El bitcoin deja de ser moneda de curso legal en El Salvador: ¿Es el fin de un criptoestado?
Su aceptación como forma de pago pasa de ser obligatoria a voluntaria y no se podrá utilizar para pagar impuestos. Pese al acuerdo con el FMI, el gobierno de Bukele ha intensificado la compra de este activo para las reservas
El 30 y 31 de enero San Salvador se llenó de bitcoiners. La capital de El Salvador acogió en esos días el Plan ₿ Forum, un evento que reúne a empresarios, especialistas en tecnología y profesionales cripto. Casi todas las conferencias se centraban en un único tema: el bitcoin. Para la ocasión, organizaron un espectáculo de drones que proyectaban la famosa ₿ en el cielo nocturno de la capital del país centroamericano. “Bienvenidos al país del bitcoin”, anunció Milena Mayorga, la embajadora del país en Estados Unidos, en la inauguración de la conferencia. Lo dijo tan solo un día después de que el Parlamento salvadoreño —controlado por el oficialismo— reformara la ley bitcoin y dejara de reconocerlo como moneda de curso legal para cumplir con los requisitos impuestos por el FMI, que puso esta condición a cambio de conceder un crédito de 1.400 millones de dólares que el presidente Nayib Bukele necesitaba con urgencia.
La reforma de la ley, en vigor desde el 7 de septiembre de 2021, se hizo casi corriendo —tenían como límite el último día de enero para reformarla si pretendían recibir el dinero— y silenciosamente, sin grandes anuncios. Los diputados modificaron seis artículos y derogaron otros tres: desde su aprobación, el bitcoin no se considera una “moneda” y ya no es de curso legal. Es decir, que si antes las empresas y las instituciones públicas estaban obligadas a recibirla como forma de pago, ahora su aceptación es voluntaria. Tampoco se podrá utilizar para pagar impuestos. Estas modificaciones han sido esenciales para desbloquear el préstamo, tras el acuerdo al que llegaron el 18 de diciembre de 2024, destinado a reforzar las reservas bancarias, la sostenibilidad fiscal y las perspectivas de crecimiento del país. El gobierno salvadoreño se ha comprometido también en reducir el déficit presupuestario en 3,5 puntos porcentuales del PIB durante tres años.
El Salvador pasó a la historia por ser el primer país en otorgar al bitcoin el estatus de moneda de curso legal (y el primero también en abandonarla). La decisión, inédita y sin precedentes, obstaculizó desde el principio el diálogo entre el gobierno y el organismo internacional. En particular, alertaba sobre los riesgos de estabilidad financiera, ya que bancos y otras instituciones podrían verse expuestas a las fluctuaciones de precio de los criptoactivos; y sobre la integridad financiera, puesto que estos activos podrían ser la puerta de entrada de fondos ilícitos, destinados a financiar terrorismo, promover evasión de impuestos y el lavado de dinero.
Pese a que la reforma se adoptó a regañadientes, lo cierto es que la bitcoinización de El Salvador nunca llegó a despegar. David Argente, profesor de economía en la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale y coautor del paper Are Cryptocurrencies Currencies? Bitcoin as Legal Tender in El Salvador (2022), asegura que la criptomoneda no fue adoptada masivamente como medio de pago, los pagos digitales fueron escasos y concentrados, y el uso de la billetera digital Chivo (que permite a los usuarios comerciar con bitcoin y dólares) fue bajo. “La mayoría de las descargas ocurrieron justo después del lanzamiento de la aplicación, pero desde entonces, la adopción y las remesas a través de Chivo han disminuido”.
Según el informe, lo que empujó a los usuarios a hacerse con la aplicación fue un bono de 30 dólares prometido por el gobierno para quien la descargara. Solo el 20% de los encuestados por los autores continuó a utilizar esta billetera después de gastarlo, y principalmente para transacciones en dólares. Menos del 10% siguieron usándolo para realizar transacciones en bitcoin. El principal escollo, según el experto, no han sido ni las altas tarifas de transacción ni la volatilidad, sino las preocupaciones sobre privacidad y transparencia. “Muchos usuarios no comprendieron ni confiaron en el sistema”, recalca.
La experiencia de El Salvador con el bitcoin fue más breve de lo que Bukele se esperaba. Pero, ¿es el fin definitivo del criptoestado? Los analistas debaten sobre este escenario. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, es el más crítico con el experimento de este país centroamericano y aplaude la reforma, ya que envía un mensaje positivo a la comunidad financiera internacional. “Devuelve al país a una ortodoxia sana... Eso sí, le pega un golpe de muerte al criptoestado”, zanja.
Argente, en cambio, lo duda. El país sigue mostrando un fuerte compromiso con la comunidad cripto con iniciativas como la enseñanza de bitcoin en las escuelas públicas, la compra continua de este activo por parte del gobierno y los apoyos regulatorios para que empresas como Tether trasladen su sede al país, recuerda. La empresa emisora de la stablecoin más popular (USDT), y quizás más controvertida por su pasado opaco, anunció a mediados de enero que mueve sus oficinas a El Salvador tras obtener la licencia local de emisor de criptoactivos (en cambio, no puede operar en Europa ya que no cumple con los requisitos de MiCA).
Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y del Centro de Estudios de Política Europea, asegura que El Salvador seguirá siendo un criptoestado y que la aceptación de las condiciones del FMI es más una cuestión de forma que de fondo, puesto que el país sigue persiguiendo la importancia de bitcoin para su sistema financiero. “En particular como reserva estratégica, que es lo que más me preocupa para la estabilidad financiera”, advierte. A lo largo de los años, el gobierno salvadoreño ha mantenido su compromiso de adquirir un bitcoin al día. No obstante, últimamente ha intensificado su ritmo de compra y en momentos precisos: unos días después del acuerdo con el FMI adquirió 11 bitcoin, y sumó otros 30 en el último mes, en lo que parece ser un intento de desafiar al organismo internacional.
El FMI, de hecho, en ningún momento se ha referido a la reserva estratégica. En el acuerdo, solo se habla de mitigar los riesgos relacionados con bitcoin y que su aceptación “por el sector privado será voluntaria y la participación del sector público en actividades relacionadas con bitcoin será delimitada”. Eso incluye la prohibición de pagar impuestos con bitcoin y la reducción de la participación del gobierno en la billetera Chivo. Para Arnal se trata de una decisión puramente política y le cuesta creer que no haya sido un tema llamativo para la institución. “Los técnicos del FMI tienen que rendir cuentas ante el board del organismo donde están sentados los accionistas. En un contexto en el que EE UU, que es el principal, está estudiando crear una reserva estratégica de activos digitales, entiendo que hayan decidido no herir sensibilidades y que quizás era un tema políticamente complejo”, asevera.
Tampoco descarta que el FMI haya forzado la reforma de esta ley con el doble objetivo de disuadir a otros países que se planteen repetir esta experiencia. Ya tienen el ejemplo de El Salvador: si necesitaran apoyo financiero del organismo, es posible que se le exija abandonar al bitcoin.