CC OO denuncia que el Gobierno renuncia a mejorar los subsidios por desempleo y hará una reforma “ligera”

El sindicato asegura que Hacienda limita los cambios a mejoras de la gestión, sin eliminar requisitos de acceso ni ampliar el cobro, como prometió Díaz

Belén Trincado Aznar

La reforma de pensiones no era la única en materia de protección social a la que se comprometió el Gobierno con Bruselas para el desembolso de los fondos europeos de recuperación. Entre estos compromisos hay también un capítulo –el denominado componente 23– dedicado a las Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. Y dentro de este, se sitúa la simplificación de contratos y el fomento de su estabilidad, algo que ya se incluyó en la reforma laboral, pero también la “simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo” y la “modernización de políticas activas de empleo”.

Sin embargo, según denunció ayer el responsable de protección social del sindicato CC OO, Carlos Bravo, “esa parte del componente 23 está sin desarrollar”. Es más, añadió, que el Gobierno habría renunciado a realizar una reforma en profundidad de la protección a los parados, a pesar de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya se comprometió a mitad de legislatura a reformar los servicios públicos de empleo para ampliar los colectivos protegidos por el desempleo y aumentar el tiempo de cobro de estas ayudas.

Además, según recordó Bravo, hace ahora un año, Díaz volvió a comprometerse a reformular la parte asistencial del sistema de protección por desempleo (los subsidios). Por el contrario, lo que prepara el Ejecutivo “será una reforma muy ligera”, que no eliminará requisitos de acceso a los subsidios ni ampliará su periodo de cobro, concluyó Bravo.

El responsable sindical hizo esta denuncia durante la presentación de un exhaustivo informe sobre El mercado de trabajo y la protección por desempleo en 2022, en el que se pone de manifiesto que los ingresos anuales por cotizaciones por desempleo son, en promedio, 3.059 millones superiores a los gastos en prestaciones contributivas. Esto es así porque con dichos ingresos se costean, además de las prestaciones contributivas, las asistenciales y parte de las políticas activas de empleo (incentivos a la contratación e intermediación).

De hecho, para mejorar y reordenar el sistema por desempleo, tal y como se comprometió Díaz, convendría separar también en esta área las fuentes de financiación y que la parte asistencial y las políticas activas pasaran a costearse con impuestos (en 2022 se destinaron a ambas partidas más de 13.000 millones). Pero esta operación cuenta con el rechazo frontal del Ministerio de Hacienda, que es donde está ahora el borrador normativo sobre la reforma del desempleo que prepara el Gobierno en cumplimiento del componente 23 y que, según los responsables de CC OO, se limitará a alguna mejora de gestión, como acortar periodos de espera o revisar cada tres meses la situación de los demandantes.

En cualquier caso, para Bravo los sistemas de control de estas ayudas son ya más que suficientes y, por lo tanto, rechazó de plano la idea lanzada recientemente por el líder de UGT, Pepe Álvarez, consistente en retirar las prestaciones y subsidios a quienes rechacen una oferta adecuada de empleo.

Para este sindicato, la reforma debería tener tres ejes. El primero consistiría en acometer la citada separación de fuentes de financiación, dejando de costear las ayudas asistenciales (subsidios) y las políticas activas con los ingresos por cotizaciones por desempleo y destinar el dinero que se libere a mejorar las prestaciones contributivas, al tiempo que se reordenen los subsidios (financiados con impuestos) eliminando requisitos de acceso y aumentando su tiempo de cobro.

En segundo lugar, el sindicato exige una reordenación de dichos subsidios junto con el ingreso mínimo vital (orientado a la reinserción laboral) y las rentas mínimas de las comunidades, que se dirijan en mayor medida a colectivos de difícil inclusión social. Y como tercer cambio de esta reforma, CC OO apuesta por reforzar los servicios públicos de empleo, de forma que estos no atiendan solo la gestión de las ayudas, sino que hagan labores de prospección sobre el terreno, detectando las necesidades empresariales de la zona e intermediando entre los parados y las compañías, algo que ahora los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación hacen en menos del 5% de los casos, según el sindicato.

Por otra parte, Bravo exigió al Ejecutivo datos sobre los autónomos que cobran el cese de actividad y sobre el stock de beneficiarios del ingreso mínimo vital, tras denunciar también que carecen de ambas cifras.

Radiografía de los beneficiarios

El informe presentado ayer por CC OO hace una radiografía de la protección por desempleo en España y pone cifras a algunas cuestiones que desmontan algunos mitos como que la mayoría de los desempleados rechazan ofertas de empleo para seguir cobrando las prestaciones y subsidios por desempleo. Así, según este documento, solo el 10% de los parados agota las ayudas a las que tiene derecho, y el 90% restante se incorporan antes al mercado de trabajo, sin agotar su derecho al cobro de estas cantidades. Y esto se produce incluso cuando el periodo medio reconocido de la prestación contributiva es de 13,6 meses, frente a los 24 meses que otorga la ley si se ha cotizado al menos seis años.

Asimismo, de los tres millones de desempleados registrados que existen, 1,35 millones (el 45% de los parados) son de larga duración porque llevan más de un año en el paro; y, de ellos, el 58% no recibe ni prestación ni subsidio, aunque sí puede recibir ayudas autonómicas.

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