El Gobierno fija como tope el 1 de julio de 2024 para que las empresas cotizadas apliquen la ley de paridad
Las entidades de interés público de más de 250 trabajadores y 50 millones de negocio, tendrán hasta 2026 para que la presencia de la mujer alcance el 40%,
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la tramitación de la ley de representación paritaria en los centros de decisión, que implicará la creación de listas cremallera en la ley electoral y la paridad, tanto en el Gobierno como en los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas, en el sector público estatal, en los colegios profesionales y en los jurados de reconocimiento público, así como las entidades de interés público.
El anteproyecto de ley, eleva al 40% la presencia de las mujeres en los consejos de administración. La norma aprobada hoy da el visto bueno a que la dirección de cualquier empresa cotizada, o sociedad de interés público que tenga esta consideración, deba garantizar este requisito, si cuenta con más de 250 trabajadores o 50 millones de volumen de negocio anual o un activo superior a 43 millones.
Para lograrlo, deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de la disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo.
Las compañías cotizadas tendrán que tener lista la puesta en marcha de la norma antes del 1 de julio de 2024, mientras que para las entidades de interés público, el Ejecutivo deja dos años más para su aplicación, en concreto, hasta julio de 2026.
Afecta a 165 entidades de interés público
Para alcanzar a un mayor número de empresas y seguir avanzando en la consecución de los objetivos de igualdad, las entidades de interés público definidas, según la Ley de Auditoría, como las entidades emisoras de valores sujetos a cotización, las entidades de crédito y aseguradoras sujetas a supervisión del Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros, deberán garantizar este requisito.
Del total de 1.700 entidades de interés público existentes, con los requisitos fijados de trabajadores y volumen de negocio, estarían afectadas un total de 165 entidades.
De esta manera, España traspone la directiva europea relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas, que establece medidas dirigidas a acelerar el progreso hacia el equilibrio de género en toda la UE.
Durante su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, valoró la norma al señalar que sitúa a España como uno de los países más avanzados en igualdad de género. “Pasamos de recomendaciones y buenas prácticas a establecer obligaciones que permitan alcanzar la igualdad de género efectiva en ámbitos de decisión política y económica”, dijo la vicepresidenta.
Ha puntualizado que la futura ley establecerá que los gobiernos deberán regirse por el principio de “presencia equilibrada” de mujeres y hombres. “Se dispone que el Gobierno de España también tendrá que regirse por el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, un principio que cumple con creces nuestro Gobierno, pero que no puede depender de la discrecionalidad del presidente o presidenta del Gobierno, en cada caso”, ha subrayado.
Régimen sancionador
A través de la modificación de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, se impondrán sanciones a aquellas entidades cotizadas que vulneren las obligaciones, en materia de igualdad de género en los consejos de administración.
La falta de inclusión en la memoria de la información relativa a la igualdad de género en los puestos de alta dirección también será sancionada, así como cuando dicha información se presente de forma incompleta o aportando datos falsos.
Para el resto de los casos, es decir, entidades de interés público grandes, consejos generales y colegios profesionales, el anteproyecto de ley establece que si no se cumplen el umbral del 40% deberán justificar los motivos y adoptar medidas para lograrlo.
Cambio en la ley electoral
Según señala el ministerio de la Presidencia mediante una nota de prensa, la nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en el ámbito político. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las listas cremallera (candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa) en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.
También traslada al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, el principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.
Y en el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.
Visualizar la realidad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó este fin de semana que “si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder empresarial” tiene que visualizarse. El lunes explicó la importancia de esta nueva norma, “llamada a extender la paridad a todos los ámbitos” y que impulsa la presencia de las mujeres en puestos de dirección de las grandes empresas o de los colegios profesionales.
El presidente valoró los pasos dados en las últimas décadas en esta línea por los gobiernos progresistas, que se ha traducido en que en cuatro décadas se haya multiplicado por 14 la presencia de la mujer en el Consejo de Ministros y por 7 el número de diputadas en el Congreso.
El actual Ejecutivo de coalición alcanza el 60%, con las tres vicepresidencias ocupadas por mujeres. El presidente Sánchez se refirió este fin de semana a que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), si el peso de las mujeres en las instituciones se elevara, el PIB podría elevarse entre un 15% y un 20%.
En el caso de los consejos de administración de las compañías cotizadas, actualmente la presencia de mujeres se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección, excluidas altas directivas consejeras. Pero aún están por debajo de la recomendación del 40% dada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para mejorar la diversidad de género en los consejos de las empresas.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que la Ley de Paridad es “del Gobierno”, a pesar de que su Departamento no ha participado en la redacción del anteproyecto aprobado este martes en primera vuelta por el Consejo de Ministros. “Es una ley del Gobierno, creo que es importante que las mujeres podamos romper los techos de cristal, pero lo más importante es que todas las mujeres puedan despegarse de los suelos pegajosos”, ha manifestado Montero en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.
Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, admitió este lunes que la paridad le “gusta” y es una normativa que va por el “buen camino”. El líder del PP ha criticado que el jefe del Ejecutivo presente la ley de paridad como una novedad cuando, según ha dicho, es una directiva europea que impulsó el Partido Popular Europeo (PPE) y que ahora deben trasponer los Estados. En este sentido, ha subrayado que “lo único” que va a hacer el Ejecutivo es “cumplir con su obligación” de trasponer esa directiva europea.
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