El Gobierno allana el terreno para poner en mano de los fiscales la instrucción de las causas penales
El Ejecutivo ha dado luz verde al borrador para modificar el estatuto del cuerpo y adaptarlo al nuevo rol que le otorga la futura LECrim, en línea con la UE
Nuevo paso en la reformulación de la figura del fiscal español. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en primera vuelta, una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El objetivo principal de la norma es adaptar esta institución al nuevo papel que tendrá con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que convertirá al Ministerio Fiscal en el encargado de la instrucción de los procesos penales, un cambio mayúsculo que elimina de la ecuación la figura de los jueces instructores. Es el sistema que siguen en el resto de países de la Unión Europea.
Se trata de la mayor reforma de la Ley 50/1981, que regula el Ministerio Público desde hace cerca de 45 años. Con ella, el Gobierno atiende, además, a las principales recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) para el refuerzo de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.
Desvinculación
El texto recoge otras medidas de calado, que buscan reforzar la independencia de la institución. Una de las más relevantes: para garantizar su independencia, el mandato del Fiscal General del Estado será de 5 años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora.
Además, para impedir ceses discrecionales por parte del Gobierno, el FGE solo podrá ser cesado, en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial. El FGE tampoco podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.
La reforma, además, otorga mayor autonomía a esta institución. Así, el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al FGE y no al Gobierno, como hasta ahora.
También se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del FGE si cuenta con el apoyo de, al menos, las 3/5 partes de sus miembros.
La norma también refuerza la transparencia del Ministerio Fiscal y de las asociaciones de fiscales, que no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros. Asimismo, prevé la creación de un registro público de los fiscales encargados de preparar a opositores, que, además, necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado para hacerlo.
Además, el Ministerio Público pasará a dirigir la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito.
Además, el Fiscal Jefe será el responsable de nombrar al fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso. El anteproyecto también incluye un régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.