Deuda pública europea: ¿el fantasma de un exceso o riesgo programado?
Los países del Viejo Continente presentan niveles de deuda excesivos que están alarmando a algunas de las entidades comunitarias. Los expertos están divididos entre si estos riesgos pueden ser controlados o si supondrán una austeridad en el mediano plazo
En el peor momento de la crisis producida por la pandemia de la covid-19, el apoyo económico de la Unión Europea a sus Estados miembros fue clave. Desde entonces, y con la crisis energética producida por la invasión a Ucrania, Bruselas ha movilizado alrededor de 648.000 millones a través del fondo Next Generation para ser invertidos en reformas y proyectos (291.000 millones en préstamos y el resto en ayudas no reembolsables). En este contexto, la gran mayoría de los países europeos han logrado reactivar sus economías y potenciar la transición verde y digital. No obstante, los analistas advierten de que la recuperación puede tener un efecto indeseado: el aumento de la deuda gubernamental, que en algunos países ya era un problema estructural desde antes de las distintas crisis.
En concreto, la deuda pública de los países europeos en función del PIB ha subido de media un 3,9% en comparación a las cifras prepandémicas. Entre las economías más grandes del continente, el caso más llamativo es el de Francia, cuya deuda ha aumentado un 12,7% respecto a la cifra de 2019. Italia y España también han visto crecer el endeudamiento, en un 3,1% y un 9,5%, respectivamente. Alemania, por su parte, registra un incremento del 4% en este indicador (ver gráfico). Cabe destacar que este problema no es solo europeo, ya que las proyecciones anticipan que la ratio de deuda sobre el PIB subirá del actual 110% al 127% en 2029 en las economías desarrolladas.
“Una parte importante de la deuda pública europea se concentra en países que ya arrastraban problemas desde antes del covid. Portugal, Italia, Francia y España principalmente. Después del covid hubo un incremento de deuda y después de esto se ha mantenido la dinámica”, explica a Diego Martínez López, investigador asociado a Fedea. Los expertos consultados por este periódico detallan que los principales acreedores europeos son el Banco Central Europeo, fondos de inversión privados y el sector de la banca europea.
Más allá de esto, 13 de los 27 miembros presentan deudas que sobrepasan la meta del 60% respecto al PIB que solicita Bruselas. Asimismo, la relación déficit público/PIB de la UE escaló del -3,4% en 2022 al -3,5% en 2023, también por encima de la meta pactada del -3%. En total, 11 Estados miembros tenían déficits superiores a este objetivo: Italia, Hungría, Rumanía, Francia, Polonia, Malta, Eslovaquia, Bélgica, Chequia, España y Estonia
¿Problema estructural?
Uno de los principales debates entre los expertos y políticos es si esta deuda es una consecuencia natural de las recientes crisis o si se viene arrastrando desde antes. En este contexto, desde Scope Ratings destacan que Europa se enfrenta a niveles de deuda pública estructuralmente más elevados tras la pandemia y las crisis energéticas. Este sería el caso de naciones como Francia, que operan con un déficit superior al 3%.
“No solo la deuda pública es más elevada en términos agregados, sino que las disparidades fiscales entre los países soberanos de la zona del euro han aumentado aún más desde las crisis. Por ejemplo, el diferencial de ratio de deuda entre Alemania y Francia ha pasado del 38% en 2019 a casi el 50%, en contraste con el diferencial cercano a cero entre 1992, cuando se firmó el Tratado de Maastricht, y 2012, el punto álgido de la crisis de la zona del euro”, expresan desde la agencia calificadora.
Según los expertos de Scope, esto es importante porque los diferentes niveles de deuda pública implican distintas capacidades para responder a las perturbaciones. “Además, las posiciones fiscales divergentes también pueden complicar los debates sobre la futura solidaridad y el reparto del riesgo fiscal, especialmente en caso de perturbaciones específicas de cada país y no de toda la región”, sostiene Jakob Suwalski, analista para España de la firma de rating.
En este contexto, José Manuel Amor, socio director de Afi, explica opina que un problema de países como Francia, Italia o España es que sus sistemas están articulados forma que sus ingresos no compensan sus gastos. “Los componentes del gasto en estos países son fijos y difíciles de reducir. Lógicamente, derivan en un saldo deficitario de forma estructural. Aunque el ciclo fuera bien, el saldo sería negativo”, apunta el experto; que también descarta que en el contexto geopolítico actual estos gobiernos vayan a optar por aplicar drásticas medidas de austeridad.
Nivel de riesgo
Una portavoz de la Comisión Europea ha explicado a CincoDías que, según los expertos del Ejecutivo comunitario, los riesgos de sostenibilidad fiscal “son bajos en todos los Estados miembros de la UE a corto plazo, mientras que son elevados a medio y largo plazo en varios países”. Esto se debería a los ratios de deuda elevados que se pueden suscitar en algunos miembros si no se modifican las políticas.
“Según las previsiones de primavera de la Comisión, en medio de mayores costes del servicio de la deuda y un menor crecimiento del PIB nominal, se espera que la relación deuda/PIB se estabilice este año, en el 82,9% en la UE, antes de subir alrededor de un 0,4% en 2025. La evolución de los ratios de deuda pública varía según los países. Se prevé que para finales de 2025, en la mayoría de los Estados miembros, la relación deuda/PIB será inferior a la de 2020, pero se mantendrá por encima del 60% del PIB en 12 países”, indica la portavoz de Bruselas a este periódico.
Dicho esto, algunos expertos descartan que las ayudas asignadas por Bruselas tras la pandemia sean un componente especialmente problemático dentro de la deuda de los países miembros. “Estos préstamos no deberían suponer un problema. Están bien dosificados en el tiempo y los tipos de interés son razonablemente sensatos. No parece que vaya a haber obstáculos sobre la devolución. El importe ronda los 70.000 millones, que a diez años, para una economía como la española, no debería ser complicado”, asegura Diego Martínez López, investigador asociado a Fedea.
“La deuda no es mala si genera crecimiento que permita pagarla y promover la actividad económica. Lo malo es no poder pagarla. Si se tienen saldos de deuda muy elevados estás retrayendo recursos fiscales que se podrían ir a sanidad, a educación, a pensiones para pagar”, comenta José Manuel Amor, socio director de Afi. Dicho esto, el experto señala que también es improbable que alguno de los Estados miembros incurra en algún tipo de impago, pero que probablemente los más endeudados tendrán que hacer algunos recortes si su deuda se sigue incrementando.
La postura del BCE, sin embargo, es más conservadora. “Cualquier reevaluación del riesgo soberano por parte de los participantes del mercado debido a los altos niveles de deuda y las políticas fiscales indulgentes podría aumentar aún más los costos de endeudamiento y tener efectos negativos para la estabilidad financiera, incluso a través de efectos de contagio a los prestatarios privados y a los tenedores de bonos soberanos. Por último, las crecientes tensiones geopolíticas y las próximas elecciones en muchos países están aumentando la incertidumbre sobre las futuras necesidades de endeudamiento”, advierte la reseña de estabilidad económica del BCE publicada en mayo.
¿Nueva austeridad?
Si bien la política fiscal es competencia de los países miembros, Bruselas ya está intentando que los socios pongan mayor atención a los altos niveles de deuda. En abril de 2024, el Consejo adoptó el paquete de legislación que reforma el marco de gobernanza económica y fiscal de la UE. Las nuevas normas entraron en vigor el 30 de abril de 2024 y los principales objetivos son “fortalecer la sostenibilidad de la deuda de los Estados miembros y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros mediante reformas que mejoren el crecimiento e inversiones prioritarias”, declara una portavoz del ejecutivo comunitario a este periódico.
“La reforma acordada del marco de gobernanza económica garantizará una reducción general de los ratios de deuda y los déficits a niveles prudentes de manera gradual, realista y favorable al crecimiento. Permite un enfoque personalizado para cada Estado miembro, teniendo en cuenta las diferentes posiciones fiscales, niveles de deuda pública y desafíos económicos. Al mismo tiempo, también garantizará una vigilancia multilateral eficaz”, explican desde Bruselas. Según las nuevas normas, los países miembros deben presentar su primer plan a medio plazo antes del 20 de septiembre de este año. Posteriormente, los planes serán evaluados por la Comisión y el Consejo.
“Los marcos fiscales han pasado a un primer plano de la agenda de la UE, con la reintroducción, este año, de reglas fiscales europeas que fueron suspendidas en 2020. Estos requisitos presupuestarios tienen como objetivo garantizar la disciplina fiscal en la Unión. Las nuevas reglas introducen una mayor flexibilidad en comparación con la versión anterior, pero su reintroducción significa que los países de la eurozona con niveles de deuda pública de moderados a altos se verán sujetos a un mayor escrutinio y presión para reducir el endeudamiento”, dice un informe de S&P Global publicado en febrero.
A pesar de esto, los expertos consultados descartan que los países europeos vayan a entrar en austeridad. Esto se debería principalmente a que el contexto geopolítico demanda políticas fiscales expansivas que permitan a Europa generar crecimiento y consolidar su autonomía estratégica. “Aunque la reducción de la deuda pública, incluso entre los países soberanos muy endeudados, es factible sobre la base de los ajustes fiscales históricos, la debilidad de los Gobiernos, que luchan por aplicar planes fiscales coherentes a medio plazo, ejerce presión sobre las calificaciones crediticias de algunos países soberanos de la zona del euro”, indican desde Scope Ratings.
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