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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La fuerza ¿decreciente? de la negociación colectiva

El diálogo social vivió un momento fructífero a principios de la pasada legislatura, con 14 pactos tripartitos de toda índole. Pero es un recuerdo cada vez más lejano

CINCO DÍAS
Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y al presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.Getty Images

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha incluido a España en el grupo de países incumplidores de sus convenios. Es uno de los 24 Estados, de los 187 que participan en el organismo laboral de Nacional Unidas, que se llevan una reprimenda en la conferencia anual que se celebra estos días en Ginebra. El motivo es el incumplimiento del convenio 114, uno de los menos conocidos, de carácter técnico. Obliga a los países firmantes “a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT”.

Leído por encima cuesta afirmar que España no lo respeta. Sindicatos y patronales destacan desde hace años que el grado de negociación colectiva del país es superior al de nuestros vecinos. La conversación entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios, junto al Gobierno, vivió un momento especialmente fructífero a principios de la pasada legislatura, con 14 pactos tripartitos de toda índole, buena parte de ellos durante la crisis sanitaria. Fue un apogeo para el diálogo social, pero es un recuerdo cada vez más lejano. El puntal fue la reforma laboral, que ha hundido la altísima temporalidad crónica que sufría el país.

El convenio 114 interpela a aspectos más técnicos de la negociación colectiva, a la entrega en tiempo y forma de documentación a los agentes sociales en relación con la OIT. Aunque los sindicatos señalan problemas en su aplicación desde 2012, no ha sido hasta ahora cuando España ha recibido una reprimenda. Las maniobras de CEOE han sido claves para tal resolución. El señalamiento no tiene consecuencias prácticas, más allá del posible daño reputacional a España. El movimiento de CEOE es indicativo de que las relaciones de la patronal con el Gobierno no pasan por un buen momento.

Las declaraciones públicas de los líderes empresariales y del Gobierno demuestran demasiado a menudo la falta de entendimiento. Sería deseable que la patronal vuelva a la senda del acuerdo que transitó hace no tanto tiempo. Pero, a la vez, es comprensible el enfado patronal (y sindical también) por la aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos. Excluir a los agentes sociales de una conversación tan nuclear no ayuda a los importantísimos debates en el horizonte, como el de la reducción de la jornada ordinaria. La fragmentación parlamentaria dificulta aún más los consensos, pero ello no es excusa para no perseguirlos.

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