El Gobierno adapta el IRPF al nuevo SMI y ahorrará 1.385 millones a los contribuyentes de menor renta
La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, beneficiará a 5,2 millones de trabajadores
El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado dos importantes medidas de tinte económico vinculadas entre sí. Por un lado, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.134 euros mensuales con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Por otro, y relacionada con esta mejora, una modificación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), pensada para amortiguar el impacto tributario que, de lo contrario, tendría en los contribuyentes de menos ingresos el alza del SMI. El coste fiscal conjunto ligado a esta medida superará los 1.300 millones de euros.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que la nueva mejora salarial, de 15.875 euros anuales, proporciona una cifra distinta a la contemplada en el anterior mínimo exento del impuesto. Por eso mismo, “igual que hicimos el año pasado”, el incremento del SMI se acompañará de un cambio legal para fijar el nuevo límite en 15.876 euros, justo un euro por encima del nuevo umbral. Esto “va a permitir que los contribuyentes que perciban el SMI estén exentos de los correspondientes impuestos”, ha añadido Montero.
A partir de aquí, y para evitar errores de salto para aquellos trabajadores que estén ligeramente por encima del nuevo salario mínimo, Hacienda también ha diseñado un incremento de las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 21.000 euros brutos, que se ampliarán hasta los 19.747,5 euros netos. En la práctica esto significa que aquellas rentas del trabajo comprendidas entre los 15.876 euros y los 19.747,5 euros sufrirán menos retenciones de las que, de la otra manera, les corresponderían. Estos cambios se anunciaron a mediados del pasado enero, cuando el PP exigió retocar el impuesto y Hacienda lanzó a consulta pública la reforma.
Montero ha recalcado que esta modificación legal se plasmará en el proyecto de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que está negociándose en el seno del Gobierno y corre peligro por el bloqueo del PP a la senda fiscal diseñada por el Ejecutivo. Por eso, mientras tanto, se modifica el reglamento del impuesto para blindar esta bajada fiscal con efectos inmediatos. La medida, según cálculos de Hacienda, afectará a unos 5,2 millones de contribuyentes, que ahorrarán alrededor de 1.385 millones de euros en 2024.
La ministra Montero ha aprovechado su comparecencia para cargar contra las propuestas fiscales de la oposición y ha puesto una serie de ejemplos que, a juicio del Ejecutivo, ilustran las diferencias tributarias que hay entre los gobiernos del PSOE y el PP.
El primer caso expuesto por la vicepresidenta primera se refiere al de una persona que ganara 15.876 euros anuales en 2018, lo que ahora supone el SMI. En aquel año, la retención fue del 7%, lo que supuso una cuota tributaria de 1.111 euros anuales. En 2023, ha continuado Montero, la retención disminuyó al 2% y en 2024 llegará a cero. “Es un ahorro de 1.111 euros frente a lo que se pagaba con el Partido Popular en 2018″.
Otro ejemplo, que no se escoge al azar porque supone el sueldo más frecuente del país, es el del trabajador que percibe 18.500 euros al año. Si en 2018 la retención en el IRPF era de 2.000 euros, en 2024 será de 1.128 euros, “casi la mitad que lo que se pagaba con el Partido Popular”. “Es un 43,55% menos de lo que se abonaría si aún estuviera vigente el IRPF del PP”, ha insistido Montero. El último caso es el de un jubilado de entre 65 y 75 años con una prestación de 17.000 euros por ejercicio. Hace seis años, la retención, del 8,6%, suponía el pago de 1.462 euros. Ahora, esta cae al 1,32%, llevando la cuota a los 224 euros. Este contribuyente pagará en retenciones en 2024 un 62,7% menos que en 2023 y un 84,6% menos que en 2018.
Senda fiscal
El envite de Hacienda en materia fiscal se explica por varias razones y no puede desligarse de la pugna que mantienen el Gobierno y el PP a cuenta de la senda de déficit que todavía debe tramitarse en el Senado y que es necesaria para poder aprobar las cuentas públicas. El principal partido de la oposición avisó este lunes de que bloqueará en la Cámara alta los objetivos de déficit que ha planteado el Ejecutivo, una maniobra pensada para congelar temporalmente la tramitación presupuestaria y que podría evitarse, insisten en el PP, si Hacienda otorga más financiación a las autonomías y aprueba rebajas fiscales como la deflactación del IRPF, entre otras.
La deflactación del impuesto de la renta no es más que un ajuste que lo adapta a la elevada inflación para evitar que los contribuyentes paguen más como consecuencia de la subida de los precios. La filosofía pasa por evitar un incremento de la conocida como tributación en frío, aquella que se produce sin que sea necesaria una subida fiscal. El PP ha hecho de esta propuesta su caballo de batalla en materia tributaria y en el Gobierno la rechazan porque beneficiaría a todos los tramos de renta. Por eso, Hacienda insiste en focalizar las rebajas a los tramos más bajos y en aumentar la fiscalidad a aquellos contribuyentes de más ingresos.
Sin la deflactación del IRPF y otras medidas exigidas, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo hará valer su mayoría en el Senado para bloquear los objetivos de déficit, que prevén un desvío del 3% del PIB en 2024. De esta cantidad, las autonomías podrían llegar a un déficit del 1%, mientras que los municipios tendrían que registrar equilibrio.
En Hacienda insisten en que, si el PP bloquea la senda en dos ocasiones, el Gobierno podría aprobar los Presupuestos (si el Congreso los valida) en base a los objetivos incluidos en el Programa de Estabilidad aprobado por la Comisión Europea. Estos son más duros para las entidades regionales y locales, ya que exigen un equilibrio para las primeras y un superávit del 0,2% para los segundos. La ministra Montero, por eso, cree que si el PP bloquea la senda estará perjudicando también a sus comunidades autónomas y ayuntamientos a cambio de, simplemente, retrasar durante un par de meses el calendario previsto por el Ejecutivo.
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