Cepyme pide al nuevo Gobierno mejoras fiscales y menores cargas administrativas
Califican de insostenible el “incremento del gasto estructural”. Proponen elevar el tamaño medio de la empresa hasta igualarlo con el promedio europeo
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha dado a conocer un decálogo en el que piden al nuevo Gobierno medidas que “alivien los sobrecostes que vienen soportando las empresas en forma de impuestos, cotizaciones y fuertes alzas continuadas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.
Estas 10 propuestas hacen énfasis en la necesidad de que los ministerios trabajen en temas como la morosidad, la falta de mano de obra que cubra las vacantes que sufren algunos sectores y la agilización del reparto de los fondos europeos.
La asociación empresarial reclama que se tenga presente a la pequeña y mediana empresa a la hora de legislar, así como la búsqueda de un marco fiscal, laboral y administrativo más amable para las pymes, de forma que se facilite el aumento de la productividad y la competitividad de las empresas españolas.
Según los últimos datos publicados en julio por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las pymes son el motor de la economía española. Son el 99% del tejido empresarial y generan 10 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 70% del empleo.
El decálogo
La presión tributaria es el primer punto de este documento. Cepyme considera que la competitividad ha sufrido un importante deterioro debido a que la presión fiscal normalizada en función de la renta es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea (UE).
Para paliar esta situación, proponen, entre otras medidas, disminuir las cotizaciones sociales, que tienen un mayor impacto en las pymes debido a su reducido tamaño y el mayor peso de los costes laborales en sus cuentas o la creación de un marco fiscal que no penalice la competitividad de las empresas españolas respecto a sus homólogas europeas.
También se muestran críticos con las actuaciones del Gobierno en materia de gasto público. Califican de insostenible el “importante incremento del gasto estructural” y que, según Cepyme, se compensa con constantes incrementos impositivos. Así, piden al Ejecutivo un mayor ahorro y el impulso de iniciativas público-privadas que agilizarían los plazos y liberarían los recursos públicos.
Respecto al SMI, los pequeños y medianos empresarios creen que la equiparación al 60% del salario medio nacional no tiene en cuenta la realidad económica y sobrepasa esa proporción en las provincias de la España vaciada. Además, aluden al Estatuto de los Trabajadores para exigir una mayor consideración de las asociaciones empresariales a la hora de fijar el salario mínimo.
Para fomentar el crecimiento empresarial, la confederación propone elevar el tamaño medio de la empresa española hasta igualarlo con el promedio europeo, lo que afirman, permitiría aumentar el PIB un 5,5% y crear más de 1,3 millones de empleos.
Cepyme asegura en su decálogo que faltan profesionales en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación y los proyectos vinculados con la transición ecológica y en los ámbitos de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas vacantes se podrían cubrir potenciando la Formación Profesional, que superó por primera vez el millón de alumnos durante el curso 2021-2022.
Otras medidas de la receta empresarial
Excesiva regulación
Cepyme considera que el exceso de regulación supone un obstáculo para la actividad de las empresas, ya que impacta directamente en la sobre el crecimiento y la productividad. La asociación propone reducir las cargas burocráticas y adecuar las normas de todo nivel a la realidad empresarial española.
Fondos europeos
El reparto de los fondos europeos de recuperación genera preocupación en la organización. Creen que debería mejorarse la transparencia respecto al aprovechamiento real de este capital, además de optimizar los trámites para las empresas interesadas.
Pensiones
Cepyme propone rebajar de forma urgente la “senda iniciada de aumentos de cotizaciones”. Afirman que genera una reducción de la conpetitividad en el tejido empresarial y proponen hacer atractivo el sistema privado de pensiones para garantizar una financiación sostenible.
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