La Iglesia tendrá que hacer frente al pago del impuesto municipal de obras y construcciones
El ministro Félix Bolaños asegura que desde hoy “se terminan los privilegios fiscales de la Iglesia católica española”
La Iglesia española dejará de estar exenta del pago del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), según informa a través de un comunicado el ministerio de la Presidencia. Con ello se procederá a la derogación de la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del ministerio de Economía y Hacienda, donde se regula este impuesto en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.
Desde Moncloa se explica que “el acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”.
De esta manera, el nuncio de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, han materializado este miércoles un acuerdo con el Gobierno por el que la Iglesia española renuncia a la exención del ICIO, de carácter municipal.
La Iglesia católica española dejará de ahorrar más de 16 millones de euros tras renunciar a la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el marco de un acuerdo con el Gobierno de España. “Este acuerdo supone que los ayuntamientos, que son los encargados de recaudar estos impuestos tanto el de licencia de obra como las contribuciones especiales, recaudarán más de 16 millones de euros al año; serán ingresos que tendrán los ayuntamientos y entidades locales”, ha explicado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
Así lo ha señalado en una rueda de prensa tras una reunión con el nuncio del Papa en España, Bernardito Aúza, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, el secretario general de la CEE, César García Magán, y el vicesecretario para asuntos económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal.
En este encuentro, que ha tenido lugar en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Exteriores, se ha producido el canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica, por el que se hace efectivo el acuerdo. Bolaños ha enfatizado que con este acuerdo, resultado de “un año de negociación intensa y discreta”, se “terminan los privilegios fiscales de la Iglesia católica española”.
“Desde hoy han terminado los privilegios fiscales para la Iglesia católica en el pago de impuestos”, ha abundado el ministro. En concreto, ha puntualizado que, a partir de ahora, la Iglesia será tratada, en cuanto al pago de tributos, “como cualquier entidad sin ánimo de lucro en España”.
En todo caso, Bolaños ha aclarado que la Iglesia seguirá exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aunque ha puntualizado que en este punto el trato a la Iglesia es “absolutamente equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro”, las cuales tampoco tienen que pagar este impuesto. El ministro de Presidencia ha reconocido que el Gobierno tiene “algunas diferencias” con la Iglesia católica pero ha puesto en el centro lo que les “une”, la búsqueda del “bien común” y ha asegurado que quieren “seguir avanzando unidos mirando por el interés general”. Según han precisado fuentes gubernamentales, el acuerdo afecta a todas las parroquias, edificios de la Conferencia Episcopal, congregaciones religiosas y colegios de estas congregaciones.
Dicha exención, regulada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se deriva del contexto fiscal que la institución eclesial tiene en base a los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado (de 1976 y 1979, posteriores a la muerte de Franco), y era uno de los puntos en los que los obispos españoles estaban más dispuestos a ceder, según indicaron a Servimedia fuentes que acuden a las habituales reuniones que mantienen el Episcopado y el Gobierno Español.
El compromiso a pagar el ICIO también responde a la premisa, repetida desde la CEE, de que la Iglesia quiere pagar los impuestos que le corresponden, sin privilegios, pero tampoco sin discriminación.
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