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Fedea cree que la reforma de las pensiones no devolverá el equilibrio al sistema

Asegura que en 2050 harían falta anualmente recursos equivalentes a 4,5 puntos del PIB

Angel de la Fuente, director de Fedea.
Angel de la Fuente, director de Fedea.Pablo Monge

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) asegura que las medidas recogidas en la reforma de pensiones presentada por el Gobierno serán insuficientes para restablecer el equilibrio del sistema de pensiones, que en 2050 necesitará anualmente recursos equivalentes a 4,5 puntos de PIB.

En un documento publicado este lunes, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, realiza unos primeros cálculos sobre el impacto de la reforma, cuya negociación todavía no se ha cerrado con los sindicatos y que prevé diversas medidas para incrementar los ingresos del sistema.

En su documento, De la Fuente sitúa el coste del desmantelamiento de la reforma de pensiones del PP en una horquilla de entre 3,2 y 4,7 puntos de PIB en términos de gasto adicional a partir de 2050 debido a la supresión del factor de sostenibilidad y la vuelta de la revalorización conforme al IPC.

Sin embargo, los ingresos adicionales previstos en la reforma del Gobierno solo aportarían recursos por alrededor del 0,68 % del PIB, una cifra que podría llegar al 1 % con la reforma de la cotización de los autónomos y los incentivos para prolongar la vida laboral, aunque también habría que sumar nuevos gastos no cuantificado por los complementos de brecha de género o el cambio en pensión inicial.

Así, el informe apunta que todavía quedará por financiar alrededor de 2,5 puntos anuales del PIB, que sumados al déficit inicial (1,3 puntos de PIB) y el aumento esperado de gasto en pensiones hasta 2050 (0,7 puntos de PIB) llevaría el desfase entre ingresos y gastos al 4,5 % del PIB a partir de 2050, una cifra que equivale al 60 % de la recaudación por IRPF.

El informe realiza un cálculo aproximado del impacto de algunas de las medidas de la reforma, como el destope progresivo de la base máxima de cotización, que llevará a que la pensión máxima pase de suponer el 80 % de la base máxima de cotización en 2023 al 60 % en 2050.

Este destope progresivo de la base máxima de cotización elevaría lo recaudado por cotizaciones sociales en un 0,15 % del PIB en 2050, lo que unido a los ingresos extra por la cuota de solidaridad (0,13 % del PIB) situaría los recursos adicionales con estas dos medidas en el 0,28 % del PIB, “solamente una fracción de la cantidad necesaria para eliminar el déficit previsto del sistema”.

Mayor sería el impacto del aumento del tipo del recargo del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que pasará progresivamente del 0,6 % al 1,2 %, lo que permitirá aportar al final del periodo transitorio recursos por el 0,4 % del PIB.

En cuanto a la posibilidad de elegir el periodo sobre el que se calcula la pensión -25 últimos años o los 27 mejores de los 29 últimos-, supondrá un aumento de gasto “difícil de precisar” mientras esté vigente. De aplicarse el periodo ampliado de manera obligatoria, el impacto sería “prácticamente neutro”.

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