han perdido la confianza en el sistema?
R. En primer lugar, confío en la justicia española, en el Estado de Derecho y en el sistema de recursos y garantías para impugnar una resolución cuando se discrepa. En segundo lugar, durante los últimos años, algunas resoluciones judiciales han resultado incomprensibles para la ciudadanía y, en ocasiones, alejadas del derecho. Son muy pocas, una minoría muy minoritaria, pero han afectado a la imagen de la justicia. Es injusto porque la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de nuestro país hacen su trabajo con rigor, con imparcialidad y con excelencia. Lo que también está afectando al buen nombre de la justicia es la utilización torticera y espuria de organizaciones ultras intentando judicializar la política, que presentan querellas infundadas contra personas progresistas todos los días. Por eso, reitero la necesidad de regular la acusación popular, lo que está incluido en el proyecto de Lecrim.
P. ¿Las críticas del Ejecutivo a determinadas actuaciones judiciales, como la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez, o las supuestas maniobras de la trama de Leire Díez, han alimentado este relato del lawfare? Desde el Gobierno se ha dicho que hay jueces que hacen política, que hay actuaciones sospechosas, que no es casualidad que todo esto salga a la vez.
R. Cada causa tiene vida propia. Mezclarlas todas no es muy riguroso. Es verdad que ha habido causas con resoluciones difícilmente comprensibles desde el punto de vista del derecho. Y, por supuesto, hay libertad de expresión para formular críticas que, al menos yo, siempre hago en términos respetuosos y utilizando argumentos jurídicos.
Zapatero nos ha pedido confianza y tiempo porque quiere aclarar todas las cuestiones, y nosotros se lo vamos a dar
P. El Gobierno fue rápido en desmarcarse de dirigentes como José Luis Ábalos o Santos Cerdán cuando fueron imputados o aparecieron informes que los incriminaban. No ha sido así en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se insiste en defender su inocencia. ¿Por qué?
R. Cuando nosotros hemos entendido que había indicios sólidos de criminalidad que afectaban a una persona, hemos tomado medidas de inmediato, en horas. Pero ha habido otras causas donde esos indicios sólidos, en nuestra opinión, no existen todavía. En el caso del presidente Zapatero, el propio magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional habla de un estado muy embrionario de la investigación. El presidente Zapatero nos ha pedido confianza y tiempo porque quiere aclarar todas las cuestiones que tienen que ver con esta causa y nosotros se lo vamos a dar.
P. En el caso de Leire Díez, durante mucho tiempo el Gobierno dijo que era una militante socialista sin más, pero la investigación parece dejar claro que trabajaba para Santos Cerdán.
R. Vamos a ver qué dice la investigación. Yo ahí no quiero prejuzgar nada. Lo que sí está claro es que no ha habido afectación en las instituciones del Estado. Y esto es fundamental, porque ha habido otros Gobiernos donde sí ha habido afectación en las instituciones del Estado, en Policía, en Fiscalía, en judicatura. La trama Kitchen está vista para sentencia. En este caso, las instituciones del Estado han funcionado con normalidad.
P. Hace un año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso un paquete de 15 medidas regeneradoras y contra la corrupción, que incluían una agencia de integridad pública independiente, nuevos controles de la financiación de los partidos y de la publicidad en los medios, endurecer el Código Penal... Pero difícilmente van a llegar a materializarse en lo que queda de legislatura.
R. El presidente anunció hace unas semanas que este mes vamos a llevar al Consejo de Ministros la Ley de Integridad Pública, que contiene la inmensa mayoría de las medidas. No me cabe duda que la totalidad de los grupos parlamentarios tienen preocupación con la corrupción. Esta es una ley compleja donde ha habido que solicitar informes preceptivos. Es una ley muy sólida que ya aprobamos en primera vuelta hace unos meses, que vamos a aprobar en las próximas semanas en segunda vuelta.
P. En 2024 se renovó el CGPJ con el compromiso del Gobierno y PP de cambiar el sistema de elección de los jueces, pero casi dos años después este asunto sigue estancado. Y el propio CGPJ presentó dos propuestas contradictorias, una de cada sector. ¿Este acuerdo es posible?
R. Hay dos modelos: uno corporativo, en el que los jueces eligen a sus representantes en el Consejo, y un modelo democrático, donde los representantes de los ciudadanos en el Congreso y en el Senado eligen a los vocales. El Poder Judicial es un poder del Estado y no puede funcionar en términos de puro corporativismo, ni de pura endogamia, sino que tiene que tener una base democrática. Quiero recordar que el sistema que hoy está vigente es un pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista en 2001, cuando el PP gobernaba por mayoría absoluta.
P. Los ciudadanos tienen la sensación de que la justicia acusa un retraso tecnológico, que aún hay un exceso de papeleo. Ya se han tomado medidas para la digitalización. ¿Plantea la introducción de herramientas de inteligencia artificial en la administración de justicia?
R. Hemos hecho un esfuerzo ingente en esta legislatura con 850 millones de euros en digitalización, y también en alguna herramienta de inteligencia artificial. Hemos aprobado la Ley de Eficiencia Digital, de tal manera que los actos digitales ya son la norma, no son la excepción. Dicho esto, se puede seguir avanzando para conseguir una inteligencia artificial sin sesgos que pueda cooperar y colaborar. No se trata de sustituir a jueces y magistrados. Hoy un magistrado podría no tener ni un papel en la mesa.