El Gobierno aspira a reforzar con 28.000 millones de la adenda 12 líneas de Perte
El Ejecutivo aprobó este martes el documento para recibir 94.000 millones de la UE. Calviño afirma que el Gobierno tras el 23J tendrá margen para modificar el documento
El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros el documento para solicitar el segundo tramo del Plan de Recuperación europeo. La adenda permitirá movilizar 7.700 millones de euros en transferencias adicionales, en torno a 2.600 millones de euros del programa REPowerEU y hasta 84.000 millones en préstamos blandos.
Con la luz verde, el Ejecutivo remitirá a Bruselas el documento para tratar, por un lado, de reforzar 12 líneas de los programas estratégicos (Perte) ya existentes y, por otro, garantizar los flujos de inversiones en los próximos años. En lo referente a los Perte, Asuntos Económicos afirma que los intensificará con 28.200 millones de euros, de los que más de 17.000 millones provendrán de las nuevas líneas de crédito que traen como novedad esta segunda parte del Plan.
Esa financiación blanda contará con el aval europeo y, por lo tanto, tendrá unas condiciones más favorables de las que España podría obtener en el mercado. El Ejecutivo estima que la financiación será 35 puntos básicos más barata que la que recibiría el Tesoro por su cuenta y los préstsamos se podrán devolver en un periodo de 30 años con 10 de carencia.
Proyectos
El conocido como Perte chip será el programa que contará con un refuero mayor de los 12 que el Ejecutivo prevé mejorar. Las líneas dedicadas a semiconductores contarán con una inversión adicional valorada en 12.000 millones de euros (1.200 millones de euros en transferencias y otros 10.000 millones de euros en préstamos).
Por otro lado, el Perte ERHA, de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento será el que más aumente y se expandirá en casi 5.500 millones (en el proyecto de diciembre eran 10.4295 millones). Al Perte del vehículo eléctrico irán 1.250 millones, hasta alcanzar un total de 4.120. Los demás proyectos a reforzar por el Gobierno son los de la descarbonización industrial (2.270 millones adicionales para sumar un total de 3.170 millones), digitalización del ciclo del agua (3.055 millones hasta 3.458), economía de los cuidados (1.000 millones hasta 1.766 millones), salud de vanguardia (830 millones hasta 1.640 millones), industria agroalimentaria (610 millones hasta 1.357 millones), nueva economía de la lengua (401 millones hasta 725 millones), aeroespacial (340 millones hasta 931 millones), economía circular (600 millones hasta 792 millones) y naval (150 millones).
Gestión de los fondos
La gestión de los fondos se realizarán a través de 12 fondos, ocho de nueva creación y cuatro ya existentes. El dinero se gestionará por entidades públicas, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) o el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como privadas, que ayudarán a digerir los 84.000 millones de préstamos.
La mayor parte de ellos se dividirán entre BEI y el ICO. La institución europea regirá el fondo de inversiones sostenibles de las comunidades autónomas. Según ha detallado el Gobierno, a través de este mecanismo se podrá cubrir inversiones en vivienda para alquiler y regeneración urbana, transporte sostenible, turismo o gestión de agua, entre otras.
La otra gran partida será jugada por el ICO, que pondrá a disposición de las empresas 22.500 millones de euros. Las líneas para empresas y autónomos se dividirán en dos líneas: una de 7.000 millones, dentro de los cuales 1.000 millones se destinarán al sector turístico, para financiar inversión productiva y el resto para empresas que desplieguen energías renovables y mejoren la eficiencia energética.
Margen de cambio
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el próximo Ejecutivo que se conforme tras las elecciones del 23 de julio podrá modificar la adenda para recibir la segunda parte del Plan de Recuperación europeo. La Comisión tiene un plazo de dos meses para revisar el documento, “por tanto si hay que hacer ajustes se pueden hacer tras las elecciones”, afirmó Calviño.
La vicepresidenta defendió la aprobación del documento, cuyo borrador se conoce desde diciembre, antes de las elecciones del 23J: “La fecha límite para solicitar los préstamos terminaba en el mes de agosto y no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones. Por responsabilidad y por no poner en este momento freno a todo el proceso que está en marcha”.
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