¿Gravar o no gravar?: el debate sobre el impuesto al patrimonio vuelve a Europa
La implementación de un gravamen a los ultrarricos cobra fuerza en Francia, la segunda economía más grande de la UE. Los expertos consideran que este tipo de medidas tienen un importante papel en la concentración de la riqueza, pero reconocen que su recaudación no es lo suficientemente alta para compensar los déficits fiscales
Los impuestos a las grandes fortunas vuelven a ser un tema de discusión en el Viejo Continente. En el contexto del próximo debate sobre los presupuestos en el Parlamento francés, los socialistas galos han planteado la implementación de un nuevo gravamen sobre el patrimonio de los más ricos. La propuesta revive una cuestión que en los años recientes ha sido debatida en los países más endeudados de la Unión Europea, y que ha sido impulsada por el FMI, la OCDE y el G20. No obstante, los expertos consideran que, si bien este tipo de tributo tiene un importante componente simbólico y político, su impacto real sobre la recaudación es limitado y su correcta aplicación es compleja.
“Esta discusión surge por necesidades presupuestarias, pero sobre todo por el incremento de la desigualdad y por la existencia de una creciente acumulación de riqueza entre ciertos grupos de personas. El impuesto sobre la renta (IRPF) es una de las herramientas para redistribuir, pero no parece suficiente para eliminar esta concentración”, explica a CincoDías José María Durán Cabré, director e investigador del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y profesor de la Universidad de Barcelona (UB).
Pero, ¿en qué consiste realmente esta medida? “El impuesto sobre el patrimonio neto es el que grava el patrimonio total de las personas generalmente físicas, descontándole las deudas. Ahora mismo, en la Unión Europea, España es el único país que lo aplica. Si nos referimos a Europa, incluiríamos a Noruega y Suiza, y Luxemburgo lo tiene, pero solo para personas jurídicas. En el ámbito de la OCDE, también existe en Colombia. Hay otros países que cuentan con impuestos sobre el patrimonio, pero no sobre el patrimonio global”, asegura Laura de Pablos, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. La experta añade que, en Francia, actualmente se aplica un impuesto al patrimonio inmobiliario que pretende alcanzar a las personas que tienen bienes inmuebles en otros países. Asimismo, Italia y Portugal cuentan con tributos específicos.
Alejandro Esteller-Moré, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB) e investigador del IEB, indica que el impuesto a las grandes fortunas, tal como funciona en España, pretende ser complementario a otros tipos de gravámenes. Asimismo, busca compensar la desigualdad y evitar la concentración desmesurada de patrimonio. En concreto, Esteller-Moré detalla a CincoDías que esta tasa se diferencia del impuesto sobre la renta porque se aplica a un stock (la riqueza), mientras que otro grava un flujo (la renta). Por otra parte, este tributo se distingue del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) porque grava “toda la riqueza” con tipos progresivos, y del de sucesiones y donaciones porque grava la propiedad en sí y no la transmisión. En 2023, alrededor de 228.500 personas declararon este tipo de impuestos en el territorio español, aunque los aportes y el número de contribuyentes varían dramáticamente en las distintas Comunidades Autónomas.
Un viejo debate
Muchos países europeos tuvieron tributos de esta naturaleza en el pasado, pero finalmente los eliminaron en las décadas de los 90 y 2000. Algunos de ellos fueron Austria (en 1994), Dinamarca (1997), Alemania (también en 1997), Países Bajos (2001), Finlandia, Islandia y Luxemburgo (los tres en 2006) y Suecia (2007). Asimismo, Francia, Bélgica, Países Bajos e Italia todavía cuentan con tasas similares sobre ciertos tipos de activos, y sus políticos han discutido tanto ampliar como eliminar estos tributos más de una vez en las últimas décadas.
Sin embargo, ha sido un informe del G20 realizado por el economista francés Gabriel Zucman el que ha revitalizado el debate. En este documento, publicado a inicios de 2024, se sugiere un estándar global que garantice una tributación efectiva de las personas con una riqueza neta ultraalta. “En la propuesta base, las personas con un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares estarían obligadas a pagar un impuesto mínimo anual equivalente al 2% de su patrimonio. Este estándar podría implementarse de forma flexible por los países participantes a través de diversos instrumentos nacionales”, expresa el mencionado texto.
Zucman argumenta que existe evidencia de que los sistemas tributarios contemporáneos no logran gravar eficazmente a las personas más ricas del planeta. A este respecto, calcula que un impuesto mínimo a los multimillonarios equivalente al 2% de su patrimonio recaudaría entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales a nivel mundial, provenientes de unos 3.000 contribuyentes. Si se extiende el tributo a los centimillonarios, se añadirían entre 100.000 y 140.000 millones de dólares, según especula el economista francés. Por su parte, el FMI publicó un informe a inicios de 2024 que también respaldaba este tipo de políticas.
“En los últimos diez años, tanto los trabajos académicos como las organizaciones internacionales se han centrado más en el patrimonio. Piensan que los impuestos sobre la riqueza pueden disminuir las desigualdades. Y no solo hablan de gravar el patrimonio neto, sino también sobre sucesiones y donaciones. Piensan que ambos pueden ayudar a mitigar la brecha entre ricos y pobres, y sobre todo el gran crecimiento de algunas fortunas“, pondera Laura de Pablos.
Propuestas en todo el continente
En el contexto del debate presupuestario que el Gobierno de Emmanuel Macron tendrá que enfrentar en los próximos meses, los socialistas franceses han sugerido implantar la llamada “tasa Zucman”, que ha sido respaldada por el economista en persona. Este impuesto consistiría en gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros, alrededor del 0,01% de la población.
Dicho esto, si bien la posibilidad de imponer este tipo de gravamen ya ha sido descartada por el Gobierno de Macron, la necesidad de contar con el apoyo de los socialistas complica el panorama. Así lo demuestra la reciente dimisión de Sébastien Lecornu, que ha sido el quinto primer ministro en menos de dos años. En esta línea, los votos socialistas son imprescindibles para devolver la estabilidad al país e implementar las reformas económicas que el Ejecutivo está planteando.
El magnate francés Bernard Arnault, dueño del conglomerado LVMH y décimo hombre más rico del mundo, se ha manifestado radicalmente en contra de la propuesta, que a sus ojos pretende “destruir la economía liberal, la única que funciona para el bien de todos”. El empresario también resaltó que, siendo “el mayor contribuyente individual” del país, consideraba que el mencionado impuesto sería “letal” para la economía francesa.
Y Francia no está sola. En Suiza también hay un debate político en curso, con una iniciativa popular para gravar al 50% las herencias superiores a 53 millones de euros con fines sociales y climáticos. Por otro lado, en el Reino Unido, la discusión también está abierta. Un ala del Partido Laborista, liderada por el exlíder laborista Neil Kinnock y la diputada Diane Abbott, ha planteado en los últimos meses crear una tasa de este tipo que ayude a cubrir el déficit gubernamental. Sin embargo, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, descartó esta posibilidad y desestimó la efectividad de estos gravámenes. “Ya tenemos impuestos sobre las personas adineradas; no creo que necesitemos un impuesto sobre el patrimonio independiente”, declaró Reeves en una entrevista con Bloomberg.
A nivel regional, la discusión también se está suscitando. Con el inicio de la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea, algunas voces dentro de los grupos políticos de izquierda del Parlamento Europeo quieren impulsar un debate. En diciembre de 2024, la Comisión Europea inició un estudio sobre posibles impuestos paneuropeos sobre el patrimonio de los ultrarricos, que debería concluir antes de finales de 2025, para después ser discutida en el legislativo.
“Un impuesto mínimo del 2% para los centimillonarios neutralizaría la regresividad de los sistemas tributarios europeos y recaudaría 67.000 millones de euros, equivalente a una cuarta parte de las necesidades de ingresos estimadas por Bruegel para cubrir las necesidades de inversión en defensa. Un impuesto mínimo del 3% haría que los sistemas tributarios europeos fueran ligeramente progresivos y recaudaría 121.000 millones de euros, cerca del 50% de las necesidades de ingresos estimadas”, indica un informe de EU Tax Observatory.
Mientras tanto, los expertos evalúan que, en España, se necesita también abrir un debate para ver las posibilidades reales de este tributo. “Este impuesto tiene mucho que ver con la redistribución de la riqueza, y cuando funciona bien puede cumplir ese objetivo. Sin embargo, en la agenda política no se ha incluido reformarlo ni abordar los problemas que tiene, como los criterios de valoración o la actuación de los topes de gravamen que reducen las cuotas de los grandes patrimonios, o las diferencias entre las Comunidades Autónomas”, responde Laura de Pablos a CincoDías.
Efectividad cuestionada
En suma, aplicar esta clase de impuestos no es solo un reto político, sino también práctico. De hecho, el informe del FMI detalla que, en los países europeos, el uso de sociedades holding está “muy extendido” entre las personas con un patrimonio neto muy elevado, y eso dificulta la recaudación. “Estas sociedades permiten a los titulares de grandes participaciones en empresas que pagan dividendos evitar la tributación. Como resultado, en estos países los tipos impositivos efectivos convergen a casi cero en la parte superior de la distribución de la riqueza”, sentencia la publicación de la entidad.
En esta línea, la dificultad para determinar la base sobre la cual se aplicará la tasa se perfila como uno de los grandes problemas. “Estas iniciativas solo se pueden lograr si hay colaboración regional. Existe una parte de la riqueza relacionada con bienes muebles que se puede saber dónde está, pero hay una riqueza financiera que es más difícil de localizar. Si no se ubican este tipo de activos, los gravámenes propuestos pueden aprobarse, pero no serán efectivos”, apuntala José María Durán Cabré.
Por otro lado, las cantidades recaudadas por esta vía no se presentan como soluciones realmente efectivas para saldar los déficits de países como Francia, Italia o España. “Cuando este impuesto se ha aplicado, su recaudación ha sido pequeña. Si hay una deuda pública muy elevada, puede ayudar, pero de forma muy menor. Es muy difícil que solucione los problemas de déficit público. Por ejemplo, en España este impuesto representa una cifra en torno al 0,5% de la recaudación. Por eso se plantea eliminarlo o ya se ha eliminado en otros países. A nadie se le ocurriría plantear la eliminación del IRPF, porque da el 20% o 25% de los ingresos tributarios”, sentencia Durán Cabré.
